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Ley de Estupefacientes en Argentina: Cannabis y el Fracaso de la Lucha Contra el Narcotráfico

Por Lola Sasturain

Ley de Estupefacientes en Argentina: Cannabis y el Fracaso de la Lucha Contra el Narcotráfico

✍ 21 octubre, 2020 - 10:27

Graciela Touzé es trabajadora social, profesora, investigadora y especialista en Ciencias Sociales y Salud y, también, la presidenta de Intercambios Asociación Civil. Touzé es una de las fundadoras de la ONG, creada en 1995 junto a otrxs colegas, que funciona como un espacio de investigación, intervención social, capacitaciones, asesoramiento e incidencia política.

Intercambios se formó cuando este grupo de profesionales identificó que era necesario un espacio institucional que trabajara el tema de la droga desde una perspectiva de reducción de daños, fundamentalmente en un momento donde la epidemia de VIH estaba afectando a los consumidores de sustancias endovenosas.

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“Yo vengo de las ciencias sociales y siempre me pareció que el abordaje del tema de las drogas era un cristal muy interesante para mirar el comportamiento social. Se ven procesos de estigmatización, de discriminación, de criminalización”, describe Touzé sobre los motivos que la llevaron a trabajar estas temáticas.

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Cronología de una ley llena de inconsistencias

El pasado 5 de octubre, responsables detrás de varios organismos no gubernamentales debatieron en el Senado a propósito de la Ley de Estupefacientes (23.737), aquella que penaliza el consumo de cualquier sustancia ilegal.

Este espacio de debate sobre esta ley, sancionada hace 31 años, fue abierto por la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado. “Desde diferentes ámbitos evaluamos que es una ley que no cumplió con el objetivo que tiene y que ha generado una gran cantidad de efectos contraproducentes”, dice Touzé.

Para la presidente de la asociación, este debate se convierte en una instancia necesaria y prometedora, pero todavía para nada concluyente. De hecho, la discusión no es nueva y pasó por diferentes instancias desde que la ley existe.

Dice Touzé que el momento en el que más cerca se estuvo de finalmente modificarla fue cuando, entre el 2010 y el 2012, las tres fuerzas políticas mayoritarias habían llegado a un consenso. Pero desde ese momento no volvió a haber un debate importante en el ámbito legislativo.

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Para Intercambios, el principal conflicto de la Ley de Estupefacientes está en la figura que aparece en el Artículo 14 de la ley, que es la penalización de la tenencia para consumo personal.

Detrás, hay una historia de contradicciones e inconsistencias.

Esta es una ley que se aprobó tres años después del histórico Fallo Bazterrica, cuando la Corte Suprema de Justicia de esa época, en el año ‘86, declaró que “penalizar la tenencia para consumo personal es inconstitucional” porque “viola la zona de reserva que la Constitución Nacional reconoce en el artículo 19, que determina que las acciones privadas están protegidas de la acción estatal”.

Pero no alcanzó con ese precedente: “En total contradicción con ese fallo de la corte, el Congreso aprobó 3 años después esta ley que incluyó esta figura de la penalización de la tenencia para consumo”, señala la especialista.

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En estas reuniones llevadas adelante por el Senado, los datos estadísticos que se comparten son contundentes: hay un porcentaje enorme de causas federales que se abren por tenencia para consumo personal.

Lo explica: “Eso significa que son personas, en general jóvenes y de sectores populares, que la mayoría de las veces son detenidos por portación de rostro. Esa es una de las figuras de esa ley sobre la que creemos que tiene que haber una modificación urgente, porque criminaliza a los usuarios y además entra en contradicción con nuestra constitución”.

“Estamos hablando de una ley penal. Una ley que aplica la Justicia Federal, el área de la justicia que se supone que debe ocuparse de los delitos más graves y complejos. Y esto es un despilfarro de recursos”, sentencia Touzé.

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Otra figura conflictiva dentro de la ley es la de las “medidas de seguridad”. Dicha figura consiste en la contradicción de la ley que determina que una persona que posee sustancias prohibidas para su consumo es un delincuente y, a su vez, un enfermo drogodependiente.

