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Brasil: El Impacto de 15 Años de Políticas de Drogas Nefastas en la Salud y la Justicia

Por Smoke Buddies

Brasil: El Impacto de 15 Años de Políticas de Drogas Nefastas en la Salud y la Justicia

✍ 28 October, 2022 - 09:34


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El grave impacto de la ley de drogas en las políticas de seguridad y salud pública, en el sistema de justicia y en la ciencia pone de manifiesto grandes problemas en la sociedad de Brasil

Dicen que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Por caso, la aplicación a lo largo de 15 años de una legislación que, por un lado, crea “medidas para la prevención del uso inadecuado, la atención y la reinserción social de usuarixs y adictos a las drogas” y, por otro, “establece normas para la represión de la producción no autorizada y el tráfico ilícito de drogas”, tiene efectos colaterales no sólo en los implicados directamente en el consumo o la venta de sustancias ilícitas, sino también en los sistemas de salud pública, seguridad y justicia, además de las esferas de la ciencia y la sociedad civil.

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“Desde la política nacional de drogas, Brasil implanta una cultura de violencia y represión como solución al problema de las drogas en la sociedad”, explica el abogado penalista Erik Torquato. “En mi opinión, la sociedad brasileña necesita pasar por un proceso de reflexión sobre el camino que estamos recorriendo”.

Texto y contexto

La ley de drogas de Brasil (11.343/2006) cumplió quince años el año pasado. A ojos de investigadores, abogados, profesionales y activistas escuchados por Smoke Buddies, el análisis de su aplicación saca a la luz grandes problemas sociales. Ejemplo de esto son el racismo y la estigmatización de los usuarios de drogas. Asimismo, ha conllevado profundas consecuencias, como la falta de acceso a los servicios de salud y el encarcelamiento masivo de brasileños.

“Cuando se sancionó la ley 11.343, el camino hacia esta sanción, es decir, el trabajo previo con el Congreso nacional, toda la articulación del Poder Ejecutivo, tenía como objetivo justamente remover la esfera penal, para tratar a las personas que consumen drogas de manera que no se las confundiera con narcotraficantes“, explica Andrea Gallassi, coordinadora general del Centro de Referencia en Drogas y Vulnerabilidades Asociadas de la UnB.

Este proyecto de ley tenía el propósito de tratar a las personas que usan drogas desde una perspectiva de salud pública, ofreciendo derechos; y la ley fue vista como bastante atrevida y progresista en este sentido, dialogando con los avances internacionales que también habían estado ocurriendo”, agrega.

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Del texto a la práctica, sin embargo, la falta de distinción entre las conductas que definen los respectivos tratamientos del Estado hace recaer sobre los operadores del derecho, no siempre preparados, la responsabilidad de juzgar por el contexto subjetivo. “Lo que ocurrió fue que, tras la promulgación de la ley, tuvimos un efecto secundario muy importante, que fue el aumento del encarcelamiento de usuarios, precisamente porque la ley no deja claro quiénes son considerados traficantes de drogas y quiénes son considerados usuarios“, dice Gallassi.

Art. 28, §2: Para determinar si la droga estaba destinada al consumo personal, el juez tendrá en cuenta la naturaleza y la cantidad de la sustancia incautada, el lugar y las circunstancias sociales y personales, así como la conducta y los antecedentes del autor.

“Como la ley no establece criterios sobre quién es traficante y quién es usuario para consumo personal, es el policía quien debe definir quién será considerado traficante”, explica el historiador Henrique Oliveira. Asimismo, señala que otro problema de la ley es el aumento de la pena mínima para los casos de tráfico. Ésta pasó de tres años en la ley anterior (6.368/76) a cinco años en 2006.

“La consecuencia de esto es la criminalización de las personas negras y pobres, hombres y mujeres negrxs, que son consumidores, pero que por estar en una región de tráfico de drogas, o no tener un trabajo fijo, o un ingreso fijo, o una casa fija, son inculpadxs como traficantes de drogas; porque lo que contará es un enfrentamiento entre el acusado y el inculpado, y hay una tendencia mucho mayor a inculpar a las personas blancas, de clase media, como consumidores. A la sociedad, al policía, al jefe de policía, al fiscal y al juez les resultará mucho más fácil creer que unx joven negro es un traficante que unx joven blanco“, analiza Henrique.

