Ley de Humedales en Argentina: Por Qué No Habría Ley Hasta el 2023

Pasada la votación del Presupuesto 2023, y en medio de la disputa en el Gobierno por la posible suspensión de las PASO, una iniciativa legislativa que parteaguas en el arco político volverá esta semana a ganar el centro de la escena de Diputados: la ley de Humedales. A más de un mes desde que se suspendió a último momento el plenario de comisión que está discutiendo el proyecto en la Cámara baja, el sector del Frente de Todos que lo impulsa busca quebrar la resistencia de los gobernadores del Norte del país, en su mayoría peronistas aliados a la Casa Rosada.

El nuevo round para el plenario que componen los cuerpos de trabajo de Recursos Naturales –que preside el oficialista Leonardo Grosso–, Presupuesto –Carlos Heller, también del FdT– y Agricultura –liderada por el radical Ricardo Buryaile– tiene agenda para el jueves desde las 11. Aunque hasta el viernes a la tarde no estaba oficializada en la web de Diputados, elDiarioAR accedió a la convocatoria formal pedida por Grosso, cuya comisión encabeza el debate. El diputado, referente del Movimiento Evita, es también autor de la iniciativa que mayor consenso construyó con organizaciones ambientalistas y sociales, y en el mundo académico y científico.

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La intención de Grosso es invitar –por segunda vez en un mes– al grupo de gobernadores del Norte Grande –región que integran Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones–, además de San Juan. Se trata de provincias que denuncian que la ley de Humedales podría afectar sus principales fuentes de ingresos como son la actividad minera o la agricultura, dependiendo del caso.

Como ya contó este medio, el lobby de los gobernadores impidió que el 29 de septiembre se firmara dictamen a favor de la ley. Eso suspendió abruptamente el debate. Con una carta pública los mandatarios exigieron ser escuchados, pero cuando fueron invitados a inicios de octubre al plenario de comisión no asistieron. “Pueden venir ellos o mandar a alguien. Está abierta la convocatoria. Lo importante es que expresen la definición de cada provincia”, adelantó un operador parlamentario al tanto de las nuevas negociaciones. También están invitados intendentes de localidades ribereñas al Delta del Paraná, muy afectadas por los incendios.

Uno de los puntos de mayor fricción en la norma es la conceptualización de los humedales: el proyecto entiende que son áreas donde la principal característica es el agua. Eso abarcaría, por ejemplo, a todos los yacimientos de litio, recurso que hay en abundancia en Jujuy y Salta, y cuyos gobernadores –Gerardo Morales, presidente de la UCR, y Gustavo Sáenz, del Frente Renovador de Sergio Massa– son la avanzada del reclamo provincial. Grosso ya adelantó públicamente que la ley no busca per se prohibir ninguna actividad productiva.

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Otro de los artículos que condenan las provincias es la disposición de que se haga un inventario a nivel nacional sobre los humedales, así como ordenó la Ley de Bosques. La argumentación es que violaría la autonomía de las jurisdicciones –artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional–, aunque los autores del proyecto aseguran que la ley la respeta. En principio se guía por la disposición –también de la carta magna– a que el Congreso sancione leyes de presupuestos mínimos, como es este caso.

“Los diputados de Buenos Aires, que son mayoría, tienen una mirada poco federal en cuanto al impacto ambiental en el resto del país”, se quejó esta semana el secretario de Ambiente de San Juan, Francisco Guevara, ante un medio local. Llamó a la iniciativa “la ley Grosso” y dijo que “el problema está cuando estas leyes son conocidas por apellidos”. En el fondo la pelea parece tener sus reminiscencias personales y sobre la histórica disputa unitarios-federales. “Bienvenidas sean las normas que vengan a cuidar nuestros recursos naturales, pero hay que tener una mirada más federal en estos casos. Los recursos naturales les pertenecen a las provincias”, completó el funcionario del gobierno de Sergio Uñac, parte del FdT pero distante al kirchnerismo.

La interna y el tiempo

El lobby de los gobernadores es parte de un combo de otros riesgos que enfrenta la ley, como son la disputa interna en el FdT y la carrera contra el tiempo. Sobre el primero, un dato: de los diez gobernadores del Norte Grande, ocho son peronistas. Nueve, si se suma el sanjuanino. Es un bloque cada vez más abroquelado, unidos para potenciar una zona geográfica siempre marginada: los propios mandatarios viajaron juntos en septiembre a Estados Unidos para buscar inversiones y el domingo próximo estarán en la cumbre por el clima COP27 en Egipto.

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Políticamente, el Norte Grande ha mostrado tener poder de fuego. Cuando hasta hace un mes la iniciativa sobre Humedales parecía estar encaminada, Grosso había logrado un principio de acuerdo con al menos tres compañeros suyos de la bancada oficialista oriundos de esas provincias: la formoseña Graciela Parola y los catamarqueños Dante López y Anahí Costa. También cerró trato con los sanjuaninos Walberto Allende y Ana Aubone, y con el puntano Carlos Ponce.

