Paraguay es el principal productor de cannabis de América del Sur, el segundo de América (después de México) y el cuarto del mundo.
También tiene dos leyes que, al menos a simple vista, se encuentran a la vanguardia en la materia: una ley única en el mundo, la 6.007, que indica que todo ciudadano con epilepsia refractaria tiene derecho a recibir aceite de cannabis medicinal gratuito y el gobierno debe promover su industrialización. También, el decreto 3.999, que declara al cáñamo como producto de interés nacional.
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La industria del cannabis tiene un potencial socioeconómico invaluable en un país como Paraguay. Y mucho más en regiones como el centro y el norte, donde gran parte de la población es rural.
Pero en un país que lleva más de 50 años cultivando marihuana de manera ilegal, estas leyes no parecieran estar generando ningún impacto positivo en las poblaciones vulnerables, entre los pequeños productores, entre las familias que viven presionadas por el narcotráfico, ni entre lxs enfermxs. Más bien todo lo contrario.
El acceso al aceite jamás se garantizó, las licencias fueron otorgadas a doce grandes laboratorios y la producción del cáñamo se limita exclusivamente a la empresa de capitales extranjeros Healthy Grains.
Mientras tanto, el narcotráfico no cesa y tampoco la violencia y la marginación sobre aquellos pobladores que cultivan desde siempre el cannabis ilegal que provee a toda la región. Y aspirar al consumo interno recreativo no parece un horizonte posible: paradójicamente, la producción y tenencia de cannabis sigue estando penada con hasta 15 años de prisión, según determina la Ley 1.340.
Pero las resistencias campesinas, alineadas con activismos, no se quedan calladas y tienen en la acción directa una de las pocas herramientas para hacerse oír. Y esta acción directa consiste en seguir haciendo lo que hacen desde hace décadas: cultivar cannabis y, hoy más que nunca, manufacturarlo en forma de aceite para proveer a lxs que lo necesiten. Aunque tengan todo en contra.
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¿Qué piden? Basta de marginalización y criminalización, el fortalecimiento de la industria nacional, la creación de demanda interna, herramientas para el desarrollo de un producto de primera calidad competitivo a nivel internacional, tributar al estado a través de cargas impositivas correspondientes y el fin de los monopolios.
Este es otro caso más en la historia de este continente que comprime la disputa por la tierra, el trabajo y la dignidad de vida de los habitantes originales contra el capital extranjero, el monopolio y la marginación.
Paraguay tiene hoy en día unas 20.000 hectáreas cultivadas con cannabis ilegal, trabajadas por de 15 a 20 mil familias que viven bajo un permanente régimen de extorsión.
Recientemente, en la comunidad de Agüerito, distrito de Santa Rosa de Aguaray, departamento de San Pedro, la Asociación de Desarrollo Comunitario junto a Granja Madre organizó un cultivo comunitario y una producción masiva de aceite medicinal para ser distribuido entre lxs enfermxs que lo requieran.
Pero la acción terminó en allanamiento policial y la prisión domiciliaria de Juan Carlos Cabezudo, abogado, activista, y productor detrás del cultivo comunitario Granja Madre.
“Se pinchó un globo muy lindo”, dice Cabezudo, desde el arresto domiciliario que comenzó en mayo. No es la primera vez que es procesado por estas cuestiones: en 2016 fue el primero en importar cáñamo al país y, hace dos años, se autodenunció para sentar un precedente, desde su Granja Madre donde producían y distribuían de manera gratuita aceite medicinal.
Con el proyecto de Agüerito tocaron “otro tipo de intereses”, diferencia de Granja Madre, que era una pequeña huerta a pocos kilómetros de Asunción. En cambio, Agüerito, contaba con un volumen de producción mucho más grande y, además, queda en plena zona de conflicto, entre sojeros y presión narco generalmente proveniente de Brasil.
A Cabezudo se lo llevaron 16 militares armados con fusiles. Se lo acusaba de usar la granja para producir y vender otro tipo de sustancias. “Cosa que ni comprobaron ni nunca van a poder comprobar”, dice el abogado.
Claramente, detrás de su detención, de los constantes allanamientos y de los palos en la rueda que recaen sobre los cultivos comunitarios, hay intereses políticos y empresariales amparados en leyes que entran en cortocircuito entre sí y que muchas veces hasta parecen ad-hoc.
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Entre esas, que la SENAD (Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay) promueve la versión oficial de que el cannabis paraguayo no sirve para fines medicinales. “O sea que solo sirve para el narcotráfico”, completa Cabezudo.
Pero eso es una falacia: “Que unos la fumen y otros usen para la epilepsia no habilita a criminalizar la materia prima. Es como prohibir la uva pero permitir el vino, no tiene ningún sentido”, dice el abogado.