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Sheila Geriz, coordinadora de la Liga Canábica y presidenta de la Federación de Asociaciones por el Cannabis Terapéutico (Fact), considera que la ley 11. 343 es “una norma legal que en la práctica transformó en política de Estado el encarcelamiento de personas negras, pobres y periféricas, especialmente jóvenes y mujeres, institucionalizando el racismo que sirvió de base para la construcción de la primera ley que prohibió el uso del cannabis en Brasil, la Ley do Pito do Pango, del Consejo Municipal de Río de Janeiro, emitida en 1830 (primera ley en el mundo que prohibió el uso del cannabis)”.

Auge del encarcelamiento

Para el abogado, cofundador y coordinador ejecutivo del Instituto para la Defensa de la Población Negra (IDPN), Joel Luiz Costa, la influencia de la aplicación de la ley de drogas en Brasil es evidente por el aumento de la población carcelaria en los últimos años en el país.

“La tasa de encarcelamiento por cada 100.000 habitantes pasó de 137 en 2000 a 367,91 en junio del año pasado. En 1990, esta tasa era de 61 personas”, afirma. “No podemos dejar de lado cuestiones como el crecimiento de la población y el aumento de la producción y la transparencia de los datos sobre el sistema penitenciario. Sin embargo, es innegable el efecto de la ley 11.343 en el aumento de la población carcelaria, dado que tenemos alrededor del 35% de las personas privadas de libertad encarceladas por violaciones de esa ley. Es decir, de los aproximadamente 800.000 presos que tenemos hoy en día, 280.000 son a causa de la ley de drogas“.

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“La cuestión es que la ley, dado el texto problemático, permite a la justicia penal utilizar requisitos subjetivos para diferenciar al usuario del traficante, como se expone en el artículo 28. Dicho esto, en un país que utiliza el sistema penitenciario para controlar los cuerpos de los no deseados, ha generado esta fábrica de producir ‘delincuentes’, donde un uniforme de policía y un puñado de drogas es suficiente para quitarle la libertad a alguien, dándole el mote de traficante, sin derecho al rol de usuario. Y ese alguien cumple los requisitos imaginarios de lo que es un delincuente en Brasil: pobre, habitante de una favela, joven y preferiblemente negro“, explica Joel Luiz Costa.

Estigma del usuarix

“Aunque digan que la legislación de 2006 despenalizó el consumo de drogas, ya que el usuario no estaría privado de libertad, todavía hay medidas de carácter restrictivo, como multas y trabajos comunitarios, que afectan al usuario”, explica Henrique Oliveira.

Ciertamente, la ley no castiga con restricción de la libertad a quienes son considerados usuarios. Pero no sólo mantiene la criminalización, sino que perjudica el acceso a la salud de la población, con la imposición de un estigma social negativo sobre lxs usuarios.

“El mismo Estado que pretende ofrecer tratamiento a las personas que consumen drogas es el que les dice a estas personas que son delincuentes”, explica Andrea Gallassi. “Este doble mensaje es muy difícil para alguien que quiere acceder a un servicio de salud público y tiene miedo de sufrir una sanción, de ser detenidx”.

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“Y hay otro punto: la criminalización afecta a la calidad de las drogas“, señala la investigadora. “La gente consume drogas de pésima calidad y esto también tiene un efecto terrible en la salud. Cuando la atención se centra en la represión, no se invierte en la prevención, el tratamiento, la reducción de daños y la reinserción social”.

La inconstitucionalidad del artículo 28, que criminaliza a los consumidores de drogas, está siendo juzgada (desde hace siete años) en el Tribunal Supremo Federal.

Cuestión de gestión pública

“Si por un lado es innegable que el consumo no regulado de drogas causa un daño social y demanda políticas públicas”, dice el abogado Erik Torquato, “por otro lado, tenemos una política pública actualmente implementada que, además de no ser efectiva en la promoción de la salud y el cuidado de la sociedad, sigue produciendo un efecto colateral notorio que se presenta por el alto número de víctimas letales por enfrentamientos armados y el hacinamiento en las cárceles; lo cual también debe ser entendido como un problema a pensar por la sociedad que demanda una solución”.

