INASE, ARICCAME y el Caos Cannábico: ¿Qué Pasa Cuando el Estado te Empuja a la Ilegalidad?

• INASE bloqueó registros de cannabis y dejó a operadores legales al borde de la ilegalidad.
• El 2/6 se anunció prórroga de 60 días, pero sin respaldo legal ni resolución formal.
• ARICCAME, INASE y Salud se pasan la responsabilidad mientras crece la inseguridad jurídica.

En marzo de este año reportamos que el INASE (Instituto Nacional de Semillas) había bloqueado a todos los operadores de cannabis del país en una imposibilidad total de renovar permisos, registrar nuevas variedades o continuar con trámites iniciados. La respuesta institucional dejó mucho que desear: sugirieron derivar las consultas a ARICCAME, el organismo regulador creado por la Ley 27.669.

Pero desde ARICCAME tampoco hay respuestas: alegan que la competencia sobre cannabis medicinal corresponde al Ministerio de Salud bajo la Ley 27.350, y que el INASE debería seguir gestionando bajo ese marco, como lo venía haciendo.

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Lo que parecía un traspié administrativo se transformó, con el correr de las semanas, en una verdadera bomba de tiempo para toda la industria legal del cannabis. Este lunes 2 de junio, tras semanas de incertidumbre, el gobierno anunció una prórroga de 60 días para renovar permisos, pero lo hizo sin emitir ninguna resolución formal. La medida descomprime, pero no resuelve.

¿Qué leyes amparan a la industria e investigación del cannabis hoy?

Primero, lo básico:

• La Ley 27.350, sancionada en 2017, fue la primera normativa que autorizó el uso medicinal y científico del cannabis en Argentina.
• Su reglamentación más relevante, el Decreto 883/2020, habilitó el autocultivo con fines terapéuticos, creó el REPROCANN y designó al INASE como la autoridad encargada de controlar y registrar las semillas y variedades vegetales de cannabis.
• La Ley 27.669, más reciente, aprobada en 2022, estableció el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, y creó a ARICCAME (Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal) como la nueva agencia reguladora.

Es decir: tenemos leyes que avalan el cultivo, la investigación, el desarrollo y hasta la comercialización del cannabis medicinal. Sin embargo, el mismo Estado que promulgó estas leyes, hoy bloquea su implementación.

¿Qué pasó exactamente con el INASE y por qué los operadores se encuentran desamparados?

Todos los operadores vinculados a cannabis, es decir, criaderos, viveros, comerciantes y productores que trabajan con la especie Cannabis sativa L., estaban inscriptos en el Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas (RNCyFS) hasta el 31 de mayo de 2025. A partir del 1.º de junio, según el artículo 2 de la Resolución INASE 205/2017, quienes no hayan podido renovar quedarían automáticamente dados de baja de oficio. Hoy, 2 de junio, se emitió una prórroga de 60 días.

Este es el único sistema habilitado por el INASE que permite legalmente a cualquier actor producir, comercializar, mejorar y distribuir semillas en Argentina de cualquier especie vegetal. Podemos pensar en semillas de soja, papa, tomate y cannabis, entre otras. Para operar, es obligatorio acceder al sistema de gestión en línea del INASE, condición necesaria para renovar la anualidad y mantener vigente la inscripción.

Desde marzo de 2024, el INASE dejó de permitir nuevas inscripciones de operadores vinculados al cannabis en su Resolución 81/2024. La razón, según el ente, fue un proceso de “evaluación de la normativa vigente”, por la cual congeló nuevas inscripciones.

Seis meses después, efectivamente, resuelve, pero no resuelve. Publicando en el Boletín Oficial el 26 de septiembre de 2024 una nueva resolución (468/2024), explican que prorrogarán la suspensión por otros 6 meses más, es decir, hasta marzo de 2025. Así, en total son 12 meses de congelamiento del sistema de registros para cannabis. En estos dos casos, de todas formas, se dictó un acto administrativo.

