EEUU: Deportaciones Récord por Marihuana en Manos de ICE, ¿Qué Hay Detrás de los Números?

En EEUU, la industria legal de la marihuana mueve miles de millones de dólares al año, y se espera que alcance los USD 45.000 millones en 2025. Por otro lado, la planta ya es legal para uso adulto en 24 estados y para uso medicinal en 40. Pero lo que para muchos es sinónimo de negocios millonarios, dispensarios relucientes y cultura mainstream, para otros se convierte en un calvario: de los más de 120.000 inmigrantes deportados en 2025 en total, 600 lo fueron por delitos relacionados a la marihuana. Y en tres de cada cuatro casos, según reportó Marijuana Moment, esos hechos habían ocurrido hace más de cinco años.

Lejos de calificar como narcotraficantes o figuras del crimen organizado, muchas personas detenidas y deportadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) son inmigrantes que hace tiempo enfrentaron delitos menores y que, hoy, bajo la política migratoria del segundo mandato de Donald Trump, se encuentran expulsados del país que eligieron para vivir.

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En una investigación realizada por The Marshall Project y publicada también en Lousiana Illuminator, con firma de Christie Thompson y Anna Flagg, revisaron los datos acumulados del Deportation Data Project, que analizó registros oficiales de ICE obtenidos vía pedidos de acceso a la información.

Datos duros: ¿A quién está deportando ICE?

Entre enero y mayo de 2025, más de 120.000 personas fueron deportadas. Según data del propio ICE, la mayoría no tenía condenas graves:

• 67% (81.600 personas): Sin ninguna condena criminal.
• 8% (10.200 personas): La única condena fue entrada ilegal.
• 25% (30.000 personas): Cualquier otra condena.

Cuando se observan las cifras desagregadas por tipo de delito, el panorama se vuelve más elocuente:

• Marihuana: +600 deportaciones. El 77% de los casos data de hace más de 5 años.
• Posesión de drogas (no cannabis): +900 deportaciones. 40% de hace más de 5 años.
• DUI (conducción bajo influencia): +4.800 deportaciones. 32% de hace más de 5 años.
• Infracciones de tráfico (ej. manejar sin licencia): +1.800 deportaciones. 43% de hace más de 5 años.

Estos números muestran cómo la política de deportación actual no se concentra en personas peligrosas, sino en infracciones menores, muchas veces incluso anteriores a cinco años, en un contexto donde cada vez más estados legalizan la marihuana y la industria genera miles de millones de dólares.

Delitos menores, castigos extremos

El Marshall Project advierte que el número de deportaciones por infracciones de tránsito, como conducir sin licencia, se triplicó en los últimos seis meses, alcanzando casi 600 en mayo. En lo que va del año, ya superan las 1.800.

Por otro lado, dos tercios de los más de 120.000 deportados entre enero y mayo no tenían antecedentes criminales. Solo alrededor del 12% había cometido un delito violento o potencialmente violento. La narrativa oficial de que ICE “prioriza a los peores de los peores” se desvanece frente a los números.

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Además, las deportaciones por delitos no violentos —no comparecencia en la corte, tenencia de marihuana, robo menor, infracciones de tráfico— casi se duplicaron desde enero.

Según un análisis de Stateline, un 7% de las detenciones de ICE bajo esta administración corresponden a delitos violentos y apenas 5% a drogas, una caída frente al 9% durante la administración de Biden.

En perspectiva, no se trata de delincuentes recientes ni graves, sino de políticas implacables, más centradas en la cantidad que en la calidad de los casos.

La meta de los 3.000 arrestos diarios

Todo esto tiene razón de ser. Hace pocas semanas, Stephen Miller, asesor de Trump,  habló públicamente de una meta: 3.000 arrestos diarios de ICE. Tal afán explicaría el apuro en las detenciones y las deportaciones en masa, no necesariamente de personas peligrosas o delincuentes extremos. Si la idea es detener a 3.000 personas al día, tal vez reparar en qué tipo de delitos habían cometido no está dentro de las prioridades.

Sin embargo, en escritos presentados ante tribunales, el Departamento de Justicia negó que exista una cuota formal, asegurando que “ni el liderazgo de ICE ni sus oficinas de campo han recibido directivas numéricas de arrestos, detenciones o deportaciones”.

El contraste se ve en un público “alarde” de números y en un ámbito judicial que relativiza la presión. Pero los datos muestran que la lógica de la cuota existe, aunque sea de facto.

¿Por qué es importante subrayar esto? Porque explica por qué se dispararon las deportaciones, incluso en casos sin delitos graves. La política no parece basarse en evaluar riesgo o peligrosidad, sino en cumplir con objetivos numéricos.

Y ahí surge la tensión entre el discurso de la “mano dura” y la realidad: gente con infracciones mínimas, muchos con condenas de hace años, es la que carga con el costo humano.

De Biden a Trump: El salto cuantitativo

Durante la administración de Biden (hasta fines del año fiscal 2023), más de la mitad de los deportados tampoco tenía condenas criminales. Pero el promedio mensual de deportaciones por infracciones de tránsito era de unas 80 personas.

Hoy, con el regreso de Trump, ese promedio supera las 350 deportaciones mensuales. El salto es abismal y expone lo que busca el actual gobierno: duplicar o triplicar las deportaciones por delitos leves en comparación con gobiernos anteriores.

