Elecciones en Costa Rica: Candidatos Definen Sus Posturas Sobre la Regulación de Uso Adulto del Cannabis

Las elecciones presidenciales en Costa Rica están programadas para el 1 de febrero del 2026 y el panorama es bastante amplio. A caballo de la fragmentación y la indecisión, los costarricenses deberán elegir entre un enorme menú de candidatos. Incluso, algunos de ellos plantaron posición públicamente sobre la legalización del cannabis.

Allí, existe desde 2022 la Ley 10.113 orientada al cannabis con fines exclusivamente medicinales y terapéuticos. Esa Ley también autoriza al uso alimentario e industrial del cáñamo. Sin embargo, el uso recreativo o adulto sigue siendo ilegal en territorio tico. La Ley de Narcóticos considera a las dosis personales como “delito”. Y a raíz de los recientes intentos por legalizar y regularizar el cannabis recreativo, el tema volvió al candelero público.

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Según datos del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, un órgano adscripto al Ministerio de Salud de Costa Rica, sobre una encuesta orientada al consumo de sustancias psicoactivas, muestra que el uso de cannabis ha venido aumentando desde el año 1990. “Aunque no nos guste, esa es una realidad que no podemos negar”, dice Juan Carlos Hidalgo, candidato del Partido Unidad Social Cristiana.

“En Costa Rica hay consumo de cannabis pero la prohibición de su venta hace que sea satanizado por algunos sectores y la discusión sigue estando más dominada por la criminalización. No hay una política de educación laica, científica y no moralista hacia el consumo del cannabis por lo que el contexto es aún lento”, suma David Hernández Brenes, candidato del Partido de la Clase Trabajadora.

En los últimos tiempos, también hubo una creciente presión policial y de operativos de seguridad enfocados en el decomiso. “Muchas veces se criminaliza al usuario. El consumo no está prohibido, lo que está prohibido es su comercialización y su plantación”, aporta Ariel Robles Barrantes, candidato del Frente Amplio.

Ahora bien, ¿qué piensan los candidatos que evidenciaron su posición pública a propósito de la regulación?

“El uso adulto del cannabis, o de otras drogas suaves, debería ser una decisión personal en la que la acción estatal haya permitido que cada persona puede decidir sobre su consumo de manera informada, científica y laica sin temor a una actitud punitiva o moralista del estado. El uso debe ser consciente de todas las aristas que implica el consumo de estas sustancias”, confiesa Hernández Brenes.

En ese sentido, Hidalgo también cree que el cannabis “debe ser una sustancia cuyo consumo recreativo sea legal y, por supuesto, regulado con criterios de salud pública que garanticen la protección de la población, especialmente de las personas menores de edad”.

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Y en el caso de Robles Barrantes, ve en la legalización un “beneficio”. En primera instancia, asegura, que sería positivo para “quitarle el negocio al narcotráfico”. Dice: “Hoy, en nuestro país y en cualquier país de Latinoamérica donde no está regularizado el consumo de cannabis, realmente queda a la deriva y es el negocio ilícito el que termina saliendo ganancioso de esto”. Y a partir de ahí, propone generar recursos para que sea el Estado quien los administre. “Esos recursos se pueden invertirse en educación, en salud, en seguridad y que eso, además, genere empleabilidad”, puntualiza Robles Barrantes.

Sin embargo, en Costa Rica hay sectores religiosos y ultraconservadores que suelen oponerse en este debate polarizante, que entroniza sus complejidades y que suele dividir aguas. Aún así, a pesar de esa resistencia, el tema está en la agenda pública y parte del electorado está preguntándole a los diversos espacios cuál es la posición de sus candidatos sobre esta temática.

Enseguida, Robles Barrantes defiende la posibilidad del debate y reconoce que son “especialmente los más jóvenes” quienes “más han defendido la tesis de la regulación del consumo de cannabis”. En 2023, Robles Barrantes tuvo un revuelo mediático a partir de una confesión: “Así como también lo dijo Barack Obama en campaña, también dije que en su momento había consumido marihuana, pero que eso no me hacía una persona mala, ni me convertía en un delincuente. Lo hice para intentar combatir el estigma”.

Por caso, Hidalgo, sabe que esta discusión requiere de herramientas para “tomar una decisión informada”. De su boca: “Deben advertirse los riesgos que supone un consumo problemático de esta y muchas otras sustancias”. Vuelve al punto Robles Barrantes: “La regulación que requerimos es responsable, entendiendo que también genera un impacto social y que hay personas a las que el consumo de cannabis les puede resultar algo problemático. Por lo tanto, hay que generar un programa de atención y un acompañamiento a las familias”.

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Entre las plataformas electorales, Hernández Brenes, candidato del Partido de la Clase Trabajadora, la focaliza en el desempleo, la pobreza, la salud pública, la educación y la vivienda. “Planteamos un proceso de socialización de las empresas y que se dé una planificación económica con un gobierno basado en asambleas de trabajadores y trabajadoras”, lanza el candidato, con una propuesta que no estuvo exenta de polémicas en las redes sociales y en los medios de comunicación. “Planteamos una serie de políticas que lleven a terminar con la carnicería que se vive en los centros de trabajo”, continúa.

Por su parte, Juan Carlos Hidalgo, candidato del Partido Unidad Social Cristiana, busca “emparejar la cancha”. Su principal propuesta anida en discutir la concentración de “los grandes beneficios”. En sus palabras: “’Emparejar la cancha’ significa llevarle esos beneficios a todos los costarricenses y permitirles crecer a todos aquellos que van a trabajar a diario y lidian con impuestos, inseguridad, costos, trámites y falta de infraestructura”.

Y en el caso de Ariel Robles Barrantes, candidato del Frente Amplio, pretende retornar con la inversión en educación y darle a su posible mandato un enfoque en seguridad, no sólo de presencia policial, sino de orden preventivo. Además, propone inversión social para el desarrollo de viviendas, colegios, centros de salud y espacios públicos. “Un abordaje que pueda incidir en la calidad de vida de las personas”.

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Aferrado a cierto descontento con la clase política, Hernández Brenes planea cosechar allí donde se reflejan el abstencionismo y la apatía. “Tenemos la expectativa de sumar cada vez más personas a nuestras propuestas de manera que desarrollemos una alternativa que cambie radicalmente el rumbo del país y que se centre en una economía basada en satisfacer las necesidades de la clase trabajadora”, afirma.

Hidalgo confía en que los costarricenses, al conocer sus propuestas y al escucharlos debatirlas, “se darán cuenta que somos la mejor alternativa”. Señala: “No pretendemos negar ni incendiar lo bueno que tenemos, sino que buscamos ampliarlo”.
Y Robles Barrantes, con algunas encuestas a favor, anhela llegar a una segunda ronda electoral en disputa con el gobierno actual. “Buscamos gobernar con una perspectiva diferente, con enfoque social, que reconozca la dignidad del trabajo, que se esfuerce por reducir la jornada laboral y que podamos tener nuevamente un modelo de educación, salud y seguridad como base de una de las democracias más sólidas de toda Latinoamérica”, concluye.

El debate sobre el cannabis en Costa Rica viene siendo un motor inesperado en estas elecciones presidenciales. Aún con el lastre de los estigmas y las reacciones conservadoras, un sector considerable del electorado está forzando a los candidatos a salir de la zona gris y a exponer su visión sobre la regulación. Así las cosas, el 1 de febrero de 2026, los costarricenses elegirán un nuevo presidente. ¿Será el próximo gobierno el que despoje al cannabis recreativo de su etiqueta de “delito” y lo incorpore al motor fiscal? La respuesta está en las urnas.

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