Colombia: Decreto Busca Regularar Cultivo de Coca y Amapola para Usos Médicos e Industriales

• Colombia propone regular coca y amapola para fines médicos e industriales.
• Nuevas regulaciones podrían impactar comunidades indígenas y campesinas.
• El presidente Gustavo Petro podría aprobar decreto sin intervención legislativa adicional.

El Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia ha dado a conocer un borrador de decreto que podría marcar un cambio fundamental en la regulación de cultivos de coca y amapola en el país. El documento propone un marco normativo que permitiría el uso de estas plantas con fines médicos, científicos e industriales. Sin embargo, para que esta propuesta se convierta en realidad, aún deberá atravesar un riguroso proceso de revisión, evaluaciones de impacto y, posiblemente, una consulta previa con comunidades indígenas y campesinas.

Este decreto responde a una demanda creciente de organizaciones sociales y académicas que buscan desmitificar el uso de estas plantas, separándolo del narcotráfico y promoviendo su investigación para diversos fines. Aunque la propuesta incluye disposiciones específicas para regular el cultivo y uso de coca y amapola, los próximos pasos determinarán si se concretará como una política pública aplicable en el corto plazo.

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Consulta y evaluación: el camino hacia la implementación

Un experto en el tema le explicó a El Planteo que la propuesta de decreto aún debe ser revisada públicamente, y se espera que cualquier ajuste sea respaldado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). También se considerará una posible consulta previa con comunidades indígenas y campesinas, en concordancia con la legislación que protege sus derechos y conocimientos tradicionales.

Además, el borrador estipula que solo entidades públicas podrán solicitar autorizaciones para el cultivo de coca y amapola con fines médicos, científicos e industriales, sujetándose a una serie de condiciones específicas para su ejecución. La supervisión de estas actividades quedará en manos del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), que velará por el cumplimiento de los acuerdos internacionales y de la normativa nacional en el control de estupefacientes.

Detalles del borrador: regulación, permisos y condiciones

El borrador establece un sistema de autorizaciones bajo el cual las entidades públicas interesadas deberán cumplir con requisitos estrictos, como presentar proyectos detallados que incluyan la localización geográfica de los cultivos, métodos de control y monitoreo, y un enfoque en la sostenibilidad y el respeto a las comunidades indígenas y campesinas. Asimismo, las actividades autorizadas incluirían el cultivo, la posesión de semillas y el uso de plantaciones preexistentes, siempre bajo estricta supervisión y acorde con los acuerdos internacionales.

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Para asegurar que las comunidades indígenas y campesinas puedan beneficiarse de esta regulación sin ver comprometidos sus derechos tradicionales, el decreto incluye un marco de protección al conocimiento ancestral, exigiendo que cualquier uso de dicho conocimiento se haga con el consentimiento de las comunidades afectadas. Esto garantiza que no se vulneren los derechos colectivos de los pueblos que han cultivado estas plantas durante generaciones.

Implementación y seguimiento: un proceso gradual y controlado

La implementación de este decreto, de ser aprobado, se llevaría a cabo en fases. Las entidades autorizadas estarán sujetas a un monitoreo constante por parte de la Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes, la cual exigirá informes trimestrales que detallen las actividades realizadas, el progreso de los cultivos y cualquier incidente relevante. Este sistema de monitoreo permitirá a las autoridades actuar rápidamente en caso de desviaciones o riesgos de seguridad pública, asegurando que los cultivos y productos derivados se utilicen exclusivamente para los fines establecidos en la normativa.

El enfoque gradual también busca mitigar el riesgo de que los cultivos autorizados terminen en mercados ilícitos. La regulación contempla incluso la posibilidad de revocar autorizaciones si las entidades públicas no cumplen con los requisitos o si se identifican problemas de seguridad pública.

Perspectivas y desafíos para el futuro

El éxito de este decreto dependerá en gran medida de su implementación y del compromiso de las entidades públicas en respetar los derechos de las comunidades afectadas, así como en garantizar la transparencia en las actividades de cultivo y distribución. Además, si bien Gustavo Petro podría aprobar el decreto sin intervención legislativa adicional, el cumplimiento de las condiciones y la inclusión de las comunidades indígenas y campesinas seguirá siendo un factor crítico para su aceptación y efectividad.

Si se logra el equilibrio adecuado, esta regulación podría abrir la puerta a un nuevo enfoque en el tratamiento de estas plantas, abordando tanto la cuestión de la salud pública como el impacto social en las comunidades campesinas e indígenas. Este enfoque integral promete no solo transformar la percepción de la coca y la amapola, sino también ofrecer un modelo para otros países que enfrentan problemas similares en sus esfuerzos de regulación.