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Este salto no tiene explicación de “cambios demográficos” o flujo migratorio: plantea un giro claro en la orientación política y hace que nos preguntemos si esto es parte de una estrategia electoral, un símbolo de “mano dura” contra la inmigración o un mecanismo para presionar a los estados que están legalizando la marihuana. La respuesta puede ser múltiple.

Dos historias entre tantas: Héctor Madrid Reyes y Reza Zavvar

Detrás de cada número hay un rostro, una familia, una vida. Una de ellas es la de Héctor Madrid Reyes, un inmigrante hondureño que llegó a EEUU siendo adolescente y esperaba la resolución de su solicitud de asilo.

En marzo, mientras manejaba hacia un Home Depot, un accidente de tránsito cambió su vida. No tenía licencia. Un oficial lo detuvo y le sumó un cargo de DUI porque Héctor había fumado marihuana la noche anterior, 18 horas antes del choque.

Sus antecedentes mostraban únicamente una infracción menor en 2019 por conducir sin licencia. Suficiente a los ojos de ICE, que lo detuvo y, tras meses de incertidumbre, logró que Madrid optara por una autodeportación a Honduras.

Esto sucede muy a menudo: la autodeportación es una estrategia usada por ICE que permite a una persona salir del país por su cuenta, evitando pasar por un proceso formal de detención y deportación. A cambio, se les ofrece asistencia financiera y logística. El Department of Homeland Security (DHS) lanzó programas como el CBP Home App, que acompaña la salida voluntaria del país, proporcionando un pase aéreo y un estipendio de USD 1.000 para quien lo use.

También se han implementado vuelos chárter pagos, como el programa Project Homecoming, que transportó a 64 personas desde Houston hacia Honduras y Colombia, bajo condiciones voluntarias.

Héctor se había casado tres semanas antes de su arresto, lo que lleva a su esposa, ciudadana estadounidense, a intentar ahorrar dinero para poder viajar a visitarlo. “Es un dolor profundo”, dijo Madrid a The Marshall Project. “No estoy con mi esposa, no puedo ver a mi madre y abrazarla, ni ayudar a mi familia con lo que gano trabajando. Escuchar a mi esposa llorar por teléfono es algo que no le deseo a nadie”.

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Otro caso que revela la arbitrariedad del sistema es el de Reza Zavvar, un residente iraní de más de 40 años en EEUU. Reza fue detenido en junio de 2025 mientras paseaba con su perro. ICE busca deportarlo, pero no a Irán.

Si bien Reza es originario de Irán, no puede ser deportado allí porque el propio gobierno de EEUU tiene una orden judicial que prohíbe devolverlo, ya que enfrentaría riesgo de persecución y represalias políticas.

En su juventud fue activista opositor al régimen iraní, y por eso los jueces estadounidenses determinaron que enviarlo de vuelta constituiría una violación de derechos humanos.

Ante esa restricción, ICE está intentando lo que se llama una third-country removal: enviarlo a un país con el que haya tenido algún tipo de conexión previa, aunque sea mínima (como haber hecho escala en un aeropuerto o tener un familiar lejano). En el caso de Zavvar, se barajan Australia y Rumania, aunque Reza no tiene vínculos sólidos con ninguno. La incoherencia es total.

¿Su antiguo antecedente? Una convicción por marihuana en su juventud. A pesar de su vida completamente integrada en EEUU, esa falta lo convirtió en objetivo de expulsión.

Sin discreción: El modus operandi y la cuestión racial

Para Tim Warden-Hertz, abogado director del Northwest Immigrant Rights Project, “ya no se trata de convicciones, para nada. No hay discreción. Solo intentan agarrar a la mayor cantidad de gente posible, de la forma que sea”.

La lógica es simple: sumar casos, aunque no representen riesgo alguno, aunque sean infracciones viejas, aunque la marihuana sea legal en gran parte del país. Lo que parece no ser tan simple o tan claro es por qué…

Abogados y activistas alertan sobre un modus operandi: usar infracciones menores como excusa para detener a conductores de comunidades racializadas. Cada vez más policías locales se involucran en control migratorio, firmando acuerdos con el DHS para hacer cumplir leyes federales en controles rutinarios.

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Esto se fortalece mediante acuerdos federales como el programa 287(g), que permite a policías locales actuar como agentes migratorios durante operaciones rutinarias —por ejemplo, paradas de tránsito o patrullajes— y enviarlos a ICE.

Paul R. Chavez, director de litigio y advocacy de Americans for Immigrant Justice (Miami), lo explica así: “La gente es arrestada por cuestiones muy menores, los traen a prisión, les toman las huellas digitales y se los entregan a ICE”.

Pequeños detalles técnicos —una luz rota, una ventanilla polarizada, un cruce de línea amarilla— se convierten en la puerta de entrada a un proceso de deportación. Una oportunidad perfecta para inflar cifras a costa de comunidades vulnerables.

Entonces, ¿qué significa que, en un país donde cada vez más estados legalizan la marihuana, cientos de inmigrantes sean deportados por hacer uso de la misma o haberla poseído hace años?

Mientras la industria del cannabis mueve miles de millones de dólares y cotiza en bolsa, familias enteras son separadas por una condena menor de otra época.

El contraste pega fuerte: libertad y ganancias para algunos, deportación y desarraigo para otros.

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