Salud Pública en Argentina: La ‘Motosierra’ de Milei Avanza Contra los Pacientes de VIH, ¿Se Avecina una Nueva Crisis Sanitaria?

Los hospitales públicos en Argentina enfrentan una escasez de recursos e insumos vitales para el tratamiento adecuado de las personas VIH +. Los permanentes relevos reportan la carencia de reactivos necesarios para medir las maneras de hacer seguimientos en personas, entre una notable escasez de preservativos.

Sin embargo, este es solamente el comienzo  de un sistema que funciona mal hace tiempo, pero que ahora podría agravarse en 2025. El presupuesto presentado por el gobierno de La Libertad Avanza ante el Congreso propone un ajuste significativo en los recursos asignados a la Dirección de Respuesta al VIH, Hepatitis Virales, ITS y Tuberculosis.

En la semana en la que se conmemoró este reciente 1 de diciembre, el Día Mundial de Respuesta al VIH, surgen varias inquietudes: ¿Cuáles serán las consecuencias de la falta de inversión en prevención y tratamientos? ¿Cómo impactará la ausencia del Estado en materia de salud pública?

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Crisis sanitaria en argentina

“El impacto de las políticas públicas no es solamente sobre los pacientes con VIH, es sobre la salud pública”, sentencia Lucas Gutiérrez, conocido como Lucas Fauno, periodista, militante LGTBIQ+ y activista en respuesta al VIH y sida.

Las situaciones críticas desde la asunción del gobierno de Javier Milei relacionadas con la salud acumulan una serie de conflictos nocivos para el sistema sanitario.  A los despidos en el Hospital Posadas y a las amenazas de cierre en el hospital de salud mental Laura Bonaparte, entre otras disputas que sucedieron durante 2024, se les suman salarios bajos y condiciones laborales precarizadas a los trabajadores de salud.

“Esto es un ataque deliberado. Es una búsqueda de construir un enemigo por parte de un gobierno que necesita que se preste atención a sus ataques de odio, para no atender lo nefasto sus políticas protectoras hacia los sectores más ricos y a cómo están ‘regalando un país’”, agrega Lucas enumerando rápidamente por dónde pasan las políticas de ajuste la gestión actual.

“Hablar de las personas que vivimos con VIH es evidenciar lo que está pasando en un esquema macro de salud pública”, completa.

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En 2022, la RAJAP (Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos) junto a históricas organizaciones de la sociedad civil lograron impulsar la aprobación de la Ley 27.675 de VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Otras ITS, una ley escrita por y para las personas que viven con VIH.

No obstante, la aplicación de la normativa por parte del gobierno nacional no se está llevando a cabo correctamente.

“Hay países en el mundo donde ya no nacen niños con VIH. En cambio, en Argentina, la falta de implementación de nuestra ley nos deja en una situación vulnerable. Según el último boletín epidemiológico, está implicando un alza en las tasas de infección y mortalidad”, denuncia Horacio Barreda, activista de RAJAP.

Y cuando se le consulta sobre el panorama mundial, Horacio traza paralelismos cada vez más lejanos al presente sanitario nacional: “En el mundo existen diferentes mecanismos, los estados que aseguran la cobertura total del costo del tratamiento antirretroviral a las personas con VIH”, describe.

Y continúa: “Mediante organismos como la Organización Panamericana de la Salud, con servicios de cobertura privada o a través de los servicios públicos, casi todos los países están adheridos a las metas 95 95 95 de ONUSIDA asumiendo el compromiso de testear, tratar y acompañar a las personas con VIH para llegar a una carga viral indetectable”.

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El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH / sida, conocido por el acrónimo ONUSIDA, fue creado con el propósito de coordinar las actividades de los diversos organismos especializados de las Naciones Unidas en la lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida.

“En otros países ya se encuentran disponibles tratamientos inyectables, auto test de VIH y profilaxis pre exposición, que acá no son opciones disponibles por falta de políticas públicas”, describe Horacio.

