¿Alguien Realmente Fumó Porro en una Cabina de Votación y se Salió con la Suya?
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Cada pocos ciclos electorales en Estados Unidos, vuelve a circular en internet la misma historia: se dice que alguna vez existió una ley —a menudo descrita como federal— que impedía a la policía arrestar a una persona mientras se encontraba dentro de una cabina de votación. Según la leyenda, ese vacío legal convertía a los centros de votación en una especie de santuario legal temporal. Una zona segura. Incluso, supuestamente, un lugar donde alguien podía fumar un porro sin consecuencias.
Suena demasiado bueno para ser verdad. Y desde el punto de vista legal, en gran medida lo es.
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Pero, como muchos mitos persistentes en torno al cannabis, este no surgió de la nada. Tiene raíces en leyes reales —aunque ampliamente malinterpretadas—, fue amplificado por la audacia contracultural y se mantiene vivo gracias a un puñado de anécdotas inolvidables.
Incluyendo, al menos, a dos personas que aseguran haberlo hecho de verdad.
El mito: ‘No podían arrestarte mientras votabas’
La versión que más circula en internet suele decir algo así: Una ley federal prohíbe arrestar a una persona mientras se encuentra dentro de una cabina de votación.
Ese planteo es incorrecto. Nunca existió una ley federal que otorgara inmunidad a los votantes comunes frente a un arresto mientras votaban.
Lo que sí existió (y en algunos estados todavía existe) son disposiciones constitucionales estatales que ofrecían una protección limitada contra arrestos el día de las elecciones. Y la palabra clave ahí es limitada.
Durante los siglos XIX y principios del XX, muchos estados de EE. UU. incorporaron textos que declaraban que los votantes estaban “protegidos contra arresto” mientras asistían a las elecciones y durante el trayecto de ida y vuelta a los centros de votación.
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Por ejemplo, la Constitución de Carolina del Sur todavía establece:
“Los electores estarán, en todos los casos, excepto traición, delito grave o alteración del orden público, protegidos contra arresto los días de elección durante su asistencia a las urnas para votar, y al dirigirse y regresar de ellas”. – Constitución de Carolina del Sur, Artículo II, Sección 11
Texas, Delaware, Kentucky y otros estados adoptaron un lenguaje prácticamente idéntico.
El objetivo original no era proteger conductas indebidas, sino evitar la intimidación electoral, especialmente la práctica de arrestar personas por asuntos civiles, deudas o faltas menores para impedirles votar.
La frase que derrumba el mito: ‘alteración del orden público’
Ahí es donde la leyenda se desmorona.
Todas estas cláusulas de protección al votante incluyen las mismas excepciones. La protección no aplica en casos de traición, delitos graves o “alteración del orden público”.
Esa frase suena acotada, pero en la práctica no lo es.
Los tribunales han interpretado históricamente el concepto de “alteración del orden público” de manera muy amplia. En derecho constitucional, abarca prácticamente cualquier conducta delictiva o disruptiva. La Corte Suprema de Estados Unidos llegó a esa conclusión al interpretar un lenguaje casi idéntico en la cláusula constitucional que protege a los miembros del Congreso frente a arrestos.
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En otras palabras, estas protecciones estaban pensadas para bloquear arrestos civiles, no para impedir la aplicación de la ley penal. Si alguien cometía un delito dentro de un centro de votación —incluyendo infracciones vinculadas a sustancias, conductas desordenadas o cualquier acto disruptivo— las fuerzas de seguridad conservaban plena autoridad para intervenir.
Así que no: la cabina de votación nunca fue un vacío legal para romper la ley.
Entonces, ¿cómo hizo esta persona para salirse con la suya?
Ahí es donde empiezan a divergir la cultura, la aplicación de la ley y la realidad.
En la práctica, los centros de votación siempre fueron tratados como espacios cívicos sensibles. Las fuerzas de seguridad suelen evitar intervenciones innecesarias el día de las elecciones, especialmente ante situaciones menores. Los trabajadores electorales no son policías. Su prioridad es mantener el orden del proceso, no realizar requisas o arrestos.
Ese espacio entre lo que la ley permite y lo que efectivamente ocurre fue el terreno fértil para que surgieran historias como esta.
El recuerdo de Joe Pipe en 1972
Joe Pipe, un neoyorquino de Brooklyn, escribió recientemente a High Times contando una historia de las elecciones de 1972.
Según Pipe, votó contra Richard Nixon mientras fumaba cannabis de manera discreta a través de una pipa que había ocultado bajo su camisa, canalizando el humo por la manga. Dice que nadie lo notó y que nadie lo detuvo. Aún conserva la pipa.

No existe documentación que respalde el relato, y Pipe no sostiene que lo que hizo fuera legal. Lo presenta como un recuerdo, un momento, y un reflejo de cómo muchas personas usuarias de cannabis se movían silenciosamente por espacios públicos durante la prohibición.
No es evidencia de un derecho legal. Es una anécdota.
El caso más famoso: Ben Masel, 1976
Joe Pipe no es la única persona que hizo esta afirmación.
En 1976, el activista histórico y organizador yippie Ben Masel decidió poner a prueba el mito de forma deliberada en Madison, Wisconsin. Masel entró a su centro de votación, pasó a la cabina, se prendió un porro, lo fumó, se tragó la colilla, emitió su voto y se fue.
Los trabajadores electorales quedaron, según se relata, atónitos y sin saber cómo reaccionar. Masel no fue arrestado.
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Existen fotografías del momento y la historia fue ampliamente difundida y repetida a lo largo de los años, muchas veces sin su contexto legal.
El propio Masel describió el acto como una puesta en escena política. Creía estar explotando una zona gris de la ley. En realidad, si las autoridades hubieran decidido intervenir, nada en la legislación electoral se los habría impedido.
Que no lo hayan hecho habla de discrecionalidad, no de legalidad.
Por qué el mito se niega a morir
Esta creencia persiste porque se siente simbólicamente verdadera, aunque legalmente sea falsa.
El acto de votar es tratado como algo sagrado. Los centros de votación están deliberadamente protegidos de la intimidación. Muchos estados todavía tranquilizan a los votantes aclarando que multas de tránsito impagas, deudas civiles u otras faltas menores no derivarán en arrestos en las urnas.
El secretario de Estado de Kentucky, por ejemplo, aclaró explícitamente esto durante el ciclo electoral de 2010, señalando que los votantes no podían ser arrestados en los centros de votación por órdenes vinculadas a asuntos civiles, aunque remarcó excepciones claras para conductas delictivas.
Con el tiempo, ese mensaje se deformó en internet. Se convirtió en el mito de que las cabinas de votación eran zonas inmunes a arrestos. Una historia lo suficientemente rebelde como para compartirse, y lo suficientemente plausible como para creerse.
La cultura del cannabis, históricamente obligada a operar en los márgenes, abrazó la idea.
La realidad
Nunca existió una ley federal que permitiera fumar marihuana en una cabina de votación. Las leyes estatales que protegían a los votantes frente a arrestos eran limitadas, condicionadas y jamás cubrieron actos delictivos.
Si alguien fumó cannabis dentro de un centro de votación y no enfrentó consecuencias, fue porque nadie decidió intervenir, no porque la ley lo prohibiera.
Aun así, las historias persisten. No porque sean jurídicamente sólidas, sino porque capturan algo real de una época. Un tiempo en el que las personas usuarias de cannabis navegaban la vida pública de manera silenciosa, creativa y, a veces, audaz, poniendo a prueba los límites tanto de la ley como de la cultura.
Eso sí: no confundas una buena historia con una defensa legal.
Vía High Times, traducido por El Planteo
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