Fuego con Fuego: Narcos, 121 Muertos y la Mayor Masacre Policial en la Historia de Brasil
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Las nefastas imágenes ya están llegando a todos los rincones del mundo: violencia policial, caos y filas de cuerpos que no paran de crecer. Esa es la situación actual en las favelas de Río de Janeiro, Brasil, que está en este momento viviendo el mayor operativo policial de su historia, con más de 100 muertes confirmadas.
Concretamente, el gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro, autorizó el despliegue de 2.500 efectivos de la Policía Militar y la Policía Civil en la madrugada del martes 28 de octubre. Tal operativo fue rápidamente calificado como “el más sangriento de la historia” de la ciudad, con 64 muertes. Hoy, dos días después, la cifra oficial se duplicó a 121, y todavía no está cerrada; la Defensoría del Pueblo asegura que asciende a 132.
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La operación fue planificada durante dos meses tras un año de investigación, y culminó en la detención de 81 miembros del grupo narcotraficante Comando Vermelho, informa el New York Times.
Actualmente, los medios se ven inundados de imágenes pesadillezcas: filas de cuerpos siendo llorados por sus familias, casas y autos carcomidos por el fuego, drones atacando policías, decenas de jóvenes arreados como ovejas, columnas de humo elevándose en el horizonte… La ciudad se encuentra en vilo, dividida entre el control paramilitar y el narco, entre barricadas y lluvias de balas que ya han alcanzado a un número indeterminado de civiles.
Narcos y policías en Brasil: Un poco de contexto
El objetivo de la movida policial era desarmar la agrupación Comando Vermelho, una de las bandas narco más prolíferas de Brasil, dedicada al tráfico de drogas y armas. Según el medio argentino El Destape, esta organización nació a fines de los ’70, abocándose a delitos como asaltos de bancos o secuestros de empresarios y figuras prominentes, para luego volcarse al narcotráfico. Para los ’90, Comando Vermelho ya tenía el 90% de las favelas de Río bajo su control, pero en las décadas subsiguientes su poder fue menguando. No obstante, hoy sigue siendo considerada una de las organizaciones criminales más peligrosas de Brasil, y su influencia ha sobrepasado las fronteras del país.
Esta semana, la Policía Militar de Río de Janeiro atestó un golpe contra el Comando, con el objetivo de capturar a sus dirigentes y frenar su expansión. Cabe aclarar que las fuerzas del orden brasileñas ya tienen un extensivo historial contra este tipo de organizaciones; un historial que, como señala la BBC, no es particularmente eficiente. Las decenas de operaciones realizadas en los últimos años no han frenado el avance de la influencia narco en las favelas, ni ha recuperado zonas bajo la protección estatal. Todavía está por verse el resultado del último operativo, que por lo menos ha logrado parte de su objetivo y ha podido capturar algunos dirigentes del Comando.
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Más recientemente, el gobernador Castro y Ricardo Lewandowski, ministro de Justicia, anunciaron la cooperación entre las fuerzas federales y las fuerzas estatales de Río de Janeiro, y la creación de una oficina conjunta para combatir el crimen organizado. Este último punto fue enfáticamente marcado por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que pidió por un “trabajo coordinado que ataque la raíz del narcotráfico sin poner en riesgo a policías, niños y familias inocentes”.
Tira y afloje: Derecha versus izquierda, mano dura versus derechos humanos
Por lo pronto, entes públicos tanto dentro como fuera de Brasil se están manifestando con respecto a los hechos. La ONU se apresuró a pronunciarse “horrorizada” ante la brutalidad, y a criticar la tendencia de la policía brasileña de ejercer violencia sobre las comunidades marginadas de las favelas sin mucho reparo por los derechos humanos. También exigió que se realice una investigación al respecto.
En la misma vena, la organización Human Rights Watch calificó al operativo como “un desastre” y “una tragedia”, y reclamó que se investiguen rigurosamente las muertes. Asimismo, la presidenta de la Comisión de DDHH de la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro, Dani Monteiro, criticó el accionar estatal tildándolo de “masacre“, y exigió explicaciones por lo que podría ser “la mayor violación cometida por el Estado en la historia de la redemocratización brasileña”.
En el lado opuesto del espectro político, la situación fue celebrada por actores de la ultraderecha. Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente, aseguró que “no hay otra manera de buscar la libertad” y criticó a Lula. En el Congreso brasileño, los bolsonaristas no se limitaron a festejar, sino que llegaron a cortar el micrófono de otros legisladores que buscaban solidarizarse con las víctimas.
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Así, el conflicto estuvo marcado por la tensión entre las facciones políticas en Brasil desde el minuto uno. El gobernador bolsonarista del estado de Río y responsable de los acontecimientos no tardó en criticar al presidente, afirmando que no pidió ayuda al gobierno militar porque ya se le había negado en tres ocasiones pasadas. Esto fue parcialmente confirmado por el ministro de Justicia, que aseguró que no recibieron ningún pedido de ayuda (ni permiso) para realizar el operativo, llegando a cuestionar la legalidad del mismo.
“Río de Janeiro está hoy completamente solo en esta lucha”, aseguró Castro en su momento. “Para una guerra como esta deberíamos tener mucho más apoyo, quizá incluso de las fuerzas armadas”. Pero según el NYT, Lewandowski refutó estos dichos, destacando varias acciones conjuntas entre fuerzas estatales y federales contra el crimen organizado en los últimos años.
Pero esta situación va más allá de los desacuerdos puntuales de dos funcionarios. Es imposible analizar fielmente el panorama sin tener en cuenta factores como el violento historial de Brasil a la hora de lidiar con organizaciones narcos, o la persistente influencia de Estados Unidos y su interminable Guerra contra las Drogas. En este último punto, quizás no resulte casual que la trágica situación en Río ocurra en paralelo con la reciente campaña de Donald Trump contra el narcotráfico en América Latina.
No obstante, cabe destacar que, si bien las violentas políticas de “mano dura” tan favorecidas por la derecha han demostrado fallar constante y contundentemente, tampoco es que los gobiernos que priorizan a los DDHH en sus discursos han brindado soluciones eficientes, por lo menos en el caso de Brasil. Las críticas al gobierno de Lula por exceso de tibieza o inacción no carecen de sustento, y la sociedad todavía espera algún tipo de medida satisfactoria.
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En Brasil, la situación es particularmente desoladora: la violencia alrededor del narcotráfico y la respuesta de las fuerzas del orden han causado miles de muertes violentas y encarcelamientos con el correr de las décadas. Ahora, esto no afecta a toda la población por igual, siendo mayor la violencia contra las poblaciones negras y empobrecidas: destaca el racismo inherente en el accionar policial, uno de los pilares de la Guerra contra las Drogas. Según un estudio de 2023, esta violencia también se traduce en términos económicos, y le cuesta a la población BRL 50 mil millones anuales, lo que corresponde a 0,77% de su PBI. Decenas de organismos vienen reclamando al Estado desde hace años, que no atina a responder sin caer en la misma receta de la violencia institucional.
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