Repercusión en las Provincias del Cierre de INASE y ARICCAME, ¿Quién Toma la Posta del Cannabis en Argentina?

Desde que el gobierno decidió disolver la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (ARICCAME) y el Instituto Nacional de Semillas (INASE) —dos entes creados por las leyes 27.669 y 20.247— y reasignar sus funciones, se abrió una grieta que deja sin red legal ni operativa a productores, pacientes, cooperativas y científicos de cannabis medicinal en todo el país.

El Decreto 462/2025, publicado el 8 de julio, disolvió oficialmente los organismos descentralizados. Sus competencias fueron redistribuidas: la ANMAT se encargará del cannabis medicinal; la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, del cáñamo industrial; y la Secretaría de Agricultura del mismo ministerio asumirá la regulación de semillas.

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Según el texto oficial, el objetivo es eliminar “duplicaciones administrativas” y reducir costos, al pasar de un organismo descentralizado (con 5 directores, 25 consejeros federales, 7 empleados) a una estructura interna del Estado más “eficiente y especializada”.

En este contexto, ya se pueden advertir algunas repercusiones —y no de las positivas, al menos no aún— tras las disoluciones de los organismos encargados de las facetas medicinales e industriales del cannabis en la Argentina.

Pero no todo está perdido: frente al silencio a nivel nacional, algunas provincias intentan avanzar con sus propios marcos normativos para sostener el desarrollo de la industria argentina del cannabis y proteger a pacientes, productores y cooperativas.

¿Soluciones provinciales o parches temporales?

Por caso, Mendoza, Chubut y Misiones cuentan con leyes provinciales que podrían ofrecer cierta cobertura legal a las actividades vinculadas al cannabis medicinal e industrial. Sin embargo, dichos marcos dependen de una interpretación política favorable, y no reemplazan la legislación ni las licencias nacionales.

“Si hablamos de un marco de acuerdo con la provincia, no tiene fuerza de ley… pero si existe una ley provincial y se trabaja dentro de su territorio, no habría problema”, explicó Martín Speyer, presidente de la cooperativa Criadores del Litoral, en diálogo con Primera Edición.

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“Nos esperábamos esto”, reconoció Speyer tras la disolución que dejó a cientos de emprendimientos sin un marco legal claro.

Desde marzo, contó, “comenzó un ‘tire y afloje’ entre INASE y ARICCAME para determinar la competencia regulatoria”. El desenlace, entre otras adversidades, dejó a más de 40 variedades de semillas registradas legalmente y otras 200 en trámite, paralizadas. “No hay un marco legal. La alternativa al marco legal es el penal o la prisión”, comentó preocupado.

En Entre Ríos, Guillermina Ferraris, de la asociación civil Efecto Séquito, denunció que “esto genera otro limbo legal para todas las personas que dependían de esas agencias”. Agregó que muchos proyectos y personas están siendo expuestas a la ley, según APFDigital.

“Corremos riesgo de ser criminalizadas por usar o producir cannabis medicinal, y entendemos que la salud no puede esperar”, enfatizó.

Hasta ahora, las provincias que han tomado iniciativas para regular el cannabis medicinal ante la falta de respuesta del gobierno de Argentina son Buenos Aires, Salta, Mendoza, Chubut y Misiones.

Proyectos provinciales estancados y en incertidumbre

Según el gobierno nacional, la decisión de desmantelar y disolver organismos de regulación —en un contexto de “destrucción del Estado”, en sus propias palabras— busca “recortar el gasto público” y promover la efectividad estatal. Sin embargo, estas medidas parecieran estar generando el efecto contrario en PYMEs, productores y líderes de la industria de las provincias que se ven afectados e imposibilitados de avanzar en términos legales.

En Noroeste Argentino (NOA) —Salta y Jujuy, principalmente— cerca de 800 productores veían avanzadas gestiones de certificación para exportar, incluyendo 60 variedades únicas de semillas. Ahora, advirtió Horacio Lagos, referente de Autocultivadores de Cannabis del NOA, “la decisión […] dejó en situación de incertidumbre a productores de cannabis del Noroeste Argentino que venían tramitando certificaciones para exportar”.

La suspensión del registro de semillas, junto al desmantelamiento de los entes regulatorios, significa que proyectos con alto potencial de exportación están ahora varados, sin saber si podrán continuar su actividad.

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El panorama es similar en Mendoza. La provincia había dado un gran paso en abril al aprobar la Ley 9.617 para crear su propio Registro Provincial del Cannabis y Cáñamo Industrial, con apoyo casi unánime en el Senado —con sólo un voto negativo—, e integrada por actores como ISCAMEN, CONICET, ONGs y productores.

Sin embargo, tras la disolución de los entes nacionales, la reglamentación quedó frenada. “Estamos esperando definiciones”, reconoció el ministro Natalio Mema al medio Los Andes.

En suma, la industria que había nacido con impulso estatal —ley 27.669 mediante— enfrenta hoy barreras muy fuertes: semillas sin registro, licencias en el limbo, y consolidación institucional en pausa, lo que pone en riesgo miles de empleos, proyectos científicos y el acceso al mercado exterior.

Por eso, referentes del sector insisten en que no alcanza con soluciones fragmentadas, y exigen una coordinación urgente entre los ministerios que recibieron las competencias tras la disolución de ARICCAME e INASE. Sin resoluciones operativas, manuales de procedimiento ni ventanillas administrativas, incluso las mejores intenciones provinciales corren el riesgo de quedar en papel.

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