El acuerdo era estratégico, porque ese grupo representaba votos en provincias mineras o agrícolas, y también con firma propia en el plenario de comisiones que discute la ley. Según recogió elDiarioAR, los legisladores habían aceptado acompañar el proyecto si había cambios en detalles en distintos artículos, como extender el plazo de la moratoria que impone la ley para su cumplimiento y ajustar mínimamente la definición de humedales.

Había, entonces, cierta confianza en que se tenía los apoyos necesarios para sacar dictamen y, luego, darle media sanción en el recinto. Hecho inédito, porque en diez años nunca llegó la norma a ser votada en Diputados, aunque sí dos veces en el Senado. Pero cuando los gobernadores pusieron un ojo en el tema, los legisladores de las provincias quitaron los pies del plato.

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“Los que se cagan son los diputados que tienen de jefes a los gobernadores”, consideró una voz que sigue muy de cerca el tema. “Se pudrió todo y los números a favor que había ya no son los mismos”, apuntó otro. El cálculo rápido de hace un mes era que en el plenario de comisiones había unas 60 firmas de apoyo –entre FdT e Interbloque Federal–, sobre 55 en contra –de JxC–. Ahora reina la incertidumbre y otros legisladores como los cordobeses ligados tanto a Juan Schiaretti como a Luis Juez o a la UCR también encendieron sus alarmas.

En uno de esos despachos peronistas que responde a una importante provincia minera aseguran que lo conversado con Grosso “sigue en pie”, aunque ponen condiciones para asegurar su voto. “Nadie discute la importancia de los humedales, pero se debe aclarar en la ley que no va a afectar las inversiones. El diputado está a disposición de que haya un proyecto superador. Lo están conversando con Grosso”, apuntó una fuente, que miró la mitad llena del vaso: “Yo creo que se va a destrabar, solo falta un poquito de consenso. Están diciendo lo mismo, pero en distintos idiomas”.

En las últimas semanas hubo contactos directos entre Grosso y algunos de los mandatarios oficialistas, pero el consenso aún no parece llegar. “Los gobernadores dicen que sus propias leyes provinciales imponen estándares de cuidado del ambiente muy altos. Entonces, ¿por qué se oponen a una ley de presupuestos mínimos como esta?”, es una queja repetida. “A nuestros ríos los cuidamos, seríamos muy estúpidos si los contaminamos, si de ahí es donde tomamos agua”, le contestaron desde una provincia minera, que agregaron un dato: en el Presupuesto 2023 se aumentó el canon que deben pagar las empresas extractivistas.

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Una espada radical de la comisión de Agricultura –que está en contra– se animó a proponer una salida a la encerrona: “Que se siente a todos los sectores en una misma mesa, por fuera de las cámaras de televisión, y que ahí se llegue a un acuerdo. Después vamos y firmamos el dictamen”.

Ante el panorama de bloqueo permanente y de interna, existe como condimento extra el factor Casa Rosada. Salvo en campaña, Alberto Fernández nunca se pronunció sobre la ley, y no tiene músculo político para imponer su voluntad ante los gobernadores del FdT. También está desdibujado el rol del ministro de Ambiente, Juan Cabandié, que redactó junto a los mandatarios en el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) una ley que cambia el concepto de humedal y es más laxo sobre el inventario. No impone límites para su confección. Nunca tuvo el apoyo de la bancada oficialista.

“Es de suma importancia tener esta ley y sería propicio que el proyecto ingrese pronto en el recinto para ser tratado”, soltó el funcionario a través de un comunicado conocido el viernes. En el oficialismo de Diputados le salieron con los tapones de punta: “Es un show, ¿ahora nos viene a apurar?”.

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Los días en el calendario son la otra amenaza a la ley de Humedales, porque al Congreso apenas le queda un mes de funcionamiento. Si se tiene en cuenta que el 20 de noviembre comienza el Mundial de Qatar, la atención de los legisladores y de la opinión pública puede perderse antes del 30, día en que terminan las sesiones ordinarias. Y nadie habla de que vaya a haber convocatoria a extraordinarias.

En el oficialismo quieren apurarse a tener dictamen favorable esta semana o la próxima, para luego llevarlo al recinto. “Creo que hay tiempo suficiente para que las comisiones den dictamen, quizás la semana que viene, y tiempo legislativo para dar, por lo menos, media sanción”, expuso el viernes en una entrevista radial el diputado oficialista Eduardo Toniolli, preocupado porque en su provincia de Santa Fe continúan los incendios.

Pese a todo, no habría ley hasta el 2023. Después de Diputados la norma tiene que pasar a revisión en el Senado, que durante noviembre tendrá en agenda central el tratamiento del Presupuesto del año que viene. Así, una voz oficialista le puso palabras al futuro de la ley de Humedales: “Está muy difícil”.

Vía elDiarioAR.

Foto por TitiNicola, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons