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El Ministro Matías Kulfas es economista egresado de la Universidad de Buenos Aires y Magíster en Economía Política, por FLACSO. Por caso, en la función pública se desempeñó como Subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, Director del Banco de la Nación Argentina y Gerente General del Banco Central de la República Argentina.
El pasado 2 de junio, la cartera bajo su dirección envió al congreso un proyecto de Ley para la creación de un nuevo marco normativo que regule la cadena de producción, la industrialización y la comercialización de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados para uso industrial y/o medicinal.
El proyecto de Ley enviado al Congreso tiene por objeto “establecer el marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial; promoviendo así el desarrollo nacional de la cadena productiva sectorial”.
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Aunque no legaliza el autocultivo, el proyecto prevé un marco de inserción para las Cooperativas y Asociaciones Civiles que forman parte del movimiento cannábico en Argentina y representa un avance histórico en el nacimiento de una industria nacional y en la legitimación de la planta ante la opinión pública, abriendo paso a la radicación de inversiones productivas en las economías regionales del interior del país.
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Además, el proyecto promoverá la creación de la “Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME)” la cual tendrá a su cargo “la regulación y fiscalización de la actividad productiva de la industria del cannabis, su comercialización y distribución, para uso medicinal e industrial en el territorio nacional, en todo lo referente al registro, control y trazabilidad de semillas, insumos críticos y productos derivados del cannabis, en el marco de un proceso industrial debidamente autorizado (…)”.
Según adelantó el Ministro a El Planteo, la Agencia estará en la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo y tendrá participación de distintas dependencias en su directorio (Salud, Ciencia y Tecnología, Agricultura y Seguridad) “en pos de coordinar y eficientizar todas las acciones para que esta industria se desarrolle”.
Kulfas sostiene que el proyecto enviado al Congreso “propone un marco regulatorio para que las inversiones puedan desarrollarse con un control y fiscalización por parte del Estado Nacional mediante la creación de la ARICCAME”.
“La ARICCAME tendrá como tarea principal otorgar las autorizaciones para producir, comercializar y exportar”, agregó el Ministro.
Dicha Agencia “expedirá las autorizaciones administrativas que permitan la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición, por cualquier título de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados con fines medicinales o industriales”, según consta en el artículo 7 del documento enviado al Congreso.
“Lo más importante y urgente es contar con el nuevo marco regulatorio, para que el sector pueda crecer sin las trabas y limitaciones que establece la Ley 27.350”, sumó Kulfas.
El Ministro destaca los beneficios que traerá la Ley para las economías regionales, sobre todo para favorecer la incorporación de valor a la producción agropecuaria, al paso que pondera experiencias regionales como en el caso de Jujuy, La Rioja o San Juan.
Considera que proyectos de este tipo permiten “pensar en entramados productivos vinculados al cannabis, desde insumos, genética, tecnología hasta subproductos finales”.
Y agrega que “son actividades que podrían concentrarse territorialmente, ya que hay al menos 200 productos vinculados a la cadena productiva”.
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Kulfas advierte que el crecimiento de la industria a nivel nacional “va a permitir que haya mayor una oferta regulada, y de mayor calidad, dada la trazabilidad que tendrá el producto, en pos de garantizar el derecho al acceso a la salud”, y agrega que este “es uno de los objetivos principales de la ley”.
En el otorgamiento de las autorizaciones mencionadas, la flamante ARICCAME tendrá “especial consideración hacia aquellas solicitudes orientadas a contribuir al desarrollo de las economías regionales y promover la actividad de cooperativas y de pequeñas y medianas empresas productoras agrícolas atendiendo, asimismo, la inclusión de la perspectiva de género y diversidad en su otorgamiento”.
Con el objetivo de estipular la participación de la economía popular del cannabis y prevenir la concentración del mercado el proyecto de ley prevé que en su reglamentación se promuevan “acciones específicas de coordinación” que involucren al Instituto Nacional de Asociativismo y Economia Social (INAES), un organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo, y estén “orientadas a la adecuación de dichas organizaciones de la sociedad civil en el marco de la actividad cooperativa y de los pequeños productores y las pequeñas productoras en la cadena productiva de plantas de cannabis mediante trámites especiales en las autorizaciones, tasas sociales para el acceso, apoyos técnicos, entre otras formas de acompañamiento”.
