Cultivos Comunitarios y Desobediencia Civil: Cannabis en Paraguay según Lisette Hazeldine

Paraguay es el primer productor de cannabis de América del Sur y podría ser uno de los principales del mundo. Sin ir más lejos, es el principal importador de marihuana a la República Argentina y a Brasil.

Sin embargo, es uno de los países más desiguales de la región más desigual del mundo, el autocultivo tiene una pena mínima mayor a la de un homicidio y la supuesta ley de cannabis medicinal no se cumple.

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¿Cómo es la situación legal, política y jurídica en Paraguay, un gigante regional de la producción ilegal de cannabis? ¿Cuáles serían los beneficios sociales y económicos de legalizar y así explotar este potencial productivo? ¿Qué se hace ante un estado que mira hacia otro lado? El rol de personas como Lisette Hazeldine es clave.

Lisette Hazeldine con las plantas de Granja Madre – Foto por Jorge Barchini Giralt

Abogada, docente e investigadora de la Universidad de Pilar y asesora jurídica de la cámara de senadores de Paraguay, Lisette es quien redactó todas las leyes pro cannabis que se presentaron en ese país desde 2017 en adelante.

También preside el Observatorio Paraguayo de Cannabis.

Lisette lucha por el cannabis medicinal haciendo pie en el autocultivo.

El Observatorio Paraguayo de Cannabis (OPC) aglutina todas las organizaciones pro cannabis del país y las cohesiona con las organizaciones que luchan por el acceso democrático a la salud y derechos humanos en general. También tienen una rama de investigación y desarrollo.

Desde el OPC son firmantes en la carta presentada a la ONU, solicitando (y consiguiendo) que el cannabis salga de la lista 4 de sustancias ilícitas. Y junto a la Universidad de Pilar tienen incidencia legislativa en el país.

El pasado 30 de enero el Observatorio fue parte, con Hazeldine como representante, de la firma del convenio por el primer cultivo comunitario de cannabis hecho de forma pública en Paraguay, junto a organizaciones como el Observatorio, Mamá Cultiva Paraguay y Granja Madre, del empresario Juan Carlos Cabezudo.

“Fue un acto de desobediencia civil”, en palabras de la abogada.

Una lucha por el cannabis medicinal

En el año 2017, Lisette redactó un proyecto de ley para abrir la investigación con fines médicos del cannabis. El autocultivo estaba contenido, pero el proyecto fue aprobado excluyéndolo.

 Así que, en 2019, presentaron un nuevo proyecto de despenalización. “Eso una cuestión de estrategia porque somos un país dominado por la derecha conservadora y nosotrxs, que somos defensorxs de este derecho, estamos caminando entre dos mafias enormes: el narcotráfico y la farmacéutica, que las dos manejan Paraguay”, se lamenta la abogada.

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Lisette Hazeldine es usuaria de cannabis medicinal desde 2006 porque padece discopatía degenerativa y también tuvo cáncer de riñón. Antes del cannabis, solo podía paliar sus dolores con morfina, y había llegado a pesar menos de 40kg.

Desde que se recuperó, vive en constante puja con un sistema jurídico burocrático y corrupto.

Desde la Universidad de Pilar donde es docente y investigadora, impulsó un estudio que involucraba a 127 familias de niños que padecen epilepsia infantil fármaco resistente (la famosa epilepsia refractaria), de las cuales 126 obtuvieron resultados positivos y una no obtuvo resultados de ningún tipo. Seis de ellas alcanzaron la remisión total.

“Si esto no le abre los ojos a la comunidad científica del país no sé que podrá hacerlo. Sin embargo, en la Ley 6007 del año 2017 se creó el programa nacional para el estudio y hoy estamos a 2021 y no hay ningún estudio”, se enoja.

Esa ley también determina que el Estado debe proveer gratuitamente de cannabis medicinal a las personas que se encuentran bajo tratamiento.

Una ley a la vanguardia, si no fuera porque parece ser una pantalla.

El suministro por parte del estado nunca se cumplió, y la reglamentación determina que solo la Universidad de Asunción y las Farmacéuticas privadas puedan hacer esos estudios. Esto hace que la Universidad de Pilar no esté jurídicamente habilitada; aunque el rector de la Universidad, autónoma constitucionalmente, haya habilitado ese estudio.

