‘No Hay Plata’: El Estado Deja Sin Apoyo a Más de 30 CAAC que Combaten Adicciones, ¿Ajuste o Abandono? 

El gobierno nacional interrumpió el financiamiento de al menos 32 Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC) en toda Argentina, espacios fundamentales para acompañar a personas con consumos problemáticos. Las razones oficiales hablan de “irregularidades” detectadas en auditorías virtuales, pero desde los territorios denuncian desfinanciamiento, desidia y una puerta abierta al avance del narcotráfico en los barrios populares.

El recorte llega donde —y cuando— más se necesita. Desde Casa Pueblo, parte de la Mesa de Adicciones, alertan que el consumo está creciendo al ritmo de la emergencia, comunica Infonews. El contexto de pobreza, hambre y crisis económica se presenta como un ambiente propicio para que estos centros sean solicitados con mayor frecuencia. “En un clima de crisis y tensión social que afecta a los barrios populares, el consumo de diferentes sustancias y las recaídas van en aumento”, explica la organización.

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En los barrios donde la falta de acceso es moneda corriente más que excepción, el impacto del consumo problemático se intensifica. Y es justamente allí donde estos centros funcionan como una red de contención vital: puertas abiertas, escucha activa, acompañamiento terapéutico, comida caliente y segundas oportunidades.

Así lo comparte Leandro Juárez a Tiempo Argentino, cuando resalta la importancia de la CAAC por la que él pasó, Vivir Solo Cuesta Vida, en Mataderos: “Soy un adicto en recuperación y ellos me dieron la atención y contención para empezar a tener oportunidades y reinsertarme en la sociedad. No solo eso: me dieron un plato de comida y amor, más allá de su trabajo. Emprendían cursos para que las personas con diferentes problemáticas de adicciones podamos tener otra oportunidad de sentirnos útiles. Gracias a este lugar yo aprendí mucho, hoy estoy trabajando, estudiando Psicología Social, recuperando vínculos y alejándome más de la adicción, que fue lo que tanto mal me hizo”. En 2021 se incorporó a la Red Federal Territorial de Sedronar. Este mes fue dado de baja.

Según las fuentes, son 32 los centros dados de baja —aunque algunas organizaciones hablan de al menos 50 dispositivos comunitarios de acompañamiento en consumos problemáticos y salud mental— distribuidos en CABA, Buenos Aires, Neuquén, Salta y otras provincias.

Amparados en el mantra libertario del “no hay plata” y la histórica narrativa de la “obstruyente y exagerada intervención estatal”, las autoridades decidieron dejar de financiar estos centros comunitarios por razones que incluyen “aperturas menores a cuatro días por semana”, “falta de profesionales” y “prestaciones insuficientes en salud mental”.

“Luego de un extenso trabajo de supervisión y auditoría sobre los 583 CAAC, Sedronar detectó graves irregularidades en 32 que no cumplían con los criterios básicos para la atención y acompañamiento de las personas con consumos problemáticos de sustancias”, fueron las palabras de las autoridades nacionales en respuesta a los pedidos de explicación de los centros y sus asistentes, según compartió Tiempo Argentino.

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Desde los barrios se preguntan, sabiendo ya la respuesta, cómo puede saber el gobierno acerca de la existencia de estas irregularidades si las evaluaciones y auditorías trimestrales fueron virtuales y desconectadas de la realidad de los centros. Nadie se acercó a conocer el trabajo, o a entender más de cerca el funcionamiento de dichos centros. En su lugar decidieron, sin penas ni argumentos, dejar de financiarlos.

Desde Nación prometen que las personas atendidas por las CAAC cerradas serían “reubicadas”, pero esa promesa, insisten desde las organizaciones, no se está cumpliendo en la práctica. No hay un plan de traslado concreto, ni indicaciones de adónde irán esas personas, ni mucho menos garantías de que recibirán el mismo tipo de acompañamiento integral que ofrecían los centros comunitarios.

Mientras tanto, muchas de las personas que sostenían los centros —psicólogos/as, operadores, trabajadoras/es sociales— ya habían sido desvinculadas o directamente dejaron de cobrar meses atrás. Algunas fuentes hablan de contratos caídos, retrasos sistemáticos en los pagos y recortes escalonados antes del anuncio formal de los cierres. El vaciamiento, dicen, fue gradual y premeditado.

Aun así, en muchos centros, como La Movediza (Tandil), los equipos decidieron seguir trabajando igual. Sin respaldo del Estado, sin salario y sin saber hasta cuándo podrán resistir. Lo hacen por decisión política y ética: no abandonar los procesos terapéuticos en marcha.

Así las cosas, la salud se sostiene no gracias al Estado, sino a aquellos profesionales y no profesionales que deciden continuar, ad honorem, con el trabajo sobre sus espaldas, sosteniendo redes de contención y ayuda.

¿Qué son las CAAC y por qué son una pieza clave en el engranaje social?

