Human Rights Watch Urge a Lula Revertir ‘La Destrucción Desenfrenada’ de la Amazonía

La Amazonía brasileña perdió 10.267 kilómetros cuadrados de vegetación en 2022, un nivel récord que coincidió con el último año de Bolsonaro en el poder y que supone un incremento de casi el 25% con respecto a 2021, según datos oficiales preliminares.

El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva necesita “implementar inmediatamente” un plan contra “la destrucción desenfrenada” de la Amazonía brasileña, tras cuatro años en los que Jair Bolsonaro debilitó “severamente” la fiscalización ambiental, afirmó este jueves Human Rights Watch (HRW) en su informe anual.

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La organización de derechos humanos pidió al presidente brasileño restablecer la capacidad operativa de las agencias de protección medioambiental, proteger los derechos de los pueblos originarios y reanudar la demarcación de nuevos territorios indígenas.

“Los defensores de la selva amazónica continuaron sufriendo amenazas y ataques”, denunció HRW al citar el asesinato de “más de 60 personas” por conflictos de tierras y recursos naturales en la región entre enero de 2020 y julio de 2022, según asociaciones locales.

Asimismo, la Amazonía brasileña perdió 10.267 kilómetros cuadrados de vegetación en 2022, un nivel récord que coincidió con el último año de Bolsonaro en el poder y que supone un incremento de casi el 25 % con respecto a 2021, según datos oficiales preliminares.

“En áreas deforestadas, los grupos criminales a menudo prenden fuego a la vegetación restante después de extraer madera valiosa, con objeto de preparar la tierra para el pastoreo o la especulación de tierras”, advirtió HRW.

El número de incendios en la Amazonía brasileña en los 9 primeros meses de 2022 superó el registrado en todo 2021.

“El Gobierno de Bolsonaro debilitó severamente la fiscalización ambiental, fomentando en la práctica redes criminales que impulsan la deforestación y que han utilizado amenazas y violencia contra los defensores de los bosques”, apuntó la organización.

También criticó que la Administración del líder ultraderechista (2019-2022) adoptó “políticas que facilitaron la invasión de tierras indígenas y apartó a funcionarios con experiencia” de cargos importantes en los órganos estatales de protección de los pueblos originarios.

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Por otro lado, HRW alertó que, hasta octubre pasado, el Parlamento brasileño “analizaba proyectos de ley que flexibilizan” la concesión de licencias medioambientales, permiten la minería en las reservas indígenas y “ofrecen una amnistía” a los invasores de tierras.

Por todo ello, considera que el Gobierno de Lula, que asumió el poder el pasado 1 de enero, necesita “fortalecer el programa de protección de los defensores de derechos humanos y ambientalistas”, y trabajar de forma conjunta con los Gobiernos locales y la Fiscalía para responsabilizar a los involucrados en los casos de violencia e intimidación.

Vía El Diario Ar