Bebés con Abstinencia y las Maternidades que Nadie Quiere Contar

Cada vez más bebés nacen en Argentina y en el mundo con Síndrome de Abstinencia Neonatal (SAN), un conjunto de síntomas que aparecen cuando un recién nacido estuvo expuesto durante el embarazo a drogas o medicamentos adictivos, y al nacer ya no recibe esas sustancias. Los casos se multiplican en las salas de neonatología: convulsiones, fiebre, temblores, problemas para dormir, vómitos, respiración dificultosa y llanto inconsolable son algunos de los signos más frecuentes.

Los números delinean la magnitud del problema. Según el Ministerio de Salud de Argentina, entre un 5% y un 10% de las personas gestantes declara haber usado drogas ilícitas durante el embarazo. En poblaciones de alto riesgo, los estudios toxicológicos muestran cifras mucho mayores, llegando hasta el 40%, según relevó Revista Anfibia. Datos del Hospital Mariano y Luciano de la Vega en la Provincia de Buenos Aires señalan que el 1,65% de los bebés nace expuesto a alguna sustancia, principalmente cocaína, con un aumento de hasta 128% en un año.

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El fenómeno no es exclusivo de este lado del mundo. En Estados Unidos, en plena crisis de opioides, existen incluso centros especializados para bebés con SAN. Allí, la literatura médica indica que las drogas con mayor riesgo son los opioides (heroína, metadona, oxicodona, buprenorfina, codeína), pero también pueden provocarlo otras sustancias como benzodiacepinas, barbitúricos, estimulantes (cocaína, anfetaminas), alcohol y algunos antidepresivos ISRS.

Los síntomas suelen empezar entre 24 y 72 horas después del parto, aunque en algunos casos aparecen recién después de 5 a 10 días. Por eso, muchos bebés deben permanecer internados en observación durante al menos una semana, e incluso meses si requieren medicación como morfina o metadona en dosis controladas para aliviar la abstinencia.

En Argentina, neonatólogas y psicólogas de hospitales como Berazategui alertan que el número de embarazadas en consumo ya no es una excepción, sino que alcanza hasta 4 de cada 10 en algunos servicios. “A esos bebés no hay quien los calme”, explica Gisella Pérez, psicóloga del Hospital Evita de Berazategui.

Género, desigualdad y estigma

Cuando hablamos de madres que consumen, muchas veces la conversación no pasa por la salud pública, sino por el juicio social. Como si el consumo anulase automáticamente el deseo de maternar. Como si no existieran ni la pobreza, ni la violencia, ni las crianzas monoparentales, ni la falta de acceso a tratamientos. Como si ser madre fuera un contrato sin derecho a caer, ni siquiera por enfermedad.

“Hay que correrse del prejuicio de ‘la que consume no desea maternar’”, dice Patricia Rosenberg, directora asociada del Hospital Mercante de José C. Paz, en diálogo con Anfibia.

Ese prejuicio cala hondo. En un estudio cualitativo donde se entrevistó a 62 mujeres embarazadas y puérperas en consumo activo en Bariloche, La Matanza y Concordia, la mayoría manifestó tener juicios negativos sobre sí mismas por usar drogas siendo madres.

Las emociones se repiten y son casi siempre las mismas: culpa, vergüenza, miedo a ser denunciadas o a que les saquen a sus hijos. En muchos casos, evitan atenderse en el sistema de salud o retrasan los controles. No porque no les importe su bebé, sino porque no saben si al entrar, van a salir con él en brazos o con una denuncia judicial.

Entre los hallazgos que expresan cómo el miedo al juicio y al rechazo condiciona sus decisiones:

• 50 mujeres respondieron que estaban totalmente de acuerdo / de acuerdo con la afirmación: “Las mujeres embarazadas suelen ocultar su consumo por temor a ser juzgadas y discriminadas”.
• 31 mujeres coincidieron con que: “Las mujeres embarazadas suelen ocultar su consumo por temor a no ser atendidas en los servicios de salud”.

Estas percepciones no son infundadas. Muchas participantes compartieron experiencias directas de maltrato en contextos médicos: “Me trataron mal por ser consumidora y madre al ser la niña prematura”, comentó una joven de 26 años en La Matanza.

La desigualdad de género también hace su parte. En Argentina, 8 de cada 10 hogares monoparentales están a cargo de mujeres. Si a eso sumamos que casi 9 de cada 10 mujeres (88,9%) participan del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, al que le dedican en promedio 6,4 horas diarias, frente al 57,9% de los varones, que dedican 3,4 horas en promedio, la desigualdad es innegable.

Las mujeres asumen más del 75% de las tareas domésticas no pagas, incluso cuando tienen empleo fuera del hogar. Esta desigualdad se acentúa en hogares con niñas y niños pequeños, donde la carga sobre las madres se vuelve aún más desproporcionada. En muchos casos, estas responsabilidades se desarrollan en contextos de precariedad habitacional, crianza en soledad, violencias domésticas o institucionales, y redes de contención debilitadas por años de ajuste.

Como explican los estudios y evidencian las realidades, las mujeres que atraviesan consumos problemáticos suelen estar en situación de extrema vulnerabilidad: crisis habitacional, poco acceso regular a alimentación, salud, transporte ni apoyo psicológico. Y aun así, se espera de ellas no solo que sean madres, sino que lo sean de forma ejemplar. Mientras tanto, muchas esconden el consumo, evitan controles prenatales o ni siquiera saben que están embarazadas hasta bien entrado el proceso. El tabú las expulsa. El sistema no las cuida y el castigo, por supuesto, llega igual.

