No, No se Trata de Cocaína: Entendiendo la Política de EEUU en Venezuela

Por qué las acciones actuales de EEUU en Venezuela y otros países reflejan algo más que la política antidrogas y cómo esto evoca la Doctrina Monroe.

Desde el regreso de Trump al poder en EEUU, la retórica antidrogas se ha utilizado una vez más para justificar un conjunto más amplio de acciones de política exterior y seguridad, cuyos efectos van mucho más allá de las estadísticas de interdicción en los informes policiales estadounidenses.

El reciente aumento de las acciones militares y legales de EEUU contra el presunto narcotráfico en Venezuela y sus alrededores ha vuelto a centrar la atención mundial en la idea, arraigada desde hace tiempo, de una “guerra contra las drogas“.

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A finales de 2025 y principios de 2026, la administración de Trump vinculó públicamente los ataques contra presuntas instalaciones y buques de narcotráfico con objetivos estratégicos más amplios. El 29 de diciembre de 2025, el presidente Donald Trump anunció que las fuerzas estadounidenses habían atacado un muelle marítimo en Venezuela, presuntamente utilizado para el cargamento de drogas, calificándolo como parte de una ofensiva antinarco en curso.

Sin embargo, funcionarios de la administración han descrito estas mismas operaciones, con distintos grados de especificidad, como pasos en lo que la administración define como un “conflicto armado” con el narcotráfico.

Mientras tanto, la captura y traslado de Nicolás Maduro a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico subraya las dimensiones legales y políticas de esta estrategia, ya que fiscales federales estadounidenses han acusado al presidente venezolano de liderar una red de tráfico de cocaína que involucra a múltiples grupos criminales regionales.

De la ‘Guerra contra las Drogas’ a la acción geopolítica

“Sabíamos exactamente quién estaba en ese barco, sabíamos exactamente qué estaban haciendo y sabíamos exactamente a quién representaban: el Tren de Aragua… tratando de envenenar a nuestro país con drogas ilícitas”, declaró el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, el pasado septiembre, en referencia a un ataque a un barco en aguas del Caribe. Esta maniobra política formó parte de un intento más general de vincular el narcotráfico, tradicionalmente un ámbito policial, con la proyección de la fuerza militar, una antesala a la operación que capturó a Nicolás Maduro.

También coinciden con un mayor impulso diplomático para la extradición y el enjuiciamiento de funcionarios de países vecinos con presuntos vínculos con cárteles. Por ejemplo, el gobierno estadounidense ha estado presionando a México para que procese y extradite a políticos acusados ​​de tales vínculos, según informa Reuters.

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El secretario de Estado, Marco Rubio, reforzó esa lógica: “Estamos en guerra contra el narcotráfico, no contra Venezuela”, al tiempo que argumentó que los gobiernos que no cooperen deberían esperar un trato más severo, mientras que los aliados se salvarían porque “esos gobiernos nos ayudarán a encontrar a estas personas y a destruirlas, si es necesario”.

Esto refleja un cambio en la forma en que el narcotráfico, una de las fuerzas políticas y económicas más importantes del hemisferio occidental, está siendo enmarcado y controlado por el Estado estadounidense.

Pero también es más plausible vincularlo a una contienda geopolítica más amplia en un orden global desestabilizado, ya que Trump ha manifestado una renovada intención de afirmar el dominio estadounidense en el hemisferio occidental.

La Doctrina Monroe

Para comprender este marco más amplio, conviene recordar la Doctrina Monroe, formulada en 1823 por el presidente estadounidense James Monroe. En aquel entonces, Monroe declaró que el continente americano debía estar libre de la interferencia europea y que cualquier intento de potencias externas de controlar a las naciones independientes del hemisferio occidental se consideraría hostil a los intereses de seguridad de Estados Unidos.

