EEUU: Florida Usó Dinero de Impuestos para Frenar la Legalización del Cannabis

El gobierno de Ron DeSantis desvió más de 35 millones de dólares en fondos públicos para, según investigadores, influir en las votaciones sobre aborto y cannabis en Florida, según una investigación de varios meses realizada por el Miami Herald y el Tampa Bay Times.

El dinero, originalmente destinado a programas de salud, bienestar infantil y recuperación por consumo de opioides, fue utilizado para pagar consultores políticos, abogados y una amplia campaña publicitaria que difundió mensajes exagerados o engañosos sobre el cannabis. Los anuncios se emitieron en televisión, radio y redes sociales en las semanas previas a las elecciones de 2024, sin mencionar directamente la Enmienda 3, que buscaba legalizar el uso adulto de la marihuana en el estado.

La Enmienda 3 obtuvo cerca del 57% de los votos, pero no alcanzó el 60% requerido para ser aprobada. Una enmienda paralela sobre derechos reproductivos, la Enmienda 4, corrió la misma suerte.

Según la investigación, al menos 36,2 millones de dólares en fondos públicos fueron utilizados por la administración DeSantis, y aproximadamente el 79% de ese dinero provenía de partidas vinculadas al sistema de salud. Los periodistas rastrearon los movimientos financieros a través de los sistemas presupuestarios y de pagos del estado, revisando miles de páginas de correos electrónicos, contratos, facturas y registros oficiales.

Entre las principales fuentes del dinero desviado se encuentran: 1,1 millones de dólares del programa de protección infantil del Departamento de Niños y Familias (DCF), 4 millones del fondo estatal proveniente de acuerdos por la crisis de opioides y casi 1 millón del presupuesto de promoción de salud comunitaria del Departamento de Salud. Estos fondos estaban destinados a asistir a poblaciones vulnerables.

Otros 10 millones de dólares provinieron de un acuerdo judicial entre el estado y la empresa de salud Centene. Ese dinero fue dirigido a la Hope Florida Foundation, una organización sin fines de lucro fundada por la primera dama del estado, Casey DeSantis, y luego redirigido en gran parte a un comité político controlado por el entonces jefe de gabinete del gobernador, James Uthmeier. Esa operación es actualmente objeto de una investigación de un gran jurado. Al momento de esta publicación, no se han presentado cargos criminales en relación con el gasto.

Borradores iniciales del acuerdo con Centene no incluían a Hope Florida como beneficiaria. La fundación fue añadida menos de dos semanas después de que el entonces presidente Donald Trump expresara su apoyo a la legalización del cannabis en Florida y poco antes del inicio del voto por correo.

Funcionarios estatales describieron la campaña publicitaria como una serie de “anuncios de servicio público”. Sin embargo, correos internos y registros de contratación analizados por los medios indican que la estrategia estaba diseñada para influir en el resultado electoral, con una segmentación clara de votantes y un aumento del gasto justo cuando comenzaba el período de votación anticipada.

Los anuncios incluían afirmaciones como que el cannabis está “frecuentemente vinculado a la violencia doméstica”, que el consumo adolescente aumenta el riesgo de psicosis en más de un 1.000%, o que “si el nivel de THC no es cero, no es seguro conducir”. La mayoría de estos mensajes no incluía fuentes ni estudios que respaldaran esas cifras. Algunos incluso utilizaron logotipos federales de seguridad vial, lo que generó cuestionamientos por parte de funcionarios de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) sobre si el contenido tenía fines políticos.

Madeline Meier, profesora asociada de psicología en la Universidad Estatal de Arizona y especialista en los efectos del cannabis, explicó al Herald y al Times que, si bien el consumo frecuente puede aumentar ciertos riesgos en personas predispuestas, las afirmaciones de los anuncios no podían evaluarse sin referencias claras a la evidencia científica.

Varios expertos y exfuncionarios señalaron que el uso de fondos públicos, como mínimo, empujó los límites de la legalidad. Kenneth Goodman, profesor emérito de ética médica de la Universidad de Miami, afirmó que la campaña “socava la voluntad de los votantes al desviar recursos destinados a poblaciones vulnerables”. Y agregó: “Esto es corrupción a costa de los niños”.

Desde el propio Partido Republicano surgieron críticas. La oficina del senador Rick Scott calificó las acusaciones como “profundamente preocupantes”, mientras que el legislador Alex Andrade, republicano y responsable del presupuesto sanitario en la Cámara estatal, afirmó que el gasto parece una “malversación de fondos” y acusó a altos funcionarios de violar las normas de contratación pública.

Gran parte de la campaña fue gestionada a través de la consultora Strategic Digital Services, que trabaja tanto con agencias estatales como con candidatos y comités republicanos. Las facturas muestran que varias agencias firmaron contratos con la empresa con pocos días de diferencia, por un total de al menos 16,4 millones de dólares.

Como los anuncios no fueron clasificados oficialmente como publicidad política, el estado accedió a tarifas reducidas. Según los datos revisados por los investigadores, las agencias estatales gastaron al menos 3,1 millones de dólares solo en televisión abierta para oponerse a la legalización del cannabis, sin contar redes sociales ni costos de producción.

En los tribunales, el estado argumentó que los anuncios no violaban la ley electoral porque no mencionaban explícitamente la Enmienda 3. Un juez falló a favor del gobierno, aunque la decisión se encuentra actualmente en apelación.

El escándalo ya tuvo consecuencias políticas. Este año, los legisladores de Florida aprobaron una norma que prohíbe a las agencias estatales gastar fondos públicos para apoyar u oponerse a futuras iniciativas electorales, incluso bajo el argumento de difundir “información factual”.

Mientras tanto, el debate sigue abierto. La organización Smart & Safe Florida, respaldada nuevamente por la empresa de cannabis medicinal Trulieve, trabaja para llevar otra vez la legalización del cannabis a las urnas.

DeSantis ha reconocido que la mayoría de los votantes apoyó ambas enmiendas. Aun así, se adjudicó su derrota. “Nos plantamos”, dijo el año pasado. “Recorrimos el estado”.

La investigación sugiere que ese despliegue se apoyó, en buena medida, en recursos públicos, difuminando la frontera entre campañas de salud y propaganda política, con el cannabis otra vez en el centro de una de las disputas más intensas de la política estadounidense.

Foto: Shutterstock