Panamá Avanza con la Regulación del Cannabis Medicinal: El Minsa Fija las Reglas del Juego

Después de cuatro años de espera desde que se aprobó la ley que autoriza el uso medicinal del cannabis, Panamá finalmente da un paso concreto. El Ministerio de Salud (Minsa) publicó la Resolución N.º 372 (Gaceta Oficial N.º 30089-A, 17 de octubre de 2025), donde define los requisitos para registrar productos con cannabis medicinal, según compartió La Estrella. El documento, firmado por Lirio E. Pérez M., director nacional de Farmacia y Drogas, busca abrir el acceso a tratamientos a base de cannabinoides bajo un esquema regulado.

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De la ley al hecho: El marco se activa

La medida se apoya en la Ley 242 de 2021, que estableció el uso terapéutico del cannabis, pero que hasta ahora apenas se había aplicado. Con esta resolución, el gobierno empieza a delinear cómo se autorizarán los productos que contienen tetrahidrocannabinol (THC) —el principal compuesto psicotrópico de la planta— exclusivamente para fines médicos. La autorización quedará bajo la órbita del Programa Nacional para el Uso del Cannabis Medicinal, administrado por la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas.

Los productos que busquen acogerse a esta excepción deberán cumplir con una serie de condiciones:

• Presentar una solicitud formal
• Licencia vigente de uso medicinal
• Análisis de laboratorio que detallen la concentración de cannabinoides
• Descripción del fabricante
• País de origen y etiquetado conforme a la norma.

En palabras simples, no se trata de abrir la canilla, sino de asegurar trazabilidad, calidad y control en cada lote.

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Pero hay límites claros, como que el CBD sin registro sanitario queda fuera de esta excepción, salvo que sea destinado a investigación o uso autorizado por el Minsa. En un contexto donde muchos países flexibilizan el mercado del cannabidiol, Panamá opta por una vía más cautelosa.

Un paso pequeño, pero histórico

La resolución llega en un momento en que el debate sobre el cannabis medicinal se reactiva en toda América Latina. Panamá, que aprobó su ley hace cuatro años, aún no había logrado implementarla plenamente. Esta nueva regulación no resuelve todo —no habilita cultivo local ni producción industrial, por ejemplo—, pero abre la puerta a que pacientes y médicos accedan a tratamientos de manera más segura y formalizada.

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