Del Castigo al Cuidado: Colombia Redefine su Política de Drogas

El gobierno colombiano acaba de aprobar una norma que transforma por completo cómo el Estado trata a las personas que consumen drogas —ya sean legales (como alcohol) o ilegales (como marihuana)—, alejándose de una mirada punitiva para adoptar una visión más sanitaria y enfocada en derechos humanos.

La Resolución 2100 de 2025, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, crea la Política Integral para la Prevención, la Reducción de Riesgos y Daños y la Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas 2025-2033. Este nuevo marco reemplaza los enfoques dispersos anteriores y ordena las acciones institucionales en torno a un Sistema Nacional de Atención al Consumo de SPA, integrando salud, justicia, educación y protección social.

Cambio de paradigma: De la represión a la atención integral

Por primera vez, Colombia reconoce que el consumo de drogas no es un delito en sí mismo, sino un fenómeno complejo que involucra salud pública, desigualdad y tejido social.

La política abandona el modelo de castigo y pone el foco en la dignidad, la autonomía y la atención oportuna. Las personas usuarias podrán acceder a servicios de salud sin necesidad de haber dejado de consumir. Además, establece que la Atención Primaria en Salud (APS) será el eje organizador de todo el sistema, integrando estrategias comunitarias y de prevención, según comunica Hierba Buena.

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Entre los componentes clave se incluye la Reducción de Riesgos y Daños (RRD), una estrategia sanitaria que contempla:

• Programas de mantenimiento con metadona y buprenorfina.
• Distribución de naloxona y habilitación de espacios de consumo supervisado.
• Análisis de sustancias para detectar adulterantes.
• Campañas comunitarias contra el estigma.

El ingreso al sistema de salud no dependerá de la abstinencia, sino del derecho universal a recibir atención digna.

Colombia y su realidad de consumo de drogas

Los datos oficiales que sustentan la nueva política provienen del Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas (MJD 2019), elaborado por el Ministerio de Justicia, el Observatorio de Drogas de Colombia (ODC) y el Instituto Nacional de Salud (INS).

En la población general (12-65 años, MJD 2019):

• 30,1% reportó consumo de alcohol en el mes previo a la encuesta.
• 9,8% usó tabaco.
• 3,4% (unas 800 000 personas) reconoció haber consumido sustancias ilícitas, principalmente marihuana (2,7%).

En la población escolar (12-18 años):

• 30% consumió alcohol en el mes anterior.
• Edad promedio de inicio: 13,4 años.
• 11,2% usó cigarrillos electrónicos.
• 6,7% probó alguna sustancia ilícita.

En la población universitaria:

• 56,1% consumió alcohol en el último mes.
• 28,4% usó alguna sustancia ilícita, principalmente marihuana (26,7%) y LSD (9,7%).

Entre 2013 y 2020 se registraron 51.405 muertes asociadas al consumo de sustancias, de las cuales el 78% estuvieron vinculadas al alcohol.

Grupos en situación de mayor vulnerabilidad

El documento destaca condiciones críticas en grupos específicos:

• Personas que se inyectan drogas (PID): prevalencia de VIH de hasta 23,9% en Cali y hepatitis C de hasta 69,6% en Cúcuta.
• Personas privadas de la libertad: uso de marihuana 9 veces superior al de la población general.
• Mujeres gestantes y lactantes: fuerte estigma y temor a sanciones.
• Poblaciones LGBTIQ+ y étnicas: exclusión y carencia de servicios con pertinencia cultural.

Estos grupos concentran los mayores riesgos de exclusión del sistema sanitario, por lo que la política busca fortalecer la atención comunitaria y reducir barreras de acceso.

Implementación, financiamiento y control

Las entidades territoriales dispondrán de seis meses para adaptar la política a sus contextos locales e integrarla a la Red Nacional de Salud Mental.

El financiamiento será multifuente, con aportes del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), el Sistema General de Participaciones (SGP), el Presupuesto General de la Nación, el FRISCO y recursos territoriales.

La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) se encargará de la vigilancia, con monitoreos anuales y evaluaciones programadas en 2029 y 2033.

Colombia elige un giro humanista y sostenible

Con esta resolución, Colombia da un paso histórico hacia un modelo de salud pública que reconoce la complejidad del consumo de drogas y la necesidad de abordarlo desde la empatía, la prevención y la reducción de daños; detalles no menores.

Como bien dice el documento, la idea es enfrentar las “consecuencias desproporcionadas de la llamada ‘guerra contra las drogas’, una mirada teórica amplia es fundamental para garantizar que las estrategias respondan a las realidades de las distintas poblaciones”. Así, dejar atrás el paradigma prohibicionista que ha demostrado ser insuficiente para abordar el consumo de SPA y sus consecuencias, con el fin de avanzar hacia enfoques basados en derechos humanos y la salud pública.

De manera realista, el Ministerio reconoce que la implementación enfrenta desafíos estructurales: desigualdad en capacidades locales, débil articulación intersectorial, sostenibilidad financiera y persistencia del estigma social hacia las personas que consumen.

De todas formas, para enfrentarlos, se prevén apoyos técnicos e institucionales, formación territorial y participación activa de organizaciones comunitarias.

Si logra consolidarse en los territorios, la Política Integral 2025-2033 podría convertirse en uno de los referentes latinoamericanos más sólidos en materia de derechos, salud mental y políticas de drogas basadas en evidencia.