Chile: Nueva Ley Contra el Narcotráfico Permite el Uso Medicinal de Cannabis
Esta semana, el Diario Oficial chileno ha publicado la tan esperada Ley 21.575 contra el Narcotráfico, tambien conocida como Ley Antinarco, una modificación legal que busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado y regular la gestión de los bienes confiscados en dichos delitos. Promulgada hace dos semanas por el presidente Gabriel Boric, la nueva ley también destaca por su esfuerzo en reforzar las instituciones de rehabilitación y reinserción social, un paso crucial para desmantelar la infraestructura del narcotráfico.
La ley se compone de seis artículos y dos transitorios, todos destinados a ajustar los reglamentos de la Ley de Drogas a la nueva normativa. Estas actualizaciones, según lo estipulado, deben realizarse en el plazo de tres meses desde su publicación, es decir, antes del 23 de noviembre de 2023.
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Uno de los cambios más significativos es la incorporación de un inciso en el artículo 8 de la actual Ley 20.000, que permite justificar el cultivo de cannabis con la presentación de una receta médica. Esta modificación refleja un intento de diferenciar entre el uso medicinal y recreativo de la planta, una distinción que ha sido una fuente de debate en el ámbito internacional.
La Ley Antinarco también impone severas sanciones a quienes administren sustancias ilícitas sin consentimiento, con penas que pueden llegar hasta los 15 años de prisión. Del mismo modo, se castiga con dureza a quienes suministren a menores de 18 años productos que contengan solventes o gases inhalantes dañinos, con penas de hasta 10 años y multas de hasta 25 millones de pesos.
Además de endurecer las sanciones, la ley tiene en su mira los bienes adquiridos a través del narcotráfico. Bienes muebles e inmuebles confiscados pueden ser destinados provisionalmente a petición de la Fiscalía a instituciones estatales o a instituciones privadas sin fines de lucro, siempre que su objetivo sea la prevención del consumo indebido o la rehabilitación de las personas afectadas por la drogadicción.
Esta nueva Ley Antinarco se implementa en un contexto de creciente inseguridad en Chile, con una tasa de asesinatos de 4,7 por cada 100.000 habitantes en 2022, un aumento del 34,33% con respecto al año anterior. En respuesta a esta crisis, el gobierno de Boric ha dado prioridad a 16 proyectos de seguridad en el Congreso Nacional durante el pasado marzo.
La publicación de esta ley en el Diario Oficial es una señal de un compromiso renovado con la lucha contra el narcotráfico, una lucha que se libra tanto en las calles como en los escritorios de los legisladores.
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