El 17 de septiembre se realizó un evento en Agüerito. Se invitó a las autoridades y se replicó lo sucedido previamente en Granja Madre: cultivo y producción de aceite bajo un modelo comunitario, simple y barato. “Y a partir de ahí desarrollamos una industria legal, la primera para entrar de lleno al desarrollo industrial del cáñamo”, proyecta Cabezudo.
“Esta ley parecía un gran logro, fue una batalla que se logró en la calle y, en gran parte, gracias a Mamá Cultiva Paraguay”, explica Cabezudo. Ya había una enorme infraestructura de producción montada en la que trabajaban miles de paraguayos de bajos recursos: solo faltaba, y se esperaba con ansias, la legalización.
“El gobierno presentó esta ley presentó como una alternativa ante la crisis, una oportunidad de profesionalización de los pequeños productores y de industrialización de las comunidades, pero ninguno de los que deberían ser beneficiarios, que son, por un lado, los enfermos y, por el lado de la población rural, vieron ninguna de estas ventajas”, lamenta el productor independiente.
Cabezudo denuncia una total centralización de la producción en Asunción, un oligopolio en manos de estos 12 laboratorios y un monopolio del cáñamo en manos de Healthy Grains. Y los pequeños productores no entran en ninguna parte de la ecuación.
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Con el cultivo comunitario de Agüerito, se buscaba no solo garantizar el derecho los enfermos a acceder al aceite, sino también al derecho del pequeño productor a acceder a un recurso económico. “Este es un país con 400 mil familias en el campo y un país marihuanero. Obviamente, la producción tendría que haberse dirigido hacia las cooperativas, asociaciones de pequeños productores y familias, con toda la profesionalización que eso conllevaría”, explica Cabezudo.
“Somos el único país del mundo donde, para producir cannabis, tenés que contar con una contrapartida de un laboratorio. Y los laboratorios, acá y en todas partes, son un clan muy cerrado, tienen negociados con los gobiernos y están en oposición a cualquier alternativa que les saque clientes”.
Por su parte, cuenta que, al día de hoy, los laboratorios no garantizaron aceite para ningún enfermo, no lanzaron ningún producto al mercado, ni importado ninguna semilla, ni desarrollado ninguna variedad.
“Así como los laboratorios se apoderaron del negocio de la medicina, desde esta empresa (Healthy Grains) se apoderaron del programa del cáñamo habiendo cincuenta mil hectáreas en manos de pequeños productores”, lamenta Cabezudo.
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Un informe del Ministerio de Agricultura del mes pasado contabilizó que, luego de dos años, Healthy Grains cuenta con sólo 40 productores trabajando en 60 hectáreas, aunque más de 2000 familias interesadas en cultivar firmaron un censo.
Entre los beneficios de un Decreto de Interés Nacional para estos productores estarían un acortamiento de plazos burocráticos, un abaratamiento de costos y la obligación del Banco de Fomento a conceder créditos bajísimos. “Pero es para la foto, todo lo hacen para justificar que están haciendo cultivos extensivos en manos de capitales extranjeros, para justificar el monopolio”, explica el abogado.
Recientemente, la empresa exportó veinte toneladas de cáñamo, por primera vez de modo totalmente legal, hacia los Países Bajos y otra tonelada a la Unión Europea.
El departamento de Santa Rosa del Aguaray, en San Pedro, donde se emplaza Agüerito, tiene un 93% de población rural aproximadamente. “Si fuéramos menos complacientes con la corrupción, podríamos darle una gran oportunidad de desarrollo en muchos niveles”, lamenta.
Hoy, las familias rurales no tienen una puerta de entrada para poder hacer uso de su capital, que es una experiencia de décadas cultivando marihuana. Y este supuesto avance sólo las deja peor paradas. “Viendo todo esto, los productores de marihuana del norte de Paraguay se sienten más discriminados y criminalizados que nunca”, explica Cabezudo.
“Estas familias deberían sentirse orgullosas de lo que producen, pero las mantienen por fuera del ciclo legal, totalmente relegados, porque son gente que vive en estados casi feudales, están apretados todo el tiempo, por policías, vecinos, políticos y narcos”.
Con esta legalización que no los integra, los pequeños productores, no tienen otra opción que venderse al sojero o al traficante, sin un mercado que los proteja o un estado que les de alternativas.
Estos pequeños productores son personas que viven en su tierra, la única que tienen, y que están rodeados de vastas extensiones de campo y selva. Muchxs no cuentan con una escuela, un hospital o siquiera una ruta asfaltada cercana. Integrarlos un sistema de producción enfocado en fortalecer la industria y el mercado interno sería una poderosa herramienta para mejorar sus condiciones de vida.
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La propuesta es: profesionalizar el trabajo de los pequeños productores, fomentar la producción de tipo orgánico -para darle un valor agregado- y acabar la criminalización. A mediano plazo, la industrialización de la región y la creación de un mercado interno.
“La marihuana no puede ser industrial porque todavía no hay industria. Aquí, la marihuana tiene que ser campesina, no puede ser corporativa”, sentencia.