Las CAAC son dispositivos territoriales que forman parte de la Red Federal de Sedronar. Suelen funcionar en barrios populares donde se acompaña a personas atravesadas por consumos problemáticos desde una mirada comunitaria.

Con un arduo trabajo de equipos interdisciplinarios, se ofrecen terapias, alimentación, redes de cuidado, talleres de oficios y espacios de escucha. Funcionan como la primera línea de contención en salud mental y adicciones, especialmente en zonas desatendidas por el sistema formal de salud.

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Ahora bien, ¿qué consecuencias genera el vaciamiento de estos espacios? Al retirarse el Estado y cerrar CAAC o vaciarlas, se desatan consecuencias sanitarias, sociales y humanas muy concretas y, en muchos casos, irreversibles en territorios vulnerables; por ejemplo:

• Las CAAC evitan que colapsen hospitales como el Bonaparte. Cuando funcionan, estos centros absorben gran parte de la demanda primaria y cotidiana: consultas iniciales, acompañamientos, seguimiento ambulatorio. Son la barrera que impide que situaciones de crisis terminen en guardias desbordadas o internaciones innecesarias. Con el recorte, esa contención desaparece, y hospitales como el Bonaparte —que ya está siendo vaciados— deben absorber una demanda para la cual no tienen ni personal ni recursos suficientes.

• En zonas sin otros dispositivos de salud mental, el cierre equivale a abandono. En muchos barrios populares, la CAAC es la única red de atención posible. Sin CAAC cercanas, sin turnos accesibles en hospitales, y sin cobertura privada, lo que se pierde con estos cierres no es un “recurso más”, sino el único lugar donde alguien escucha, orienta y acompaña.

• El cierre de las CAAC deja a jóvenes sin contención ni horizontes. Las CAAC no ofrecen terapias nada más; implican redes de pertenencia, talleres, cursos de oficios, vínculos nuevos. Espacios donde los jóvenes encuentran sentido, tiempo y acompañamientos con paciencia y sin juicios. Sin ellos, la calle puede volver a ser la única opción, quedando expuestos a lógicas punitivas o a recaídas más frecuentes. Esto lleva, en los peores casos, a muertes completamente evitables.

• La ausencia del Estado deja vía libre al narcoasistencialismo. Donde el Estado se retira, otras estructuras ocupan su lugar. Y en los barrios más golpeados, el narcotráfico ya no se presenta sólo como proveedor de sustancias, sino como actor social. Comedores financiados por narcos, asistencia con medicamentos, dinero o “protección” a cambio de lealtad o silencio.

Este último punto es sumamente importante, al igual que preocupante. “Estamos viendo algo que no veíamos hace mucho: la lógica Pablo Escobar, el narco dando comida en los merenderos. Eso está creciendo”, alertó Sebastián Sánchez, del MTE a Tiempo Argentino.

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Cuando se corta el financiamiento a estos espacios, no se cortan los consumos. Lo que se corta es la posibilidad de abordarlos con cuidado, tiempo y escucha. El mercado de drogas ilegales, en cambio, no se retrae con el ajuste. Gana terreno, capta, promete, recompensa. Se vuelve “red” para quienes fueron expulsados de todas las otras.

“Este cierre no es solo un recorte: es un ataque directo a la vida en nuestros barrios”, afirmó Casa Pueblo.

Voces desde los territorios y los CAAC afectados

Quienes sostienen los espacios de salud comunitaria en los barrios ven cómo la motosierra del Estado no sólo corta presupuestos, sino también vínculos, trayectorias y oportunidades de vida.

Brenda Di Spalatro, del dispositivo de Vientos de Libertad en La Plata, denuncia que las auditorías de Sedronar fueron superficiales y virtuales: “Recibimos auditorías trimestrales que estaban siendo virtuales. En ningún momento vinieron realmente a conocer nuestro trabajo. Si el Estado se va a hacer cargo de cerrar, que hagan su trabajo viendo lo que hacemos”.

Según Di Spalatro, el argumento del gobierno para justificar el cierre fue que “bajaron las prestaciones”, pero lo desmiente con datos concretos: “Supuestamente fue porque bajamos las prestaciones y no llegamos al número de personas asistidas. Nada que ver. Está abierto de 14 a 22, quienes hacen procesos ambulatorios cenan acá, hay espacio para familiares, hay terapias individuales, grupales, articulamos con otras ciudades que mandan gente. Es un centro barrial que funciona de lunes a viernes y hacemos primera escucha para el servicio de salud mental del hospital municipal”.

También explica que se exceden los requerimientos oficiales: “Nos piden como requisito que acompañemos en lo específico a 15 personas con consumos y acompañamos a alrededor de 25, pero llegamos a 100 con acciones comunitarias. No hay motivos para cerrar. Creemos que somos una variable de ajuste”.