Pero no fue así en el quiebre más grave, ocurrido este 1.º de marzo de 2025, cuando el organismo, de forma no solo arbitraria sino también ilegal, bloqueó el acceso al sistema de todos los operadores registrados para acceder a la posibilidad de renovar el período 2025/2026. Esto significa que criaderos, viveros, comerciantes y productores que ya operaban legalmente no pudieron renovar sus permisos anuales, a pesar de que el propio INASE es quien impone la obligación de pago y renovación.

En otras palabras, es la contradicción perfecta: te cobran para seguir siendo legal, pero te impiden pagar. El mismo organismo que habilitó la inscripción de operadores en el RNCyFS —y que impulsó el registro en el RNC y RNPC— ahora bloquea el acceso al sistema necesario para renovar esos permisos. Así, deja sin efecto expedientes en curso y obliga a miles de pacientes de REPROCANN, con prescripción médica vigente, a abastecerse en el mercado ilegal.

Esta parálisis no solo frena la actividad: también pone a estos operadores en una situación de vulnerabilidad legal, ya que, sin renovación activa, pueden quedar fuera del marco regulatorio que los ampara y ser penalizados por el mismo Estado que bloqueó sus trámites.

Según información oficial brindada por el Jefe de Gabinete al Congreso Nacional, actualmente existen en el país:

• 635 criaderos habilitados para el fitomejoramiento de cannabis
• 597 comercios expendedores (grows, tiendas de cultivo)
• 92 viveros
• 79 proyectos de investigación autorizados por el Ministerio de Salud
• Y 220 expedientes en curso ante el INASE para el registro de variedades genéticas de cannabis.

Todos ellos, desde este lunes 2 de junio, pueden quedar automáticamente en una situación de conflicto con la ley. El propio Estado bloquea tu status ya adquirido, te empuja a la ilegalidad, y luego te condena por ello. Un callejón sin salida que afecta a quienes decidieron apostar por la legalidad, invirtiendo en ciencia, infraestructura y formación técnica.

2 de junio: Prórroga sin resolución y seguir pateando la pelota…

Tras la tensión de entender que luego del 1.° de junio todos los operadores de cannabis pasarían a la ilegalidad, hoy lunes 2 de junio, la comunidad amaneció con un nuevo anuncio en el portal oficial del Gobierno Nacional. El comunicado emite una prórroga de 60 días para que los operadores del RNCyFS puedan renovar sus permisos.

Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no se ha publicado ningún acto administrativo formal que respalde legalmente esa decisión.

Desde el sector, esta movida se interpreta como una presión de INASE hacia ARICCAME, organismo que aún no dictó la normativa específica para cannabis medicinal con THC. Mientras tanto, el Ministerio de Salud insiste en exigir el uso de genéticas registradas, aunque no se permite inscribirlas.

Aunque la comunicación oficial alivió momentáneamente la sensación de que el 1.º de junio se convertirían en delincuentes por vencimiento automático, la falta de resolución mantiene a todos en zona de riesgo legal. La única excepción, hasta ahora, es una medida cautelar concedida por la justicia a un actor damnificado, pero ese fallo no hace jurisprudencia y no resuelve el conflicto estructural.

Por si fuera poco, el nuevo plazo “informal” otorgado hasta el 31 de julio coincide con la fecha ordinaria en la que vencen los títulos de propiedad de variedades, es decir, el canon anual que deben pagar los obtentores para conservar la propiedad intelectual sobre sus genéticas. Así, se crea una paradoja: ¿cómo puede exigírsele al propietario que pague la anualidad de su variedad si este no puede hacerlo y si los lugares donde se deben realizar las tareas de mantenimiento obligatorias pueden quedar inhabilitados?

En este contexto, la falta de articulación entre INASE, ARICCAME y el Ministerio de Salud deja a toda la cadena legal de producción de cannabis medicinal —desde bancos de semillas hasta pacientes con prescripción médica— navegando la ilegalidad técnica, sostenidos apenas por un anuncio en una web oficial sin fuerza normativa.

