Sin ARICCAME ni INASE: El Limbo Legal que Asfixia al Cannabis Medicinal en Argentina

Recientemente, el gobierno de Javier Milei optó por disolver la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (ARICCAME) y el Instituto Nacional de Semillas (INASE) —dos entes creados por las leyes 27.669 y 20.247— y reasignar sus funciones.

Si bien el objetivo de la medida es eliminar “duplicaciones administrativas”, reducir costos y pasar a una estructura más “eficiente y especializada”, la realidad percibida por actores del sector cannábico es otra: una grieta que deja sin red legal ni operativa a productores, pacientes, cooperativas y científicos de cannabis medicinal en toda Argentina.

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La puesta en marcha del decreto no fue casual: llegó en los últimos días de las facultades delegadas, que caducaron el 8 de julio, y permitió al Ejecutivo avanzar con recortes sin pasar por Congreso. Según el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, estas fueron las últimas medidas que se podían emitir mediante DNU, ya que sin estos “superpoderes” ninguna modificación de organismos públicos podrá hacerse de ahora en más por decreto.

Con esta nueva estructura, la ANMAT se encargará del cannabis medicinal; la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, del cáñamo industrial; y la Secretaría de Agricultura del mismo ministerio asumirá la regulación de semillas.

La motosierra ya se cargó 101 organismos, algunos eliminados en su totalidad y otros reorganizados y convertidos en unidades internas de ministerios. ARICCAME e INASE son dos de ellos, y cuentan con una particularidad urgente y concreta: el próximo 31 de julio vencen múltiples licencias otorgadas por el INASE. De no renovarse o reemplazarse por nuevos mecanismos claros, centenares de productores y asociaciones quedarían fuera del circuito legal, completamente expuestos.

Frente a esta pausa institucional poco clara, algunas provincias intentaron reaccionar con marcos normativos propios —como Mendoza, Chubut, Misiones, Salta y Buenos Aires—, pero sin un acompañamiento operativo claro desde Nación, estas medidas resultan insuficientes o difíciles de implementar. La ausencia de una regulación centralizada frenó registros, paralizó licencias y sembró incertidumbre en proyectos de exportación que ya estaban en marcha.

En este contexto, varios sectores ligados al cannabis están sintiendo las repercusiones —y no de las positivas, al menos no aún— de esta medida.

En salud, médicos ausentes y pacientes en jaque

Karina Romanelli, de la ONG Cultivo Mi Medicina en la ciudad de Bahía Blanca, conversó con Frente Acano e informó que las nuevas reglas implican que las organizaciones deban contar con un director médico responsable de todos los pacientes.

Esto implica un problema. “No todos los médicos se van a querer hacer responsables”, dijo. Y quienes lo hacen cobran cifras impagables: “5 millones de pesos mensuales por cada 50 pacientes, o 10.000–15.000 por paciente”, compartió.

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Para organizaciones solidarias como la suya, que acompañan a 250 familias con cuotas mínimas, esos montos son directamente inviables. “Lo que cobramos es para poder subsistir, porque lo que queremos es que todas las personas que utilizan cannabis tengan un acceso seguro y con un aceite de calidad. Nuestro trabajo es solidario”, sostuvo.

La ONG alertó que estas trabas sirven para favorecer el acceso a grandes corporaciones y desplazar a las agrupaciones sociales: “Nos quieren como descartar y nosotros somos los que venimos sosteniendo hace varios años los tratamientos de todos los usuarios y cumpliendo el rol del Estado”, exclamó.

Además, denunció que los decretos implican un retroceso concreto en políticas públicas de salud. Lejos de ordenar, el nuevo esquema deja a muchas personas —especialmente quienes cultivan— expuestas a la ilegalidad. Por eso, desde su organización impulsan una red provincial y planean reunirse con el intendente Federico Susbielles para exigir respaldo local.

Romanelli resumió con crudeza lo que muchos pacientes sienten hoy: que el Estado abandonó su rol de garante del derecho a la salud, y dejó en un limbo legal a quienes más lo necesitan.

Sin semilla no hay planta: Laberintos normativos y criaderos al borde del colapso

Mientras el gobierno nacional afirma estar “simplificando estructuras”, lo cierto es que la cadena productiva del cannabis medicinal quedó atrapada en un laberinto normativo. La combinación de requisitos incompatibles, organismos sin funciones claras y respuestas que nunca llegan pone en jaque a criaderos legales que antes abastecían al sistema con trazabilidad y seguridad sanitaria.

El ingeniero agrónomo Eduardo Musacchio, docente de la UBA y asesor y responsable técnico de criaderos de semillas, fue categórico al describir el escenario como “un laberinto normativo”, según Tiempo Argentino.