La política que refuerza la Guerra contra las Drogas también es costosa. Según una encuesta del proyecto Drogas, Quanto Custa Proibir, se gastaron BRL 5.200 millones (USD 964 millones) en la lucha contra las drogas sólo en Sao Paulo y Río de Janeiro en un año. Dicho gasto fue realizado por parte de la Policía Militar, la Policía Civil, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los tribunales de justicia, el sistema penitenciario y el sistema de menores.

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“Otro punto que afecta a la salud pública es la violencia provocada por la prohibición, por la guerra contra las drogas, que impone un coste muy elevado al Sistema Único de Salud“, afirma Gallassi. “Tenemos el homicidio como la tercera causa de muerte entre los hombres de 14 a 44 años. Esto es un efecto de la guerra contra las drogas y tiene un gran impacto en la salud pública”.

Hablando de salud

Otro punto indefinido en el texto 11.343 y sobre el que, quince años después, el Congreso vuelve a ocuparse, es la regulación del acceso medicinal y la investigación científica. Por caso, el PL 399 modifica la ley para definir las normas de cultivo y producción de cannabis para usos terapéuticos y veterinarios. El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados en el 2021, pero todavía no ha avanzado.

“El proyecto 399, del 2015, no hace más que legitimar lo que ya plantea el texto de la ley 11.343, que es permitir el cultivo nacional con fines medicinales y de investigación”, explica Andrea Gallassi. “La criminalización tiene un impacto muy fuerte en la cuestión del avance científico en la investigación con sustancias prohibidas y perjudica el avance de la ciencia en relación con los beneficios potenciales de las drogas prohibidas, especialmente en este caso, del cannabis. Es un gran obstáculo para el avance de la investigación científica”.

Quince años después, ¿qué queda?

Encarcelamiento masivo, falta de acceso a los servicios sanitarios, estigmatización de lxs consumidores, miles de millones gastados en una lucha fallida contra el comercio ilegal. Para la activista Sheila Geriz, “después de 15 años de vigencia, si hay algo positivo que decir de la actual Ley de Drogas es el hecho de que nos hace reflexionar sobre lo urgente y necesario que es construir una nueva política de drogas en nuestro país“.

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“No sólo hay que decir que la legislación ha fracasado, sino que es imposible a nivel mundial reprimir el consumo y el comercio de drogas, porque ningún lugar del mundo puede hacerlo”, afirma Henrique Oliveira.

“Brasil utiliza la ley antidroga para reprimir a la sociedad, a la población negra, a la población pobre. Es un mecanismo muy fuerte de control social, capaz de legitimar masacres de doce, quince, veinte, veinticinco personas, como ocurre en Río de Janeiro, en Salvador, en Ceará. Es necesario seguir denunciando el prohibicionismo dentro de esta crítica a la ley antidroga; no sólo en relación a la propia ley, sino en cómo el prohibicionismo mantiene su objetivo de impedir el consumo, distribución y producción de drogas. El Estado utiliza esta legislación para imponer un orden, un control, a los grupos vulnerables y considerados indeseables: la población negra, indígena y pobre“.

Para Joel Luiz Costa, “el punto fundamental para enfrentar y detener el problema es la legalización y regulación de la posesión, producción y comercialización de todas las drogas. Quiero hacer evidente que trabajamos con el debate sobre la política de drogas que incluye todas las drogas; porque enfrentamos el problema de la prohibición como un problema de seguridad pública, dado que la guerra contra las drogas legitima no sólo el encarcelamiento masivo, sino también una política de seguridad pública basada en la confrontación, la militarización de la vida y el genocidio de la población negra“.

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Erik Torquato concluye su análisis: “Creo que la sociedad brasileña necesita poner sobre la mesa los intereses que implican la política de drogas y repensar la política pública que se ha aplicado en el país. Sólo siendo sensibles a todos los intereses que están en juego podremos avanzar como sociedad en la búsqueda de una solución racional. Mientras esto no ocurra, seguiremos perdidos entre tiroteos y enfermxs desperdigados por las calles”.

Vía Smoke Buddies, traducida por El Planteo.

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