La nueva resolución del Ministerio de Salud: el ‘nuevo REPROCANN’ y una exigencia imposible

Como si esto fuera poco, hace apenas una semana el Ministerio de Salud dictó la Resolución 1780/2025, que establece nuevos requisitos para quienes cultivan cannabis para terceros (asociaciones civiles, proyectos de investigación, ex “cultivadores solidarios”, etc.).

Uno de esos requisitos es la presentación semestral de una declaración jurada que detalle cuántas plantas se cultivan, cuántas están en floración y, lo más llamativo, qué variedades genéticas registradas se están utilizando.

Pero hay un detalle insalvable: ¡esas variedades no pueden declararse porque el INASE bloqueó su registro! ¿Cómo declarar algo que el Estado no te permite comprar?

Mientras el Gobierno lanza campañas para “ordenar el REPROCANN” y erradicar su supuesto uso con fines comerciales ilegales —como ha dicho la ministra Patricia Bullrich, tildando a cultivadores solidarios de “narcotraficantes”—, es el propio Estado el que impide el acceso seguro a semillas legales y trazables.

1439 Criadores (@1439criadores), un banco argentino y artesanal con base en Lugano, trabaja en la creación y preservación de variedades únicas mediante cultivo 100% orgánico, cruzas selectivas, estabilización fenotípica y cosecha manual. Entre sus creaciones está la reconocida CHOCO OG, y su objetivo es claro: garantizar semillas y esquejes registrados, de calidad y producción nacional, accesible para todos.

Desde allí, Nicolás Rodríguez, uno de sus integrantes, señala con claridad una omisión que no se puede pasar por alto: “Es importante tener presente que tanto la autorización de los establecimientos y operadores como la apertura de registros de variedades fue dispuesta por el INASE en el marco de la Ley 27.350, como política de fiscalización a la dispersión de microcultivos autorizados por REPROCANN”.

“El Decreto 883/20, reglamentario de la ley 27.350 dice en su artículo 6° que el Ministerio de Salud, como autoridad de aplicación, creará las condiciones necesarias para garantizar el aprovisionamiento de los insumos necesarios y facilitar la investigación médica y/o científica de la planta de Cannabis y sus derivados, así como para el tratamiento en el marco del PROGRAMA. Y agrega específicamente: ‘El INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (INASE) regulará las condiciones de producción, difusión, manejo y acondicionamiento de los órganos de propagación de esta especie que permitan la trazabilidad de los productos vegetales’”, concluye Nicolás.

No sería el caso, ¿no?

Ahora que el Ministerio de Salud les impone a las personas humanas y/o jurídicas que cultivan con autorización del REPROCANN para terceras personas que declaren las variedades registradas con las que trabajan y otorga un plazo de readecuación de seis meses ¿cómo van a hacer para cumplimentarlo si el INASE no autoriza la comercialización de esas genéticas?

Si lo que se pretende es fiscalizar, profesionalizar y garantizar seguridad sanitaria, ¿por qué se eliminan las herramientas de trazabilidad en lugar de fortalecerlas, mientras en la página oficial del gobierno se publica que “será requisito excluyente la utilización de variedades genéticas previamente registradas”, con la finalidad de “fortalecer la trazabilidad del cultivo, garantizar la estabilidad y previsibilidad en la composición de los productos derivados, y asegurar la coherencia con los estándares científicos y sanitarios establecidos por la normativa vigente”?

¿Por qué se castiga a quienes invirtieron legalmente, registraron sus establecimientos, y desarrollaron genéticas que hoy podrían abastecer a miles de pacientes?

En cortas palabras: ¿por qué empujan a operadores y a usuarios de cannabis, ambos, a la ilegalidad? ¿En qué se benefician?

Abundan las preguntas. Escasean las respuestas.