Según el proyecto de Ley, el INAES dictará las normas de habilitación e inscripción de cooperativas que se dediquen a “la producción de plantas de cannabis para los usos autorizados legalmente”. Mientras que la ARICCAME “podrá otorgar licencias y permisos que simplifiquen los trámites y que combinen una o más actividades o etapas de las previstas precedentemente, siempre que se cumplan con los requerimientos establecidos”.
El proyecto estipula que en la reglamentación de la Ley se deberá establecer un programa especial de adecuación de la norma a emprendimientos “de organizaciones de la sociedad civil con fines de bien común que han desarrollado especiales saberes, conocimientos y experiencias acerca de los diversos usos medicinales, terapéuticos y paliativos de la planta de cannabis” con el objetivo de insertar a los pequeños productorxs.
El Ministro explica que la inclusión de este apartado no fue casual.
“Incluimos expresamente en la ley que habrá una contemplación especial para las autorizaciones solicitadas por cooperativas y PyMES. No queremos una industria concentrada. No queremos excluir la participación de nadie, estamos convencidos de que hay espacio para distintos tipos y tamaños de empresas y que podemos planificar un desarrollo armonioso e innovador. Argentina es un país con trayectoria científica, innovadora y emprendedora, por lo que estamos convencidos de que podremos competir en el mundo con productos de alto valor agregado y conocimiento, tanto en los derivados como en el desarrollo genético. Confiamos mucho en la iniciativa y el conocimiento de las pymes y de los emprendedores”, afirma Kulfas.
Consultado al respecto de las políticas públicas que podrían impulsar al cannabis en la Argentina, Kulfas destacó que desde el Ministerio de Desarrollo Productivo pretenden realizar acciones concretas “como asistencia técnica y políticas de financiamiento para acompañar a los distintos actores de la cadena, sobre todo a las ONGs, cooperativas, pequeños emprendimientos y PYMES, con apoyo del INAES la SEPYME y otras áreas del Ministerio de Desarrollo Productivo”.
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Kulfas resalta la experiencia de varios países donde las empresas de cannabis no pueden operar, dadas las restricciones bancarias y explica que un área fundamental en la que se encuentra trabajando el Ministerio es generar el marco para que el sector pueda acceder al financiamiento.
“Para evitar eso venimos teniendo conversaciones con el Banco Central, la AFIP, los bancos públicos, entre otros. Luego de ello, desde el Ministerio apostamos a políticas de financiamiento, asistencia técnica, desarrollo de proveedores y apoyo a la investigación, desarrollo e innovación vinculada al sector”, aclaró el Ministro.
Y, de hecho, el proyecto enviado al Congreso, llama a dictar normativas conjuntas y/o realizar convenios de cooperación, actuando de manera articulada con el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la Administracion Federal de Ingresos Públicos, la Inspección General de Justicia y la Unidad de Información Financiera (entre otros entes públicos), para establecer “normas complementarias orientadas a armonizar” (…) “las regulaciones de las actividades financiera, bancaria, del mercado de capitales, bursátil, de prevención de lavado de activos, de seguros y/o aspectos conexos”.
La emergencia de la industria cannabica en la Argentina puede aportar a saldar la histórica contradicción entre el agro y la industria, mediante políticas de cannabis que promuevan eslabones eficientes de su cadena de valor, que incorporen capital y conocimientos a la explotación de recursos naturales y la producción agropecuaria.
Con respecto al segmento cáñamo, una variedad de cannabis con una amplia gama de usos industriales, el proyecto encomienda a la ARICCAME “a disponer un régimen diferencial para expedir las autorizaciones previstas en este artículo con relación al cáñamo industrial y/u hortícola no destinado a la producción de derivados para uso medicinal, terapéutico o paliativo, teniendo en cuenta las características específicas de dicho sector industrial”.
En tanto a la producción nacional de semillas de cannabis, un aspecto fundamental en la innovación productiva del sector, el proyecto de ley promueve que el Instituto Nacional de Semillas (INASE) regule las condiciones de producción, difusión, manejo y acondicionamiento de los órganos de propagación de esta especie, que permitan la trazabilidad de los productos vegetales.
De forma coordinada con ARICCAME, el INASE creará un plan especial de registración excepcional y extraordinario por el plazo que fije oportunamente la Reglamentación, a los fines de que los poseedores o las poseedoras de simientes “puedan proteger la propiedad de las creaciones fitogenéticas de su autoría, a través de su registración”, lo cual puede resultar en el puntapié inicial de una industria nacional del cannabis con valor endógeno generado a través de la trazabilidad y la certificación oficial de los productos nacionales.
