Argentina: Neuquén Debate el Autocultivo de Cannabis y Busca Promover un Proyecto Doméstico
“Este proyecto es bastante innovador”, advierte Natalia Hormazabal, concejala del PTS en el Frente de Izquierda de Neuquén y abogada especializada en derechos humanos. Durante estos días, la comisión de Acción Social está debatiendo una ordenanza municipal para promover el autocultivo. “Es necesario establecer un marco local para la discusión”.
Si bien Neuquén adhirió a la Ley Nacional 27.350 y a la provincial 3279, la propuesta de Hormazabal es previa a la reglamentación y tiene como pretensión “otorgar un campo más amplio”.
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“La ilegalidad en que se encuentran inmersos los cultivadores particulares y los cultivadores solidarios y la dificultad para muchos profesionales son algunos de los muchos escollos dentro de la realidad. Poner en discusión el debate del autocultivo es una necesidad. Es el primer objetivo”, dice.
Y continúa: “A partir de este proyecto de regulación de cannabis terapéutico, buscamos la legalización del cannabis en todos sus usos. Hay que dar el debate”.
Discusión municipal
Durante marzo, distintas voces participaron del debate dentro de la comisión de Acción Social. Se habló de encuestas, personas, usos, ilegalidad, marcos y punitivismo.
“Desde distintos bloques nos empezaron a plantear que ésta no era una discusión para el ámbito municipal. Nosotros entendemos que sí”, aclara.
—¿En qué sentido decís que amplía a la Ley Nacional y por qué es necesaria una mirada doméstica?
—Por tres cosas. Primero, agregamos la creación de un Consejo Consultivo con la participación de todas las organizaciones cannábicas. En la Ley Nacional sólo se contemplan las que tienen personería jurídica. Intentamos tomar la sensibilidad de las asociaciones que quieren formar parte del debate. Promovemos la creación de un banco de semillas local, con acceso a los usuarios y personas que se registren. Que permita analizar sus semillas. Y, además, bancamos la inclusión de un sujeto que quedó por fuera de la Ley Nacional: las mascotas. Por eso hemos escuchado a veterinarios y proteccionistas.
Abordaje 360°
Para garantizar una mirada plural, en la discusión de la comisión de Acción Social participaron representantes de distintas organizaciones, cultivadores, profesionales de la medicina, veterinarios, abogados y psiquiatras. “Se le dio cierta jerarquía”, desliza Hormazabal.
—¿Quién proveerá las semillas?
—Como punto importante estará el registro de cultivadores, para cultivo personal y cultivo solidario. Creemos que tiene que tener mucho peso y que las personas que quieran llevar adelante el cultivo puedan registrarse. Nos parece un tema central para: poder tener el producto, poder avanzar en el marco de las terapias y poder dotar de legalidad a los cultivadores. En Neuquén no hay presos por cultivar, pero sí hay personas que tienen causas. La punición esta a la orden del día.
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De fondo, Hormazabal plantea el problema de la ilegalidad y las carencias y los grises de un mercado desregulado. “El escollo de la ilegalidad impide saber cuántos pacientes pueden acceder a estas terapias. Pero son miles los que las necesitan”.
—¿Cuál es el rol del Estado en el autocultivo?
—El rol concreto es quitar prohibición y penalización. La cuestión del registro es un modo de regular. Permitir el cultivo para sí y para otros, para quienes quieran estudiar y permitir la investigación. El banco de semillas permitiría saber la calidad de las cepas. Hoy se confía en los productos, pero no hay posibilidades de generalización y masividad. El Estado tiene que permitir el control de los productos que circulan. Hoy es más fácil conseguir un ungüento de una feria que tener un producto de calidad. Todo esto, que es valioso, se hace en un marco de mucha peligrosidad.
Interés sanitario
Por tanto, este proyecto de ordenanza municipal –y el debate que carga en sus espaldas- aboga para que el Estado declare de interés sanitario al cultivo de cannabis.
“El problema es que no hay un marco. No es lo mismo el cultivo en la Patagonia que en Córdoba, que tiene un clima distinto. Para acompañar los perfiles de cultivo y toda esa información hace falta infraestructura”.
Durante las próximas semanas, el proyecto de Hormazabal seguirá debatiéndose en comisión y buscará lograr 5 firmas de bloques distintos para que llegue al recinto. Luego, de suceder, tomará estado parlamentario y, eventualmente, podría votarse un mes más tarde.
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“Aunque termine siendo algo declamativo, consideramos que es importante. Es un modo de poner en el centro a todos aquellos que vienen dando una pelea, a todas las familias y usuarios. Los cultivadores hacen una tarea de mucha soledad y muy desprotegidos”, revuelve la concejala.
—Igualmente, ¿considerás a la Ley Nacional como un avance en materia de derechos?
—Sí, por supuesto. La Ley Nacional potenció el debate. A nivel provincial, no hubo. Se presentó adhesión y salió, pero creo que la ley y su reglamentación potenciaron el debate municipal.
Fotos: cortesía de Natalia Hormazabal
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