Soberanía genética en peligro

Empellados por el contexto, un grupo de criadores decidió reunirse como colectivo bajo el nombre de Criadores Nacionales para tratar de visibilizar el estado de fragilidad en que se encuentrany alertar que esta parálisis afecta no solo el presente, sino el futuro del cannabis argentino; incluso el de las personas que realizan tratamiento con prescripción médica autorizada. Desde 2021 a 2023, solo 40 genéticas fueron inscriptas en el Registro Nacional de Cultivares. En paralelo, 45 obtentores lograron el reconocimiento de propiedad intelectual sobre sus variedades.

Hoy, esos registros están en un limbo porque a partir del lunes sus obtentores no están autorizados a preservar las genéticas que registraron ni a realizar las tareas de mantenimiento de la pureza varietal.

A nivel internacional, países como Alemania e Israel ya demandan genéticas con alto contenido de THC para elaborar medicamentos de grado farmacéutico y se estima que para 2031 el mercado mundial de semillas de cannabis implicará un comercio de USD 6.500 millones. Argentina, con una tradición biotecnológica reconocida mundialmente, podría estar a la vanguardia. Pero hoy el Estado dilapida esa oportunidad.

Los operadores están enviando cartas formales al INASE, ARICCAME y el Ministerio de Economía exigiendo la reactivación inmediata del sistema. Muchos de estos casos lo hacen con el aval de los representantes de los gobiernos provinciales ante ARICCAME, como medida previa al inicio de los litigios. Denuncian:

• La violación de derechos adquiridos
• La falta de actos administrativos que fundamenten los bloqueos
• La posible pérdida de propiedad genética nacional
• El riesgo de acciones judiciales por daños económicos, sanitarios y sociales

Además, recuerdan que las propias leyes vigentes (20.247, 27.350, 27.669) y decretos reglamentarios (405/23 y 883/20) exigen al Estado garantizar el acceso a la salud, la trazabilidad, y un sistema de licencias ágil, equitativo y progresivo. Nada de eso está ocurriendo.

La salud y la legalidad, en manos del mercado ilícito

En un contexto de un país donde el propio Estado renuncia a su rol fiscalizador, el riesgo se traslada sin filtro a la ciudadanía. Hace días nada más, la ANMAT dejó de controlar la seguridad de cosméticos, productos de higiene personal, copas menstruales, pañales, tampones, toallitas femeninas y enjuagues bucales importados para uso personal, trasladando toda la responsabilidad al consumidor final.

El Estado admite que no intervendrá, que no verificará sus ingredientes, orígenes ni riesgos, siempre que no se comercialicen. ¿Qué puede salir mal?

Solo unas semanas atrás, murieron 33 personas por ampollas de fentanilo contaminadas, elaboradas por un laboratorio con antecedentes críticos y observaciones de la propia ANMAT. Las alertas estaban. Las sanciones también. Pero la reacción oficial llegó recién cuando el número de muertes ya era imposible de ignorar.

No sorprende, entonces, que tampoco parezca importarle garantizar de dónde provienen las semillas que cultivan miles de pacientes y cultivadores registrados. Sin control oficial sobre la trazabilidad genética, hoy el sistema institucional empuja —otra vez— a quienes eligen cumplir la ley a quedar expuestos.

¿Cómo solucionamos?

La solución es tan clara como necesaria: desbloquear el sistema del INASE, permitir la renovación de permisos y continuar con la operación de los establecimientos e inscripciones de variedades en el marco de la Ley 27.350, para que los usuarios REPROCANN puedan abastecerse de genéticas trazables. Ello hasta que ARICCAME otorgue efectivamente licencias y permita a los criadores y multiplicadores desarrollarse a escala industrial. No hacerlo es quebrar la seguridad jurídica de toda una industria que decidió apostar por el camino legal y cuyas inversiones alentadas por el Estado, ahora tendrán conflicto con la ley penal.

Hoy, más que nunca, defender la soberanía genética es defender el derecho a la salud, al conocimiento, al trabajo digno y al desarrollo industrial con justicia social y trazabilidad. No estamos hablando solo de plantas. Estamos hablando de derechos.