Yamandú Presidente: ¿Qué Puede Pasar con el Cannabis en Uruguay con la Vuelta del Frente Amplio?

Pasaron más de 10 años desde la legislación de cannabis de uso adulto en la República Oriental del Uruguay. “Alguien tiene que ser el primero”, sacudió el entonces presidente José “Pepe” Mujica, en 2012, cuando se debatía la posibilidad de legalizar el mercado de cannabis. Unos meses después, para diciembre de 2013, Uruguay se convertía en el primer país en el mundo legalizar la venta y el cultivo de cannabis.

Asimismo, aunque pionera, la Ley 19.172 fue teniendo distintos devenires. Después de algunas irregularidades, polémicas y discusiones, fundamentalmente vinculadas a la administración saliente, la vuelta del Frente Amplio, una coalición de gobierno de arraigo progresista y responsable de aquella ley, podría traer consigo nuevas afinidades respecto a las normativas del cannabis.

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Con esta nueva configuración política, flotan algunas preguntas posibles: ¿qué puede pasar, ahora, con el cannabis en Uruguay? ¿El Frente Amplio le dará algún tipo de prioridad al cannabis? ¿El flamante presidente Yamandú Orsi tiene una posición tomada al respecto?

¿Un modelo empresarial o un derecho para usuarios y pacientes?

La gestión de Luis Lacalle Pou le dio una “visión empresarial a la marihuana”, afirma el periodista Camilo Salvetti a El Planteo.

Según datos oficiales del Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCCA), en Uruguay hay 3 licencias aprobadas para cultivo psicoactivo de uso adulto, unas 15 para cultivo de uso medicinal, 40 farmacias registradas, 71.843 adquirientes, 11.708 autocultivadores, 410 clubes y 13.687 miembros de clubes.

“En Uruguay tenemos 3 formas de acceder al cannabis: comprando en farmacias, en un club cannábico o registrándote como autocultivador, que te limita la cantidad de plantas”, cuenta Salvetti.

Por caso, la marihuana de las farmacias se consigue vía 3 empresas, que son las que ganaron las licitaciones para plantar, producir y trasladar la marihuana. “El chiste es que esa marihuana no pega”, identifica el periodista. “El gobierno atendió el reclamo de las empresas productoras y flexibilizó la cantidad de THC que puede tener la marihuana en farmacias”.

Mientas tanto, aquel escenario provocó asperezas entre los clubes cannábicos y las empresas. “Las empresas denunciaban que los clubes cannábicos no eran fiscalizados como correspondía y se generó un mercado gris. Creo que si bien pueden ser más los usuarios registrados en farmacias, son los miembros de los clubes los que están participando, comprando y moviendo el dinero”, continúa el periodista.

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Al mismo tiempo, durante los últimos años se vio un aumento en los años de cárcel por “microtráfico”, con penas y condenas “más duras” por “cantidades ínfimas” de marihuana. “El nuevo gobierno debería repensar la política en torno a la marihuana y decidir si la hace en función de las empresas que plantan marihuana estatal o en función de la gente”, apunta Salvetti.

Cambios en el derecho cannábico

“Cuando ganó ‘la derecha’, allá en 2020, hubo un cambio significativo en lo que es la perspectiva del derecho cannábico”, identifica Rosina Yemini, activista, docente de biología y fundadora de Cultivando Clubes, un espacio de asesoramiento para la creación y gestión de clubes.

Ese cambio, asegura Yemini, no tuvo que ver con la “ley madre” de 2013, sino con modificaciones en la estructura de cómo se juzga a los usuarios que terminó con un aumento en la criminalización del rubro y una profundización de los grises normativos. “Hoy tenemos un gran número de cultivadores presos”, embiste Yemini.

Con respecto a la llegada del Frente Amplio al poder, Yemini espera que el gobierno de Orsi atienda esa discusión ya que “el nuevo gobierno podría cambiar la perspectiva del derecho frente a los usuarios y los trabajadores del cannabis”.

Y, al mismo tiempo, anhela que las autoridades del IRCCA sean “receptivas para recibir al activismo para participar en la elaboración de normativas”.

El consenso sobre el cannabis en Uruguay

La verdad que flota en el ecosistema cannábico uruguayo es que la regulación del mercado tiene un amplio consenso político. No existen, salvo excepciones, propuestas concretas para dar marcha atrás o para revertir el esquema de legalización en Uruguay.

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“Hoy, el cannabis puede ser considerado una política de Estado, que ya integró de manera muy estable el repertorio de políticas públicas uruguayas y a la realidad social”, aporta Diego Olivera, senador suplente, coordinador de “seguridad pública” del Frente Amplio, secretario general de drogas de la Secretaría Nacional y presidente del IRCCA.

Las políticas y normativas referidas al cannabis han sido aceptadas por la sociedad uruguaya como un avance y, por estos días, no mantiene ninguna tranca sociocultural realmente gravitante.

“En términos comparativos, somos un país bastante progresista en lo social. Y eso tiene que ver con nuestra historia política y esto lo vemos como parte de esa forma de ser y de entender la relación entre el Estado y las libertades individuales”, dice Olivera.

En lo formal, Olivera no advierte una “regresión” en las regulaciones de cannabis: “Mi visión es que fue una estrategia de mantenimiento, de administración de lo que hay”, dice.

Sin embargo, identifica un “momento inicial” en el que algunos sectores de gobierno vinculados a la política de seguridad “quisieron que la policía tuviera una intervención mucho más directa en el control de la economía legal de la marihuana, en detrimento del IRCCA, que es un instituto civil”.

En sus palabras: “Eso generó una gran discusión porque era un cambio de paradigma muy importante. Era un cierto retorno a la criminalización del cannabis. Y eso se paró. Tanto la izquierda como la coalición de centro-derecha se opusieron. Tampoco existió una estrategia de ampliación de la regulación o de la flexibilización de la estructura regulatoria, que pueda considerarse rígida”.

“Al principio del gobierno se destrabó alguna cuestión burocrática para facilitar las exportaciones de cannabis medicinal, es cierto. Pero no hubo ninguna modificación de fondo”, concluye Olivera.

Las propuestas del Frente Amplio en materia cannábica

En las bases programáticas del próximo gobierno del Frente Amplio existen menciones a la profundización de la estrategia de regulación del mercado de cannabis.

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Algunos tópicos para seguir de cerca: el impulso de una posible promoción del turismo cannábico, que podría promover una importante entrada de dinero e inversiones para el país; el reordenamiento de las penas por microtráfico; los limitantes de los clubes cannábicos y la posibilidad de empezar a admitir a nuevos miembros; los obstáculos que deben sortear los usuarios para conseguir cannabis por vía legal; la falta de acceso de puntos de venta; el volumen de la demanda con respecto a la oferta; las nuevas formas de complementar el mercado; y cuál es el camino para fortalecer a la Secretaría Nacional de Drogas para que los uruguayos puedan acceder legalmente a la marihuana sin problemas y, en consecuencia, implementar políticas de reducción de daños.

“Hay mucha tarea para hacer. El desafío de la política y de la propuesta del Frente Amplio es que todos los usuarios de cannabis tengan la posibilidad de acceder por las vías legales”, cierra Olivera a propósito de las definiciones formales de su partido.

Portada: Foto por Marcelo Cúneo, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons, editada en Canva por El Planteo