Esto permite implementar la llamada una medida de seguridad curativa: el individuo puede elegir entre la cárcel o un tratamiento. “La mayoría de la gente, si puede elegir, va a preferir el tratamiento a la cárcel. Esto indica que hubo cierto grado de coacción al tomar esa decisión, y eso entra en contradicción con otra ley que tenemos vigente que es la Ley Nacional de Salud Mental que dice que nadie puede ser obligado a seguir un tratamiento”, expresa.

Y continúa: “Es una aberración. Recibir un tratamiento si una persona lo cree necesario es un derecho a la salud, y de ninguna manera tendría que intervenir la justicia penal. Es convertir un derecho en un castigo”.

Fortalezas y debilidades de la regulación del cannabis en Argentina

Graciela Touzé asegura que con el cannabis hay un avance concreto. Considera que se debe principalmente al cambio sobre la concepción sobre el mismo que se está dando internacionalmente: es la sustancia ilícita más consumida del mundo y ya no es considerada equiparable al resto de los estupefacientes ilegales. También considera que fue importante para mover la aguja contar ya con la experiencia en regulación acumulada de otros países, como son Uruguay, algunos estados de Estados Unidos y Canadá.

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Pero el avance, aunque firme, es lento. Según explica, la regulación del cannabis medicinal que tenemos en Argentina es muy importante aunque insuficiente. Afortunadamente, está habiendo una revisión de la reglamentación porque la que se hizo inicialmente era muy restrictiva y no daba cobertura a la situación de los autocultivadores y cultivadores solidarios.

Hace un año se formó el Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis, una iniciativa que hoy nuclea a más de 50 organizaciones, Intercambios entre ellas. “Esto significa que se está encarando seriamente un proceso para avanzar hacia una regulación legal del cannabis para uso adulto: es decir, para todos sus usos”, sugiere Touzé.

Cuando se aprobó la Ley 27.350, la mayoría de las organizaciones que estuvieron apoyando ese proceso consideraron que no resuelve el tema legislativamente y deja montones de situaciones por fuera. Pero coinciden en que su aprobación fue un éxito a nivel político, porque impacta muy positivamente en la opinión pública.

El fracaso de la lucha contra el narcotráfico

“Si el objetivo es detener el narcotráfico, La Ley de Estupefacientes es totalmente ineficaz. No te vas a encontrar a alguien preso por lavar activos o por organizar una red criminal. Lo que encontrás son mulas y, en general, gente de muy bajos recursos. Personas que ni bien son detenidas y encerradas son inmediatamente reemplazadas en la red criminal por otra persona”, describe.

Y esta situación, explica Touzé, afecta de manera muy particular a las mujeres. No solamente hay un sesgo de clase, sino de género. “La enorme proporción de mujeres que hoy están presas en nuestras cárceles lo están por infracción de la Ley de Drogas. Y ninguna de ellas es Pablo Escobar”, ironiza con hastío, identificando que hay muy pocas mujeres con altos rangos en organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Muchas veces, revuelve la licenciada, además de no tener otra opción, son personas que están bajo amenaza.

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Pero hay algunos fallos judiciales esperanzadores, que están caracterizando a estas personas, a las mulas, a los pequeños transportistas y a los narcomenudistas, con la figura de “trata de personas”. El objetivo es avanzar con paso firme en esta dirección.

Ante esta situación, ¿qué podemos hacer desde la sociedad civil?

El ámbito de la comunicación es central. Mientras los grandes medios sigan poniendo el tema drogas en la sección policiales va a ser difícil avanzar. En eso, los medios alternativos tienen un rol fundamental y la gente joven los consume más. Tiene que haber un cambio generacional, y lo está habiendo”, desliza.

“También desde el ámbito académico hay que confrontar estas opiniones punitivistas, que muchas veces circulan, con datos y hechos. Y ahí hay una cuestión de matriz ideológica: nadie que esté comprometido con la cuestión de los derechos humanos puede sumarse a un discurso de castigo”, concluye Touzé.

Lola Sasturain

ACERCA DEL AUTOR

Entrevistadora y editora en El Planteo, Lola Sasturain es periodista cultural, DJ y guionista.

Puedes encontrar sus notas en Página/12, VICE y, por supuesto, en El Planteo.

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