Politización de la Ciencia y Oscurantismo: Qué Hay Detrás de la Nueva Prohibición del Cannabis Medicinal en Brasil

[N. de E.: el 25 de octubre el CFM suspendió temporalmente esta resolución, hasta el mes de diciembre. Lee al respecto aquí.]

Por Anita Krepp, publicada originalmente en Poder360.

Dos meses después de haber sido condecorado por la Presidencia de la República con la Medalla de la Orden del Mérito Médico -la segunda mayor distinción de la categoría- por su acción pro cloroquina durante la pandemia, y a sólo dos semanas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, José Hiran Gallo, presidente del CFM (Consejo Federal de Medicina), firmó la Resolución 2324/2022. Ésta restringió aún más el uso del cannabis medicinal en Brasil, en una especie de ofrenda al bolsonarismo.

Publicado el pasado viernes 14, el documento prohíbe a lxs médicos recetar cualquier otro derivado del cannabis que no sea el cannabidiol (CBD). Y, según la nueva normativa, éste sólo está permitido para niñxs y adolescentes con enfermedades epilépticas muy específicas: síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut y complejo de esclerosis tuberosa. Así, se desestima a la mayoría de las más de 160.000 personas que actualmente son tratadas con la sustancia en Brasil para afecciones como la fibromialgia, la ansiedad, el autismo, el cáncer, el Parkinson, el asma y el glaucoma.

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Incluso lxs niños y adolescentes que cumplen con el permiso se verán perjudicados con un tratamiento menos efectivo que el que podrían tener si se les permitiera acceder a medicamentos con formulación de espectro completo -en los que otros cannabinoides en menor porcentaje potencian los efectos del CBD- favoreciendo mejores respuestas en el tratamiento, a través del llamado “efecto séquito“.

El CFM sostiene que el tratamiento con cannabis es “experimental”. Resulta cuanto menos curioso que un medicamento como el Mevatyl -para la esclerosis múltiple-, que está disponible en las farmacias brasileñas desde hace más de cinco años, sea considerado experimental. Y lo que es más, su formulación contiene más THC (2,7 mg) que CBD (2,5 mg).

No podemos más que sentir repugnancia ante el hecho de que, mientras esta autoridad médica aprueba el uso de la cloroquina contra el Covid (que ya se ha demostrado como fraude), niega los beneficios terapéuticos del cannabis, ampliamente discutidos y reconocidos por la ciencia. La vergonzosa cosedura del CFM al bolsonarismo y al oscurantismo expone que las motivaciones políticas son mucho más queridas por sus consejeros que su compromiso -ya abandonado- con la salud de lxs brasileños.

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Mientras el sector esperaba una actualización que considerara los avances en los usos medicinales del cannabis, la Resolución 2324/2022 tomó a todxs por sorpresa por la flagrante falta de apoyo técnico presentado. Además de los errores en portugués, el documento ignora toda la producción científica producida desde el 2015, al incluir en su bibliografía sólo artículos publicados hasta el 2014, con énfasis en las publicaciones de las lejanas décadas de 1970, 1980 y 1990.

Este desatino no se ha producido por falta de opciones. Hay casi 30 mil investigaciones sobre la terapia con cannabinoides registradas en PubMed (base de datos científica relevante). Sólo entre 2018 y 2022 se produjeron alrededor de 10.000 artículos sobre cannabis en la medicina.

La politización de la ciencia

Es evidente que la distorsión de la entidad no ha pasado desapercibida para médicxs de renombre en el país, como Claudio Lottenberg, presidente del Consejo del Hospital Albert Einstein y del Instituto de la Coalición por la Salud. Éste calificó el movimiento como una “politización de la ciencia”. Lxs parlamentarios atentos al tema también se mostraron consternados con la decisión. El lunes pasado, Paulo Teixeira (PT) presentó una solicitud de casación de la Resolución, que calificó de impugnada por ilegalidad y abusiva. El mismo día, la senadora Mara Gabrilli (PSDB) presentó un proyecto de decreto legislativo para suspender la decisión.