A largo plazo, el Ministro cree que el cannabis “es un sector que tiene gran potencial de crecimiento. Apostamos a crear 10.000 empleos de acá a 5 años, US$50 millones de dólares de exportaciones por año y ventas al mercado interno por US$500 millones”. Y aclara que “estas proyecciones están basadas en un escenario conservador, por lo que es probable que la dinámica del sector supere ampliamente estas perspectivas”.
En este sentido, el Ministro entiende que el cannabis puede ser un espacio productivo de mayor densidad tecnológica que promueva el upgrading de ramas tradicionales.
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Y afirma: “Esa es una de las facetas que más nos interesa del sector. Al ser un sector ‘nuevo’ en términos productivos, hay muchísimo para innovar y desarrollar. Por eso queremos que Argentina pueda participar de la cadena. Queremos ser productores de cannabis y cáñamo y sus derivados, pero también líderes en biotecnología, insumos de alto valor agregado y servicios para la producción”.
Aún cuando el proyecto no termina con la persecución penal de muchos productores nacionales de cannabis, permite la formalización de emprendimientos productivos que podrían contribuir a la diversificación productiva de estas regiones y a su desarrollo. Además, asume un abordaje comprensivo de las condiciones de estos emprendimientos, al contemplar la diagramación de un régimen especial para el cáñamo industrial y la participación de emprendimientos de la economía popular mediante el INAES.
Un avance fundamental sería la incorporación de la figura del productor nacional de cannabis y su formalización, entre los objetivos. Y tender marcos regulatorios que permitan la explotación del cannabis industrial, tanto para el mercado nacional, como para exportación.
El Proyecto pretende establecer “normas regulatorias que recepten las mejores prácticas en materia de plantación y cultivo, con sujeción a estándares y certificaciones de calidad a los que deberán ajustarse los sujetos autorizados para el mercado interno y externo”.
Una estrategia posible para alcanzar este objetivo sería establecer bandas de explotación del cannabis para el registro de productores y empresas, según la extensión de su cultivo y la fase productiva en la que se encuentren. Así, un sistema de bandas podría prevenir la concentración del mercado nacional de cannabis, estimular su diversificación regional y evitar el solapamiento de cultivos de variedades de cannabis diferentes que pueden revertir en la polinización no deseada de los mismos.
Para el cannabis destinado a exportación podría procurarse la armonización con las regulaciones internacionales más representativas de la industria, aunque para el cannabis destinado al mercado interno, la ARICCAME podría procurar un régimen de certificación agroecológica nacional accesible al pequeño productor de cannabis.
Según el proyecto de ley, en su reglamentación, se deberá contemplar distintas categorías de autorizaciones administrativas sobre la base de criterios objetivos que deberá cumplimentar el o la peticionante, vinculados a las diversas modalidades productivas y a las actividades a desarrollar. “A tales efectos, la reglamentación deberá estipular autorizaciones con respecto a las distintas etapas y actividades del proceso productivo, con el objetivo de garantizar un control adecuado y efectivo de cada una de esas etapas, como así también de la trazabilidad integral de la cadena”.
El sistema de trazabilidad nacional implementado por la ARICCAME será fundamental para darle a la industria nacional de cannabis un prestigio de dimensiones internacionales. Al mismo tiempo debería ser accesible y servir a la mejora de los procesos productivos, como herramienta de información pública, al servicio del productor nacional.
Al funcionar de modo abierto, el sistema podría garantizar el acceso a los productores nacionales de cannabis y universidades nacionales a información clave para la investigación científica y tecnológica de la biología, bioquímica, microbiología, bioinformática, biología molecular e ingeniería genética, para la generación de circuitos innovativos de cannabis en las distintas regiones del país, como sugiere esta investigación de la Universidad de la República de Uruguay.
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Respecto de las semillas de porro nacional, insumo fundamental para un desarrollo local independiente de las licencias de uso de propiedad intelectual, el INASE, debería otorgar un plazo amplísimo o un sistema flexible, que permita la inscripción de semillas nacionales nuevas, dada la importancia del patentamiento de las mismas y de la centralidad de los regímenes de propiedad intelectual en la industria del cannabis nivel mundial.
Por último, el proyecto podría contribuir a articular un régimen de estímulo financiero del cannabis que contribuya al desarrollo regional, promoviendo la creación de líneas de crédito e iniciativas público-privadas para la incubación de emprendimientos productivos e innovadores en cooperativas, asociaciones civiles y movimientos de la economía popular.
Portada: argentina.gob.ar, CC BY 4.0, vía Wikimedia Commons
Fotos: Villa Clara por Lelen Ruete