Lisette Hazeldine con Cynthia Farina y Rebeca Soilán, Presidenta y Directora Ejecutiva de Mamá Cultiva respectivamente – Foto por Jorge Barchini Giralt

Los aceites utilizados por estas familias eran producidos de manera casera. La idea del estudio era determinar qué porcentajes de THC y CBD tenían estos aceites en los casos que sí funcionaban. En teoría, este año podrán utilizar los laboratorios de la Universidad de Asunción para tal fin.

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Lisette también es rescatista y convive con muchísimos animales que sacó de la calle. “Mi perrita Tyra tiene 14 años, es una labradora y no podía dormir de los dolores que tenía. Hoy, hace 4 años que se trata con cannabis. Los labradores viven muy poco, de 10 a 12 años. Ella tiene 14 y, cada vez que le hacemos estudios, está espléndida”, afirma.

Y asegura también que, dentro del Observatorio, tienen una veterinaria que está buscando iniciar las investigaciones pertinentes, pero la Ley 6007 no contempla la medicina para animales.

“Que yo pueda tener una vida digna no quiere decir que no tenga que luchar por los que menos tienen. Al contrario, tengo que luchar con mucha más fuerza. Cuando uno está enfermo y encima es pobre, es doblemente vulnerable y se le da el peor de los tratos. Y contra eso estamos luchando”, afirma.

Estado de situación: el autocultivo de cannabis en Paraguay

La ley paraguaya, en lo que a estupefacientes refiere, está llena de baches e inconsistencias: cultivar es un crimen, pero la Ley 1340 determina que se pueden poseer hasta 10 gramos de cannabis y 2 gramos de cocaína para consumo personal. “Pero eso los jóvenes no lo saben. Y si me persiguen a mí, que trabajo en el Senado por el aceite que consumo, imagínate a un chico que está fumando un joint”, se indigna Lisette.

Al presentar por segunda vez la Ley de Autocultivo con Fines Medicinales, el Senado se puso de su lado, pero la Cámara de Diputados rechazó el proyecto. Al volver a senadores, consiguió mayoría absoluta, lo cual determinó que Diputados necesitara de mayoría absoluta para volver a rechazarla. No la consiguieron y el Poder Ejecutivo vetó el proyecto.

En marzo de este año volverá a Diputados, pero Hazeldine ya sabe que el panorama está muy difícil. “Hay muchísimo lobby y tenemos al presidente de la nación (Mario Abdo Benítez) que ya ordenó a su gente que vote en contra”, explica.

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Estas cuestiones la llevan a querer distanciarse de su profesión: “Yo soy abogada y estoy dejando de ejercer porque amo la ley y odio con toda mi alma los tribunales. Son lo más sucio que hay”, lamenta.

El fiscal general adjunto de la Lucha Contra el Narcotráfico para el Ministerio Público, Marco Alcaraz, es su aliado en este difícil contexto.

“Gracias a él, nosotros podemos hacer lo que hacemos y defender lo que estamos defendiendo. Porque la ley le compele a él perseguirnos y él no lo hace, por una cuestión de conciencia. No perseguirnos a nosotrxs podría hacerlo perder el puesto porque lo pueden acusar ante el jurado de no hacer su trabajo. Y él se está jugando por el lado humano, por ayudar a la gente que lo necesita”, explica Hazeldine.

La separación radical con el narcotráfico es una de las luchas principales y más difíciles que tienen que librar para que la ley avance a favor del autocultivo y el cannabis medicinal legal en Paraguay.

Pero eso también encarna una paradoja muy difícil de desarmar.

“Uno que planta es uno menos que compra. ¿Querés fundir al narcotráfico? Dejá que la gente use y produzca su medicina. Es una planta, no es como la cocaína en donde hay que hacer toda una cadena de procesamiento para llegar al estupefaciente. Pero ese es el problema acá: no quieren matar al narcotráfico… ¡Porque somos los mayores narcotraficantes!”, se lamenta.

Los intereses de las farmacéuticas también son un gran obstáculo, aunque para la presidenta del OPC esto es directamente ridículo: “Traté de conversarlo con las comisiones del Senado, hubo debate y lo llevamos a audiencias públicas. No se entiende por qué se oponen, si nosotros no somos un mercado para las grandes farmacéuticas, este es un país pobre, de 7millones de habitantes. El mercado es pequeñísimo para su aceite de u$s 200.  Entonces, ¿por qué se oponen al autocultivo?”.

Cultivos cooperativos como acto de desobediencia

“El narcotráfico es lo oculto, lo prohibido, lo que está por debajo de la mesa y sobre todo lo que cobra. Acá estamos plantando por el derecho de la gente a poder acceder a una planta”, dice Hazeldine sobre el convenio que firmaron el pasado 30 de enero.

