Chile Reintroduce el Proyecto de Legalización del Cannabis: ¿El Principio del Fin de la Prohibición?

Este lunes 2 de junio, el Congreso chileno volvió a abrir las puertas a un debate que lleva años postergado, pero que pareciera ya no poder esperar: la regulación del uso adulto de cannabis, según informó El Ciudadano.

Se trata del proyecto de ley que establece un marco legal para el autocultivo, la tenencia y el porte personal de cannabis psicotrópico y no psicotrópico, tanto a nivel individual como colectivo. Bajo el número de boletín 17.568-11, la moción fue reingresada a la Cámara de Diputadas y Diputados y derivada a la Comisión de Constitución para su discusión formal.

Este avance retoma lo presentado en abril por la bancada transversal “Regulación por la Paz”, pero con un contexto renovado: más respaldo social —hasta del Ejecutivo—, más evidencia científica y mayor urgencia política.

¿Qué cambia con este reingreso del proyecto de ley para legalizar el cannabis en Chile?

El proyecto ya había sido presentado meses atrás. Lo que ocurrió esta semana es un paso clave: su reactivación en la agenda legislativa, lo que permite que finalmente pueda comenzar a discutirse con seriedad en el Congreso.

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Algunos de los puntos centrales incluyen:

• Autorización para autocultivo personal de hasta seis plantas en floración o dos metros cuadrados en interior
• Almacenamiento de hasta 800 g anuales por persona
• Porte permitido de hasta 40 g de derivados psicoactivos
• Cultivo colectivo en organizaciones sin fines de lucro de hasta 400 integrantes
• Delegación del cultivo mediante declaración jurada
• Prohibición de la entrega o venta a terceros fuera del entorno autorizado

Dos fuerzas, una dirección

Mientras el Congreso retoma el proyecto de “Regulación por la Paz”, impulsado por diputados del Frente Amplio, Partido Comunista, PS, PPD y Acción Humanista, el gobierno central comienza a delinear un posible plan de acción estatal para acompañar esa regulación, con foco en salud pública, reducción del narcotráfico y participación comunitaria.

“Mientras las personas usuarias no tengan una vía legal para acceder al cannabis, seguirán siendo empujadas al mercado ilegal. Regular es recuperar el control que hoy tiene el crimen organizado”, sostuvo la diputada Ana María Gazmuri, una de las autoras del proyecto.

El reingreso del proyecto a la Comisión de Constitución no ocurre en el vacío: llega apenas un día después de que el presidente Gabriel Boric incluyera, de manera oficial, la legalización del cannabis y el autocultivo en su Cuenta Pública del 1 de junio de 2025.

Allí, el mandatario confirmó que su administración avanzará en la construcción de un marco regulatorio integral, inspirado en el modelo uruguayo, que contemple no solo el autocultivo, sino también la creación de dispensarios regulados, campañas educativas, capacitación profesional y participación de pequeños productores.

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El plan propuesto por Boric busca integrar las lecciones aprendidas del modelo uruguayo y establecer un marco regulatorio robusto, acompañando un enfoque integral que abarque salud, derechos, educación, economía y participación territorial.

Estos son los pilares anunciados:

• Organismo regulador: Se plantea la creación de una entidad estatal que funcione de manera similar al Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) de Uruguay, encargada de supervisar la producción, distribución, trazabilidad y calidad del cannabis en Chile.
• Educación pública: El plan incluye campañas educativas para desmitificar el uso del cannabis, promover una cultura de consumo informado y responsable, y sensibilizar a la ciudadanía sobre sus usos, riesgos y beneficios.
• Acceso medicinal: Se proyecta fortalecer el uso medicinal del cannabis, incluyendo su prescripción para tratamientos específicos y articulando este acceso con el sistema público de salud.
• Participación comunitaria: El gobierno busca evitar la concentración del mercado legal solo en manos de grandes corporaciones. Por eso, uno de los objetivos clave será incluir activamente a pequeños productores, cooperativas y comunidades indígenas en el diseño y ejecución de las políticas regulatorias.
• Oportunidades económicas: La hoja de ruta prevé fomentar el desarrollo productivo en regiones agrícolas, como Maule y Biobío, potenciando el empleo, la innovación local y el crecimiento sustentable.

Las cuatro fases que propuso el Ejecutivo

El enfoque gradual propuesto por el Ejecutivo contempla cuatro fases, que podrían marcar el ritmo de la legalización durante los próximos años:

• Fase 1 (junio–diciembre 2025): Lanzamiento de campañas mediáticas, talleres educativos y encuentros comunitarios para informar y preparar a la ciudadanía sobre la reforma y sus alcances.
• Fase 2 (enero–junio 2026): Capacitación a profesionales de la salud, como médicos y farmacéuticos, e inclusión de contenidos educativos sobre cannabis en los currículos escolares desde una perspectiva de prevención y salud pública.
• Fase 3 (julio 2026–junio 2027): Promulgación de la ley integral y apertura de dispensarios regulados, garantizando que el acceso sea seguro, informado y fiscalizado.
• Fase 4 (julio 2027 en adelante): Monitoreo continuo del impacto social, económico y sanitario de la legalización, con posibilidad de introducir ajustes y mejoras al sistema regulador conforme se recojan aprendizajes del proceso.

El respaldo social es claro: Chile quiere cannabis legal

Una política pública así no puede construirse sin datos ni consenso. Y lo tiene. Según el estudio “Visiones Globales sobre Vicios”, realizado en 27 países del mundo, el 76% de la población chilena cree que el uso medicinal del cannabis debería ser legal.

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Por otro lado, según la encuesta “Tú Influyes” para Fundación Eutopía:

• El 82% de los encuestados está de acuerdo o muy de acuerdo con una nueva regulación del cannabis.
• El 34% de las personas está a favor de que la marihuana sea abastecida a través de tres sistemas: autocultivo, asociaciones de usuarios y un mercado regulado.
• El 63% cree que la ley actual no diferencia adecuadamente entre consumo y delito.

Por último, la encuesta Plaza Pública Cadem (2014–2022) también mostró que el apoyo a la legalización recreativa alcanzó un 52%, su máximo histórico.

Oportunidades para sanar y reparar

Durante décadas, las políticas prohibicionistas en Chile no lograron frenar el consumo de cannabis, pero sí aumentaron la criminalización, la estigmatización y el contacto forzado con el narcotráfico. Organizaciones como Fundación Daya vienen señalando desde hace años que la falta de regulación castiga especialmente a quienes cultivan para uso propio o medicinal.

Con esta nueva etapa, Chile podría:

• Proteger los derechos de usuarios responsables
• Debilitar el mercado ilegal y el crimen organizado
• Garantizar acceso seguro y trazable
• Promover una política de drogas centrada en salud pública, educación y reducción de daños

El Congreso ahora deberá debatir el proyecto en la Comisión de Constitución. El Ejecutivo, por su parte, deberá poner en marcha la hoja de ruta anunciada por Boric, enfrentando resistencias internas y externas. El desafío será doble: avanzar sin titubeos, y hacerlo con enfoque social, inclusivo y no corporativo.

Chile tiene hoy una oportunidad histórica. Por primera vez, Ejecutivo y Legislativo parecen mirar en la misma dirección. Ya no se trata solo de despenalizar. Se trata de asumir que regular es proteger, cuidar, informar y reparar.

Y aunque el camino no será fácil, la hoja, esta vez, ya está sobre la mesa.