Desde el mismo espacio, Sebastián Sánchez agrega que “la organización social siempre fue barrera de contención. Si corrés a la organización del territorio, das lugar a que la narcoestructura crezca”. Y concluye: “Las condiciones territoriales están más predispuestas para el narcotráfico que para salir del consumo”.

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Desde Casa Pueblo, la denuncia se vuelve aún más explícita: “Mientras el consumo aumenta en los sectores más vulnerables, el gobierno recorta los espacios donde muchos chicos y chicas encuentran refugio, acompañamiento y una salida posible”. Según afirman, allí pasan “pibes y pibas que buscan construir una alternativa de vida digna, reconociendo su consumo como problemático”, pero “el Estado, en lugar de fortalecer esas herramientas, les da la espalda con la motosierra del ajuste”. Y reafirman  que aunque “la decepción y la bronca son enormes, más grande es nuestra convicción de que la comunidad organizada es más fuerte que el abandono”.

En Neuquén, desde el movimiento Ni un pibe y piba menos por la droga, Natalí Silva relata la incertidumbre que dejó el anuncio de cierre de su CAAC en el barrio Sapere: “Nos enteramos hace dos días nosotros”. El dispositivo atendía terapias individuales y grupales a entre 15 y 20 personas mensuales, además de talleres educativos, culturales y deportivos abiertos a toda la comunidad. Sumando a quienes participan de esas actividades, alimentación y otras acciones, calculan que alcanzaban entre 400 y 450 personas por mes.

La referente neuquina denuncia que el presupuesto nacional estaba congelado desde hacía más de un año, y que, ante la falta de recursos, no pueden seguir sosteniéndose sin aportes provinciales. “Este espacio no es un gasto: es un derecho y una necesidad en el barrio, donde las adicciones y los consumos problemáticos crecen día a día. Con esta medida, el gobierno nacional le suelta la mano a quienes más lo necesitan”.

En Villa Itatí, Quilmes, la Casa Comunitaria Mimos de Colores también atraviesa una situación crítica y advierte que podría cerrar sus puertas. El espacio, que forma parte del movimiento Ni un Pibe Menos por la Droga, combina talleres de prevención de adicciones, actividades comunitarias y un comedor que asiste a decenas de familias del barrio. “La salida para los chicos de los barrios tiene que ser con educación, deporte, cultura, trabajo y salud, que es lo que se encuentra en nuestras CAACs”, señalaron desde la organización, al tiempo que convocaron a defender el lugar.

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En Virrey del Pino funciona el CAAC Dr. Néstor “Chino” Oliveri, un espacio que combina acompañamiento comunitario, talleres de formación, apoyo escolar y hasta un comedor que garantiza un plato de comida diario a cientos de familias. “Nosotros somos un espacio que acompaña a pibes y pibas en situación de vulnerabilidad, de consumo problemático, de recuperación. Brindamos herramientas de formación y capacitación, apoyo escolar, alimentación y contención social”, explicó Hernán Gómez, referente del dispositivo, al advertir que el recorte nacional pone en riesgo toda esa red de cuidado.

La preocupación se repite entre quienes sostienen el lugar. “El gobierno nacional recortó los fondos de los dispositivos CAAC y puso en riesgo la continuidad de un espacio que trabaja con jóvenes en recuperación, que contiene a familias enteras y que representa una salida posible en el barrio”, señaló Sara Cervasi, integrante del equipo. El temor se palpa: si el Estado retira el financiamiento, los talleres, el comedor y la atención comunitaria quedarán librados al esfuerzo voluntario, con cientos de chicos y chicas sin alternativas en un territorio marcado por la pobreza y la falta de oportunidades.

Frente al ajuste, movilización y resistencia

Los despidos y recortes parecieran ser más ásperos con las redes comunitarias que sostienen a los sectores más vulnerables. Comedores, centros de atención en consumos problemáticos y dispositivos de salud mental se ven desfinanciados, al mismo tiempo que se denuncian recortes en PAMI y ANDIS, con escándalos de coimas y sobreprecios que exponen un accionar gubernamental difícil de justificar. El gobierno libertario sigue aplicando la motosierra, incluso después de su derrota electoral más reciente.

No hay “ajuste” inocente cuando lo que se desmantela son las redes que sostienen la vida de tantos argentinos y argentinas. Como advierten desde Casa Pueblo, “lo que el gobierno llama ajuste es, en realidad, un abandono planificado”. 

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Frente a este panorama, la respuesta fue la movilización. En los últimos días se realizaron protestas frente al Ministerio de Salud de la Nación, con pancartas que rezaban: “Cuidar las CAAC es cuidar la vida en los barrios”. Allí se hicieron presentes organizaciones sociales, referentes de Casa Pueblo, trabajadores de Sedronar, usuarios y sectores vinculados al acompañamiento comunitario. “Cerrar las CAAC es condenar a miles de jóvenes a vivir sin apoyo en contextos vulnerables”, advirtió en esa jornada Fernanda Popolizio, psicóloga y referente de Casa Pueblo.

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