Lisette Hazeldine y Juan Carlos Cabezudo – Foto por Jorge Barchini Giralt

La locación es en Granja Madre, ubicada en Itapuamí Luque, Gran Asunción. La granja, propiedad del abogado y empresario Juan Carlos Cabezudo, ya hace tiempo que produce cannabis sin fines de lucro para aquellxs que lo necesitan, haciendo aquello que supuestamente el estado debería garantizar.

Cabezudo es otro personaje interesante de la lucha paraguaya por la legalización del cannabis. Con el objetivo de sentar un precedente, se autodenunció a la fiscalía por cultivar.

La Ley 6007 de 2017 determina que el estado debe proveer a lxs enfermos que lo requieran de aceite de cannabis. “Pero seguimos esperando. El estado no está cumpliendo la ley, entonces no tiene autoridad para decirme a mí que no plante, o para decírselo al grupo de madres. ¿Por qué hacer un cultivo colectivo? Porque si cultivás en tu casa, por una planta podés tener de 10 a 20 años de cárcel”.

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Dentro de Granja Madre, el OPC ya tenía a su equipo de investigación y desarrollo trabajando. La idea es elaborar las certificaciones científicas para lo que se vaya a producir en la granja: certificar que sean cultivos orgánicos, sin pesticidas y de la mano de la comunidad.

Con este cultivo comunitario se busca proveer de aceite y otros derivados a aquellxs que necesiten tratamiento medicinal, así como proveer de la materia prima para realizar todos los estudios que el OPC requiera.

Hazeldine asegura que, después de tantas trabas y de tanta corrupción, no les quedó otra opción que la desobediencia civil. “Y como buen acto de desobediencia civil, el lunes siguiente fuimos al Ministerio Público a hacer la autodenuncia pertinente”, dice la abogada, adoptando un método que ya ha demostrado tener impacto tanto social como jurídico.

“Los campesinos son todos ingenieros”

Además de la inmensa cantidad de enfermxs que requieren tratamiento con cannabis, hay otra víctima principal en esta historia: el campesinado paraguayo.

Porque aquello que podría ser su capital es lo que los encierra entre las fuerzas de seguridad y la presión de los narcotraficantes, que son los que lamentablemente les dan de comer en muchos casos.

“Esa gente no tiene nada y el gobierno les dice que planten mandioca. El kilo de mandioca sale mil guaraníes, que es como 0,01 dólar. No existe, no te podés comprar ni una pera con eso”, se indigna Hazeldine.

Entre muchas otras cosas, la legalización del cannabis podría ser un vehículo para la movilidad social de gran parte de la población paraguaya.

Si bien Granja Madre sigue un modelo cooperativo sin fines de lucro, Hazeldine identifica que el cannabis legal podría ser un boom precisamente para la agricultura campesina.

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“Tenemos grupos muy vulnerables en la zona norte del país, muy golpeados por grupos criminales y por el narcotráfico”, explica. Y la mayoría de ellxs saben cultivar y tienen un pedazo de tierra propio donde podrían hacerlo si no es que ya lo hacen: “Podríamos convertirnos en el mayor exportador del mundo. Tenemos el mejor suelo, tirás una semilla y crece en cualquier lado. Deberíamos capitalizar eso. Podemos sacar a comunidades enteras de la miseria”.

Los campesinos de la región, afirma, son todos ingenieros. “Imaginate si el gobierno, que nunca produjo marihuana, va a ir a enseñarle a gente que desde siempre está produciendo marihuana”, ilustra.

Hay variedades que son nativas de la región y hoy en día están invirtiendo en aparatos para secuenciar el genoma de la Paraguayensis.

 Su propuesta es que el gobierno debería sentarse con este campesinado y ver qué mercados en el mundo están abiertos para poder exportar su producto.

Y concluye: “Los campesinos saben plantar, saben cosechar, saben qué cepas son mejores. Es como que un ingeniero recién recibido, lleno de teorías, quiera ir a decirle a un albañil que construye casas de toda la vida cómo levantar una pared. La casa de mi abuela que la hizo un albañil hace 100 años no tiene ni una gotera, pero la casa en la que yo vivo, que es nueva y moderna, está llena. ¿Qué le vas a explicar a la persona que ya sabe?”.

Asamblea del Observatorio Paraguayo de Cannabis – Foto por Jorge Barchini Giralt

Portada por Jorge Barchini Giralt