El Laberinto del Cannabis en España: Una Regulación ‘Tímida’ para Un Dolor que No Espera

Viejo Continente, primera puntita de 2026. La noticia dice así: “Sanidad autoriza administrar el cannabis para cuatro patologías”. Por allá, durante 2025, España se sumó a la lista de más 40 países que incluyeron al cannabis en su sistema de salud. Y si aquel fue el “primer gran paso” hoy, en este preciso instante, se están dando los segundos grandes pasos. ¿Qué sucedió concretamente? Bueno, la Agencia Española de Medicamentos (AEMPS), el organismo público que autoriza y regula medicamentos y productos sanitarios, publicó una monografía en la que detalla la composición e indicaciones del uso medicinal de cannabis que pueden prescribir los médicos especialistas.

“Es una noticia que se ha recibido con alivio y bastante respeto. Durante años hemos trabajado en un escenario muy ambiguo, donde sabíamos que había pacientes que podían beneficiarse, pero sin un marco claro para hacerlo bien”, dice Jesús de Santiago, coordinador del grupo de trabajo de Cannabinoides de la Sociedad Española del Dolor. En rigor, la AEMPS pone orden, establece reglas y exige calidad. “Para la comunidad científica es importante porque permite trabajar con medicamentos estandarizados, con controles y con trazabilidad, que es la única forma de generar datos fiables y proteger al paciente”, sigue de Santiago.

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No obstante, hay voces que consideran a esta normativa como “muy tímida”, como la de Manuel Guzmán, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Real Academia Nacional de Farmacia. Y, dicen los que saben, una de las voces más autorizadas del cannabis en España. “La normativa establece condiciones bastante restrictivas para el acceso y uso de dichas medicaciones”, expande Guzmán.

En ese sentido, algunos pacientes toman con pinzas las últimas resoluciones. Como el caso de Carola Pérez, presidenta del Observatorio Español de Cannabis Medicinal, quien padece dolor neuropático y alivia sus síntomas con cannabis. Desde hace tiempo, Pérez se yergue como una de las voces sociales más importantes del tema en España. Su voz siempre es escuchada por la opinión pública, la comunidad científica, las redes sociales y, a veces, también, por la política.

“Seguimos muy preocupados con el tema de la formación de los médicos. Notamos mucha ausencia de interés en aprender de otros colegas europeos. Todavía el Ministerio de Sanidad no ha dicho cómo se puede certificar un especialista y cómo formarlo para prescribir cannabis a un paciente”, asegura Pérez. Y sigue: “Además, sentimos que el programa es insuficiente, ya que deja a muchísimos pacientes afuera”. En principio, el cannabis se administrará únicamente para cuatro indicaciones: dolor crónico, espasticidad por esclerosis múltiple, formas graves de epilepsia y náuseas y vómitos por quimioterapia.

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Cristina Sánchez García es profesora titular del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Instituto Universitario Complutense de Investigación en Neuroquímica. Ella es otra de las profesionales que consideran a este marco regulatorio como “pobre y muy limitado”. Dice: “Supone un primer paso importante, pero el diseño tiene carencias importantísimas (los médicos de familia no están entre los posibles prescriptores, limitación de productos y condiciones a tratar, etcétera) que nos hacen seguir a la cola de Europa”.

Según Araceli Manjón-Cabeza, Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, lo deseable es que “se ponga en funcionamiento la dispensación: que los médicos receten el producto y que las farmacias puedan preparar y dispensar las fórmulas para que lleguen a los pacientes que las necesitan. Habrá que esperar unos meses para saber si el sistema empieza a funcionar o no”.

Amén de advertirse innegables mejoras, todo parece indicar que el siguiente paso lógico anida no sólo en ampliar las indicaciones y hacerlo, en términos formales, bien. “Necesitamos protocolos claros, formación específica para los profesionales y, sobre todo, recoger datos reales: saber en qué pacientes funciona, en cuáles no y por qué. Si no medimos resultados, corremos el riesgo de crear expectativas poco realistas y de perder una herramienta que, usada correctamente, puede ser útil para determinados pacientes”, suma Jesús de Santiago.

“¿Qué se puede mejorar? ¡Todo!”, dispara Pérez. Como paciente, anhela tener el mejor escenario posible y acceso a su medicina. “Queda por delante una labor formativa y educativa muy potente. Hay que ver quién la realiza”, completa. “Parece que nadie se ha tomado la molestia de ver qué cosas están funcionando fuera de nuestras fronteras para incorporarlas a nuestro modelo de regulación”, insiste Sánchez García.

Por lo demás, el sistema aprobado se presenta restrictivo y, en un futuro, deberá pensarse en ampliarlo en beneficio de los pacientes, extendiendo las enfermedades y dolencias que califican para el uso del cannabis. “Por otro lado, habrá que ver si prospera el recurso interpuesto por los farmacéuticos contra el Real Decreto por la limitación de la dispensación a las farmacias hospitalarias, con exclusión de las farmacias comunitarias. Esta limitación no puede explicarse y perjudica a los pacientes. Las farmacias comunitarias pueden dispensar medicamentos más peligrosos que una fórmula magistral de cannabis. Esto solo se puede entender desde la idea distorsionada que se tiene del cannabis”, revuelve Manjón-Cabeza.

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Los pacientes no piden milagros, sino que anhelan claridad y acompañamiento. Quieren saber cuáles son los mejores tratamientos, qué se puede esperar de ellos, qué riesgos tienen y quiénes les van a hacer el seguimiento. Además, están reclamando por acceso regulado y, fundamentalmente, sin estigmas, para no tener que recurrir a vías informales. “En el fondo, lo que piden los pacientes es muy razonable: ser tratados como pacientes, no como consumidores”, de Santiago dixit.

“Hubo una frase que nos hizo mucho daño, que fue cuando empezaron a decir que si el paciente iba a derivar al mercado a terceros. O a revender. ¿En qué cabeza cabe que un paciente se juegue su medicación para revenderlo, con lo difícil que es conseguirlo? ¿En qué momento se está pensando que el paciente sea visto como ‘un delincuente’, incluso antes de empezar? ¿Cómo es posible que no haya confianza en el paciente?”, se planta Pérez. Hasta que el Estado no deje de ver a los pacientes de reojo, el cannabis seguirá administrado a cuentagotas. La comunidad queda atenta a cuál será el tercer gran paso en este escenario que, a pesar de los notables avances, sigue abierto.

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