La importancia del rol del Estado y las políticas públicas

En Argentina existen recomendaciones oficiales para abordar el consumo perinatal y los casos de Síndrome de Abstinencia Neonatal. Entre ellas, el protocolo de Cuidado del recién nacido afectado por consumo de sustancias psicoactivas y la guía Recomendaciones para la prevención del consumo perinatal, ambos del Ministerio de Salud.

También existe una Red Federal de Dispositivos Territoriales compuesta por más de 190 CAAC (Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario) dependientes de SEDRONAR, que hasta hace poco funcionaban como una verdadera red de cuidado.

Pero en la práctica, el Estado muchas veces se queda corto. Las recomendaciones están, pero faltan recursos, articulación y voluntad política sostenida. Y cuando el Estado se retira, las consecuencias son concretas, visibles y, en muchos casos, irreversibles.

En septiembre de este año (2025), el gobierno nacional —a través de SEDRONAR, organismo responsable de coordinar las políticas públicas en materia de prevención y asistencia de los consumos problemáticos— recortó el financiamiento de al menos 32 CAAC en todo el país. Aunque las organizaciones aseguran que la cifra real ronda los 50 centros cerrados o desfinanciados.

Lugares que daban contención en los barrios donde el sistema de salud no llega: terapia, talleres, escucha activa, comida caliente, sostén emocional y redes comunitarias. Todo fue dado de baja. Bajo el mantra del “no hay plata”, miles de personas —entre ellas muchas mujeres gestantes o con hijos— quedaron sin acceso a ningún tipo de acompañamiento.

Cerrar un CAAC es sinónimo de cortar la única red que muchas mujeres tenían para salir del consumo, sin ser juzgadas. Es cancelar espacios donde podían asistir con sus hijos, sin tener que elegir entre cuidarse o cuidar. Es exponerlas aún más a un sistema de salud que muchas veces las maltrata, y a un entorno social que las castiga.

Y todo esto, sin que exista hoy en día un registro nacional robusto de casos de SAN. Los únicos datos disponibles provienen de estudios aislados, hospitales particulares o relevamientos académicos. La falta de estadísticas sistemáticas sobre bebés nacidos con síndrome de abstinencia es un síntoma más de una política pública que prefiere no mirar.

No hay que escaparle a esta problemática. El consumo perinatal no es una rareza. No es para esconder ni condenar. Es una realidad que existe y necesita ser acompañada.

En Estados Unidos, en el marco de la crisis de opioides, el síndrome de abstinencia neonatal (SAN) se volvió tan frecuente que muchas Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales desarrollaron protocolos específicos para su abordaje: cuidados no farmacológicos como el contacto piel a piel, el swaddling (envolver al bebé para reducir el estrés) y, en casos graves, tratamiento con morfina o metadona.

Instituciones como el Boston Medical Center, Vanderbilt University Medical Center y Yale han liderado investigaciones clínicas y desarrollado enfoques modelo para tratar el SAN como un problema de salud pública, y no como un castigo moral. En Argentina, en cambio, seguimos sin estadísticas consolidadas y con políticas que se retiran justo donde más falta hacen.

Aunque en los últimos años se crearon muchos dispositivos, los recortes recientes, los cierres de centros comunitarios y la falta de pago a profesionales muestran que no hay garantía de continuidad. Y sin continuidad, no hay cuidado posible. El acompañamiento en consumos problemáticos no puede depender de voluntades individuales ni de ONGs sin presupuesto. El rol del Estado es insustituible: garantizar acceso, sostener equipos, ofrecer alternativas. Sin esa presencia activa, lo que queda es el silencio, el abandono o redes de abuso como único refugio.

En ese vacío, algunas organizaciones comunitarias sostienen con sus garras lo que el Estado dejó caer: Alégrate Madre, La Marabunta y la Casa Educativa Terapéutica El Puerto, por ejemplo, ofrecen acompañamiento respetuoso e inclusivo, donde las mujeres pueden transitar sus consumos sin dejar de maternar. Allí no se las obliga a elegir entre cuidarse o cuidar, se las acompaña sin juicio, con escucha activa y con sus hijos al lado.

Cuando hay decisión política sostenida, los resultados llegan. El Plan ENIA (Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia), implementado entre 2017 y 2022 con enfoque interministerial, logró una reducción de entre 45 y 50% en la tasa de embarazos adolescentes en menores de 19 años. No fue una política estrictamente basada en consumo problemático durante el embarazo, pero sirve de ejemplo. Fue una política basada en evidencia, con articulación territorial, campañas de prevención, acceso a métodos anticonceptivos y acompañamiento profesional. Funcionó. Pero hoy también está siendo desmantelado. Las políticas públicas salvan vidas.

Conclusión

El embarazo y el puerperio pueden ser momentos bisagra. Para muchas mujeres atravesadas por el consumo, la conexión con ese bebé en camino aparece suspendida. No es culpa suya: muchas veces es la propia sustancia la que desconecta. Pero con acompañamiento real, con una red que no juzga, sino que cuida, esa conexión puede volver. Y cuando vuelve, muchas logran aferrarse a esa posibilidad y salir.

Por eso urge cambiar el discurso: dejar de mirar con lupa el error, dejar de repetir el “¿dónde estaba la madre?”, y empezar a construir verdaderas vías de cuidado. Con políticas públicas integrales, con enfoque de género, con espacios de salud mental accesibles y con profesionales formados en empatía.

Porque una mujer con los mismos derechos que cualquier otra, con las mismas ganas que cualquier otra, puede gestar, parir y criar a un niño. Solo necesita que no le cierren la puerta justo cuando está intentando entrar.