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El Ministerio Público también se ha pronunciado sobre el caso, cuando, hace unos días, abrió un procedimiento para confirmar si la nueva Resolución del CFM lesiona el derecho a la salud. El fiscal Ailton Benedito de Souza, de Goiás, responsable de la apertura del caso, dio al CFM 15 días para presentar documentos que respalden la Resolución. Asimismo, solicitó a Anvisa el envío de pruebas científicas que respalden las resoluciones 327/2019 y 335/2020, que tratan sobre la importación, comercialización e inspección de productos a base de cannabis en Brasil.

Benedito de Souza, conocido por ser “más bolsonarista que el propio Bolsonaro”, también pidió al Ministerio de Salud datos sobre los impactos administrativos, financieros y técnicos de las resoluciones de Anvisa y CFM en el SUS. En la evaluación de algunos juristas, la iniciativa del fiscal sería en realidad una estrategia para concluir que la Resolución del CFM es legal mediante una declaración de constitucionalidad disfrazada de imparcialidad.

No sería de extrañar que, al cabo de dos semanas, el procedimiento incoado por el fiscal concluyera la supuesta legalidad de la medida del CFM añadiendo, por ejemplo, una crítica al gasto del SUS en el Distrito Federal. El contrato actual con la empresa farmacéutica Prati-Donaduzzi para la compra de medicamentos de cannabis es de R$ 853.039,01, y cada frasquito cuesta más de R$ 1.800: tres veces el valor del mismo producto importado. Y me arriesgo a otra conjetura: es probable que se olvide de mencionar que Prati ganó la licitación pública, incluso con un precio poco competitivo, gracias al lobby de Osmar Terra, cuando aún era ministro del actual gobierno.

Censura a médicxs

Entre los contratiempos que presenta la nueva Resolución está también la censura aplicada a lxs médicos. Ahora, se les prohíbe dar cursos y conferencias fuera del ámbito científico, que, según la autarquía, no incluye, por ejemplo, las universidades. Es decir, como si no bastara con atacar el derecho a la salud, el CFM también se considera con derecho a restringir la transmisión de conocimientos y el aprendizaje de lxs médicos. Estxs, por la propia raíz de su profesión, necesitan estar al día respecto a los avances científicos en medicina.

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Varios abogadxs que ya trabajaban en derecho de salud y en otras especialidades se reunieron para discutir una estrategia de respuesta a la absurda Resolución, formando un colectivo llamado Coalición para la Defensa de la Medicina. Más de 110 juristas firmaron una carta abierta dirigida a médicxs y pacientes.

“La dignidad devuelta a pacientes y familias que se benefician del uso del cannabis, debidamente prescrito por médicxs, es la bandera que, con tranquilidad, orientamos a seguir enarbolando: no dejar de prescribir, manteniendo una relación continua y documentada con lx paciente. La interrupción brusca de cualquier tratamiento en curso pone en riesgo la dignidad de lxs pacientes”, dice un extracto.

Miembro del colectivo, el abogado Emílio Figueiredo, del bufete Figueiredo, Nemer e Sanches Advocacia Insurgente, es un viejo conocido de la trinchera antiprohibicionista. Así, ha orientado a lxs médicos que le consultan a abrir procesos formales en las entidades sociales médicas a las que pertenecen y a discutir internamente los impactos de esta decisión en el día a día de la práctica médica.

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Con el respaldo de Anvisa, que ha demostrado que mantendrá la autorización de los productos cannábicos, lxs médicos que al principio se desesperaban y se planteaban abandonar la prescripción de la sustancia, se han calmado y empiezan a asumir una postura combativa. Lo mismo ocurre con otros miembros del sector, que por primera vez en la historia se unen de verdad y dejan de lado las disputas mezquinas para luchar contra el verdadero enemigo: el oscurantismo.