Desde comienzos de 2024, el INASE exige a quienes buscan registrar nuevas variedades de cannabis un aval técnico del Ministerio de Salud. Pero ese aval, en la práctica, es inalcanzable: las solicitudes “no prosperan porque el Ministerio no responde”, explicó Musacchio. A esto se suma la Resolución 81/2024, que suspendió por completo el ingreso de nuevos operadores al registro, bloqueando incluso a quienes ya tenían proyectos en marcha o estaban en proceso de inscripción.

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Como si fuera poco, desde marzo de 2025, el INASE comenzó a exigir una licencia de ARICCAME como requisito para renovar permisos. Sin embargo, esa licencia solo aplica al cáñamo industrial, no al cannabis medicinal, lo cual torna el requisito imposible de cumplir. Así, cientos de criaderos quedaron al borde de perder cobertura legal, sin poder realizar ensayos de campo, mantener sus lotes o distribuir semillas.

La única alternativa, cada vez más común, es migrar al mercado informal, lo que “erosiona la trazabilidad genética y la calidad sanitaria”, advirtió Musacchio.

Desde El Planteo, Pablo Fazio coincide en que “el acceso a semillas legales se vio bloqueado, el INASE nunca habilitó el sistema y condenó a cientos de emprendimientos a operar sin garantías legales”.

En otras palabras: en vez de eliminar trabas, los cambios institucionales multiplicaron las puertas cerradas.

REPROCANN, ANMAT y la desconfianza del sector

Durante la intervención de ARICCAME, el único avance fue un esquema simplificado para cáñamo industrial, “una medida de alcance limitado que no respondió a las demandas del cannabis medicinal”, argumenta Fazio.

En paralelo, el Ministerio de Salud endureció el acceso al REPROCANN, el registro de pacientes y productores con fines medicinales. La resolución 3132/2024, promulgada en agosto, exigió a los prescriptores contar con una diplomatura o maestría, prohibió la inscripción de ONGs cuyos directivos tuvieran antecedentes penales, y limitó el número de usuarios por cultivador solidario. Esta exigencia, junto con la revisión de más de 100.000 solicitudes, generó un cuello de botella en el acceso formal.

El reciente traspaso de responsabilidades hacia ANMAT generó aún más preocupación. Podría ser una medida riesgosa, puesto que el organismo atraviesa una terrible crisis de legitimidad y también exhibe un declive de capacidades técnicas debido al ajuste presupuestario y la reducción de personal.

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El caso más grave fue el lote contaminado de fentanilo que provocó la muerte de decenas de personas, además de infecciones por bacterias como Klebsiella pneumoniae. Esto derivó en clausuras, inhibiciones de bienes y cuestionamientos directos a la institución. Se revelaron fallas alarmantes: áreas críticas de control con planteles mínimos, apenas 20 inspectores para sustancias controladas, y revisiones ocasionales postergadas —a veces “no se hacían”— por falta de personal.

Este contexto genera desconfianza en el sector. Cuando ANMAT debe garantizar la calidad y seguridad de productos derivados del cannabis medicinal, su reputación y operatividad están en duda. El lamentable episodio del fentanilo contaminado expone un organismo debilitado, más enfocado en restricciones que en ofrecer un marco facilitador y seguro para una industria en crecimiento.

Conclusión: Riesgo sistémico a la salud pública e innovación

El Estado no eliminó las reglas, pero las desarticuló: al redistribuir funciones entre ANMAT, Industria y Agricultura, dejó un vacío operativo que amenaza con desmantelar todo el ecosistema que, durante años, fue construyendo el cannabis medicinal en Argentina. Producción, investigación, exportación y acceso seguro hoy están en jaque.

Como dijo Fazio: “Cerrar sin corregir deficiencias ni ofrecer un horizonte alternativo no constituye una solución, sino una renuncia al desarrollo productivo, la innovación y el trabajo digno”.

Mientras Nación desmantela, el sector se reorganiza desde abajo: cooperativas que siguen cultivando, ONGs que continúan entregando aceites, provincias que ensayan marcos locales para sostener lo que el gobierno nacional dejó caer. Pero sin respaldo jurídico ni articulación institucional, todo esfuerzo termina expuesto al desgaste o al margen.

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Un entramado que vivía de la colaboración entre universidades, productores, asociaciones y pacientes hoy queda atrapado entre la desconfianza, los costos imposibles y la criminalización.

El riesgo no es abstracto: hay pacientes sin cobertura médica, cultivadores vulnerables, proyectos frenados, y una ventana de desarrollo agro-biotecnológico que el país podría dejar escapar.

La pregunta es una y bastante urgente: ¿tiene el Estado voluntad política para reconstruir un marco legal integral, o es esto una gran excusa para que el sistema colapse bajo el peso de su propia ineficiencia impuesta?

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