Las consecuencias de la “motosierra” de Javier Milei

Ante un panorama político que busca imponer recortes presupuestarios que impliquen dejar de proveer recursos vitales como la medicación retroviral, el estado de alerta es inminente.

“Es una cadena de situaciones: una persona que debe interrumpir su tratamiento de retrovirales pasa de vivir con un virus con VIH a poder tener una situación de sida”, alerta Fauno, quien es positivo desde hace quince años.

Y continúa: “El virus ataca tanto a tus defensas sin ningún tipo de límite. Por lo tanto, cualquier bajón de salud te puede matar. Esto se traduce en mayor cantidad de personas teniendo que recurrir al sistema de salud, sea pública o privada, lo que implica un desborde en la estructura sanitaria”.

“Además, hay muchas provincias donde en todo el año no se pudieron hacer controles de seguimiento de sus defensas o carga viral. También sabemos que se detuvo la distribución de testeos rápidos de VIH, preservativos y otros métodos anticonceptivos”, aporta.

Ante la ausencia de recursos preventivos y drogas para llevar un tratamiento adecuado, el impacto en el cuerpo del paciente podría decantar en un desenlace fatal.

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“Este año estuvimos siguiendo de cerca los cambios de medicamentos forzados por falta de algunas fórmulas de tratamiento que sufrieron nuestros pares”, describe Barreda sobre el arduo trabajo que viene realizando RAJAP.

“Cuando hablamos de faltantes no es que solamente te falte la medicación. Pueden darte la más barata, lo que te puede generar múltiples efectos secundarios o que te den un fraccionamiento y debas ir permanentemente a buscarlas”, señala Fauno.

Otra decisión que incrementaría este colapso, además de afectar directamente en la vida de los pacientes, sería la falta de entrega de reactivos para los diagnósticos de VIH.

“Si lo queremos ver desde las políticas nefastas de este gobierno, implica más gasto. Es más costoso para el Estado una persona no diagnosticada que invertir en promoción y protección del testeo”, analiza Gutiérrez.

Contención desde las organizaciones civiles

De acuerdo con los datos del Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina más de 140.000 personas viven con el VIH y cada año se registran aproximadamente 5.300 nuevos casos.

A la sazón, es posible avanzar significativamente si quienes lo padecen reciben un diagnóstico temprano y tienen acceso a una atención y tratamiento adecuados. A pesar de esto, el 44% de las personas diagnosticadas lo hacen de manera tardía, cuando su sistema inmunológico ya presenta un grado notorio de debilitamiento.

“Esto impacta en tu calidad de vida. En tu estrés cotidiano. En no saber, cada día que te levantás, si vas a tener o no la medicación que te corresponde para seguir con vida, lo que te provoca un desgaste emocional”, expresa Fauno, quien subraya un sesgo ideológico por parte del gobierno nacional a la hora de cercenar derechos.

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“Estamos siendo rehenes de un gobierno que solamente busca agradarle a los grandes capitales y de una persona que no está en sus completas facultades. Y lo digo desde un lugar objetivo”, dispara Lucas contra Javier Milei.

Ante este panorama desalentador, el rol de las organizaciones de la sociedad civil “será fundamental” (Lucas dixit).

“La contención que ofrecen Fundación Huésped, la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos o espacios como Ciclo Positivo, tanto en Buenos Aires, como en el resto de las provincias, será muy importante”, agrega.

“Los mecanismos de defensa ante estas vulneraciones son propios de la justicia argentina y escalan hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a acompañar a cualquier par que vuelva a su casa sin medicación hasta las últimas instancias”, se compromete Horacio.

Y cierra: “Las organizaciones sociales, junto con otros movimientos de personas alrededor de problemáticas de la salud o trabajadores y enfermeros que también tienen reclamos, debemos unirnos para defender el acceso universal a la salud en nuestro país”.

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