EEUU: La Sentencia de Muerte del Cáñamo Podría Recibir una Prórroga

Un proyecto de ley bipartidista busca ganar tiempo y postergar hasta 2028 la prohibición federal del THC derivado del cáñamo, dando tiempo a agricultores, cerveceros y legisladores para reemplazar la prohibición por regulación.

El 12 de enero, el representante Jim Baird, de Indiana, presentó la Ley de Previsibilidad para la Siembra de Cáñamo, un proyecto breve que propone retrasar la implementación de la nueva definición federal de cáñamo de un año a tres. El cambio movería la entrada en vigor de noviembre de 2026 a noviembre de 2028, otorgando tiempo para que agricultores, fabricantes y reguladores negocien una alternativa regulatoria a la prohibición.

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Según informó Marijuana Moment, el proyecto llega tras semanas de creciente preocupación por parte de funcionarios estatales, cerveceros, agricultores y asociaciones del sector del cáñamo, que sostienen que el cronograma actual es impracticable.

Una modificación pequeña, con consecuencias enormes

El proyecto en sí tiene apenas dos páginas y realiza un solo cambio. Modifica la Sección 781 de la ley de asignaciones presupuestarias que puso fin al cierre de 2025, reemplazando la frase “365 días” por “3 años”.

Esa única edición pausa un giro de política regulatoria de gran alcance que, de otro modo, entraría en vigor el próximo año. Bajo el acuerdo del cierre, la mayoría de los productos derivados del cáñamo pasarían a considerarse marihuana ilegal si contienen más de 0,4 miligramos de THC total por envase. La ley también prohíbe los cannabinoides sintéticos y los obtenidos mediante conversión química, y redefine el cáñamo de una forma que desmantela buena parte del mercado posterior a 2018.

High Times ya había analizado en detalle las implicancias de ese lenguaje en su cobertura del acuerdo del cierre gubernamental que volvió a criminalizar el cáñamo, iniciando una cuenta regresiva de un año que muchos operadores describieron como una amenaza existencial.

Apoyo bipartidista y la presión de la temporada de siembra

Desde el inicio, el proyecto de Baird reunió respaldo de ambos partidos. Entre los primeros copatrocinadores figuran los representantes James Comer (Kentucky), Gabe Evans (Colorado), Tim Moore (Carolina del Norte) y Angie Craig (Minnesota).

En declaraciones posteriores a la presentación del proyecto, los legisladores enmarcaron la prórroga como una cuestión de simple realidad agrícola.

“Sembrar y cultivar requiere planificación con mucha anticipación”, afirmó Baird, señalando que los agricultores tomaron decisiones de inversión bajo el marco establecido por la Ley Agrícola de 2018 y ahora enfrentan una incertidumbre legal repentina.

Craig coincidió con esa preocupación y sostuvo que los cambios recientes “les sacaron el piso” a los productores de cáñamo, cerveceros artesanales y comerciantes de Minnesota, en un momento en que muchas pequeñas empresas ya lidian con el aumento de costos y la inestabilidad.

Estas inquietudes coinciden con lo que High Times informó en noviembre, cuando varios estados comenzaron a advertir que resistirían el tope federal en lugar de desmantelar de inmediato mercados de cáñamo ya regulados.

La respuesta de la industria: ganar tiempo, no inmunidad

La U.S. Hemp Roundtable celebró el proyecto, calificándolo como una pausa necesaria y no como un intento de eludir la supervisión. En un comunicado, la organización señaló que la extensión permitiría a legisladores y reguladores avanzar hacia “un marco regulatorio responsable”, en lugar de precipitarse hacia la prohibición.

Jonathan Miller, principal asesor legal de la entidad, afirmó que la prórroga daría mayor claridad a los agricultores al momento de decidir qué sembrar y reduciría el riesgo de interrupciones en la cadena de suministro y cultivos varados.

“Esta legislación bipartidista agrega tiempo al reloj para una elaboración de políticas reflexiva”, dijo Miller, subrayando que el objetivo sigue siendo una regulación que proteja a los consumidores sin destruir una industria agrícola legal.

Ese enfoque refleja los argumentos que High Times exploró en su análisis sobre por qué se produjo la prohibición del cáñamo y si límites de edad y mecanismos de control, en lugar de la criminalización, podrían haber respondido a las preocupaciones del Congreso. En enero, High Times planteó que EEUU ya sabe cómo regular sustancias con efectos psicoactivos y se preguntó por qué no puede simplemente exigir identificación para el THC del cáñamo, como hace con la cerveza.

Una contradicción de política pública sale a la luz

El momento en que aparece este proyecto también pone en evidencia crecientes contradicciones dentro de la política federal sobre cannabis.

Como informó High Times en diciembre, un memorando del Servicio de Investigación del Congreso reconoció que las agencias federales podrían no contar con los recursos ni con un plan claro para hacer cumplir la prohibición del cáñamo una vez que entre en vigor. Ese análisis sembró dudas sobre si la prohibición podría aplicarse de manera efectiva.

Al mismo tiempo, el presidente Donald Trump instó públicamente al Congreso a revisar la definición de cáñamo para proteger el acceso al CBD de espectro completo, incluso después de haber firmado la ley del cierre gubernamental que activó la prohibición. Estas señales contradictorias incrementaron la urgencia de quienes piden una pausa.

En el boletín Policy, Decoded del THC Group, Shawn Collins describió el proyecto como una maniobra de supervivencia de cara a la temporada de siembra de 2026, argumentando que los agricultores no pueden arriesgar capital en cultivos que podrían reclasificarse como contrabando antes de la cosecha. También señaló que la prórroga crea espacio para que el Congreso armonice prioridades federales en conflicto, en lugar de consolidar un umbral arbitrario.

No es una derogación, sino una reapertura del debate

La Ley de Previsibilidad para la Siembra de Cáñamo no elimina la prohibición del cáñamo, y no hay garantías de que sea aprobada. Es uno de varios esfuerzos en competencia que circulan actualmente en Washington, incluida una propuesta más amplia en el Senado impulsada por Ron Wyden y Jeff Merkley, que busca reemplazar la prohibición por un marco regulatorio nacional.

Lo que sí logra el proyecto es reabrir una disputa que el Congreso intentó cerrar discretamente durante un cierre gubernamental. Indica que las consecuencias de la prohibición del cáñamo ahora son lo suficientemente visibles como para forzar una segunda revisión.

Como High Times ha documentado en su cobertura —desde el impacto sobre semillas y genéticas hasta el riesgo de una aplicación desigual entre estados—, el acuerdo del cierre remodeló el panorama del cannabis mucho más de lo que la mayoría de los legisladores reconoció públicamente en su momento.

Por ahora, el reloj no se detuvo. Pero por primera vez desde noviembre, hay un intento serio en el Congreso de hacerlo avanzar más lento.

Vía High Times, traducido por El Planteo

Foto de portada creada con IA.

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