Durante los siglos XIX y XX, esta doctrina evolucionó hasta convertirse en una justificación clave para la intervención estadounidense en Latinoamérica para contrarrestar el comunismo, especialmente durante la Guerra Fría. Al presentarla como una peligrosa ideología “extranjera” que amenazaba al hemisferio, se invocó para justificar intervenciones e influencia en la región en pos de intereses estratégicos.

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“Cualquiera que produzca drogas y las envíe a nuestro país está sujeto a ataques”, declaró Trump, quien parece estar mezclando dos narrativas: la de países aliados contra países no aliados (vinculando los regímenes socialdemócratas con el comunismo/socialismo) y la narrativa de la seguridad en materia de drogas.

Lo que une estos momentos es la idea del peligro externo utilizado para justificar incursiones o influencia sobre naciones soberanas.

En la formulación original de Monroe, el peligro residía en las potencias coloniales europeas; para Kennedy y Reagan, era el comunismo. Las narrativas actuales presentan el tráfico ilícito, las redes criminales híbridas y los gobiernos de izquierda como amenazas superpuestas que supuestamente justifican el desplazamiento y las intervenciones militares.

También es notable que, en la segunda administración de Trump, se haya producido un cambio sustancial desde la intervención en Venezuela.

La intervención mostró cómo las políticas antidrogas pueden utilizarse como justificación para objetivos más amplios. Ya sea que se enmarquen como protección de los ciudadanos estadounidenses contra las drogas, estas narrativas cumplen múltiples funciones más allá de la reducción de la oferta. Movilizan recursos militares y de inteligencia más allá de las fronteras nacionales, justifican la presión diplomática y herramientas legales como la extradición o las designaciones de terrorismo, y replantean la competencia geopolítica como una amenaza existencial a la seguridad, que requiere un compromiso sostenido.

Sin embargo, las medidas antidrogas siempre fueron instrumentos híbridos de política de seguridad con efectos sobre la soberanía, las alianzas y las dinámicas regionales, donde el lenguaje antidrogas interactúa con la lógica geopolítica.

La política antidrogas nunca es neutral

Históricamente, la lucha contra las drogas siempre ha sido un instrumento híbrido que configura instituciones, alianzas y la capacidad estatal tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Académicos como Lina Britto han demostrado cómo las primeras fases de la política antidrogas estadounidense en América Latina enfatizaron la consolidación institucional en lugar de las amenazas manifiestas de fuerza.

El poder se ejercía a través de canales burocráticos, diplomáticos y militares.

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De hecho, las operaciones militares y la narrativa antidrogas tienen difícil justificación en el caso de Venezuela. Desde una perspectiva empírica, las cadenas de suministro de cocaína no dependen significativamente de Venezuela. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la producción de cocaína se concentra en tres países: Colombia, Perú y Bolivia, mientras que las rutas de tráfico hacia Estados Unidos se mueven mayoritariamente a través de Centroamérica y México. Los vectores dominantes son los corredores terrestres a través de México y las rutas marítimas a lo largo de la costa del Pacífico, gestionadas por organizaciones mexicano-estadounidenses que controlan la distribución mayorista dentro de Estados Unidos.

Venezuela sí aparece en los mapas de flujo de drogas, pero principalmente como una zona de tránsito secundaria, no como un centro de producción ni como una puerta de entrada decisiva a los mercados estadounidenses. Precisamente por esto, la elevación de Venezuela a un villano central en la narrativa de las drogas es analíticamente reveladora. Indica que el problema en juego no es el control de drogas en sentido estricto, sino el posicionamiento geopolítico. Solo se puede concluir que la importancia de Venezuela no se deriva de su peso real en la economía del narcotráfico, sino de su posición simbólica y estratégica como Estado petrolero y abiertamente hostil en el hemisferio estadounidense, alineado con China, Rusia e Irán.

Nota del editor: Este artículo analiza la política de drogas como marco para la intervención extranjera. No respalda a ningún gobierno ni actor político.

Vía High Times, traducida por El Planteo.

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