El 1 de septiembre llevaron sus quejas al Parlamento: “Lo primero que se pidió es que se cumplan las leyes. Aceite para todos, sino es la figura que se llama omisión de auxilio”.
“Paraguay tiene que industrializarse. No hay manera de que sigamos en un modelo agroexportador sojero, marginalizador, empobrecedor y destructor de todo el medio ambiente para que unos pocos tipos ganen a cuesta de eso. Y que encima paguen bajísimos impuestos”, sentencia Cabezudo.
Agüerito no es el único lugar de esa región paraguaya donde el campesinado y los pequeños productores resisten y siguen cultivando para enviar un mensaje a la clase política. Otro foco, entre varios, es el asentamiento Kamba Rembe.
“El tema del cannabis llegó con la fundación del asentamiento”, cuenta el Concejal Departamental de San Pedro y docente rural Francisco Larrea, quien trabaja dentro de la comunidad, fundada hace 30 años. “Cuando se conquistó esta tierra vino la semilla con nosotros”.
La palabra “conquistar” es clave.
Kamba Rembe es un rincón que nunca tuvo demasiada ayuda, ni siquiera atención, por parte del Estado. Así es la injusta situación habitacional del norte de Paraguay: innumerables extensiones de tierras públicas que son habitadas por quienes las trabajan, pero que se encuentran en manos de latifundistas.
En este momento, cuenta Larrea, se está tratando un proyecto de ley en el senado paraguayo que pretende criminalizar las luchas campesinas. “Es decir, si uno quiere tomar un pedazo de tierra pública es posible que vaya de cinco a seis años a la cárcel. Y es importante contar esto porque es parte de nuestra cultura productiva: este asentamiento fue conquistado a través de la lucha hace veinte años”.
Próximos a sentarse en el Parlamento paraguayo para hacerse oír, con la ayuda de un senador progresista del Frente Iguazú en el proceso, Larrea enumera las tres cosas que piden: primero, atender la demanda real de cannabis medicinal de la población, y que las empresas que van a aprovechar este rubro donen parte de su producción al Ministerio de Salud pública para la entrega (como ya debería estar garantizada) de forma gratuita a los enfermos que lo requieran.
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Segundo, impulsar el desarrollo alternativo de la producción en escala familiar y minifundiaria.
Se espera que este encuentro con las autoridades suceda en algún momento antes de que termine el mes de septiembre.
“Necesitamos una decisión política. Y para eso tenemos que enfocarnos hacia el Parlamento. Los políticos tal vez no tengan ningún otro interés que no sea negociar con las grandes farmacéuticas, pero nosotros vamos luchar para que nuestra voz se escuche a la hora de la toma de decisiones”, sigue Larrea.
En tercer lugar, exigir que a través de este rubro se recaude la tasa impositiva acorde a la ganancia que genera. “El estado tiene que recaudar”, dice el Concejal. Y sigue: “Detrás del cannabis hay millones y millones de dólares”.
Los pequeños productores no pretenden barrer a las empresas de la región y lo que buscan es un modelo productivo que los integre y los beneficie trabajando en conjunto.
“No podemos culpar al empresario por cualquier problema que surja de esta producción y comercialización, vamos a culpar al estado. El empresario es libre. Lo que no aceptamos es el monopolio”, resume Larrea. El objetivo es uno y bien razonable: que el gran beneficiario de la legalización sea el pueblo paraguayo y, principalmente, el pequeño productor rural.
Los grandes terratenientes de siempre tienen enormes plantaciones y la ley nunca cae sobre ellxs. “Ellos no necesitan nada más: tienen grandes extensiones de soja y maíz, y la producción de carne. Pero nosotros necesitamos esta alternativa y queremos que sea parte de la legalización”, explica.
“Aunque se beneficien los pequeños productores, los empresarios no van a dejar de hacerlo. Tienen una tajada enorme en esto: lo que se pide es que la compartan. Que venga cualquier empresa de cualquier parte del país, pero pedimos que el valor del trabajo en este rubro sea acorde al precio de mercado. Porque nosotros sabemos los números: hay enormes ganancias detrás”.
“Queremos que tanto la producción, la transformación y la comercialización pase por nuestra organización. Las empresas pueden venir, pero no solamente a extraer materia prima”, explica Larrea.
Así, los beneficios de esta explotación también recaerían en la economía minifundiaria. “Nuestra gente tiene mucho conocimiento. Nos está faltando tecnificación productiva”.
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Instalar pequeñas industrias en el asentamiento que no solamente tengan que ver con la materia prima, sino con derivados (como, por ejemplo, semillas, textiles de cáñamo, comida tanto para animales como para humanos, etcétera) que aportarían una mejora económica en la región que se traduciría en mejor infraestructura, acceso a los servicios y calidad de vida de toda la población que habita el norte del país.
“Toda la vida hemos trabajado en este rubro de modo ilegal. Ahora queremos hacerlo legalmente, pagar impuestos, que el estado controle la producción y sea garante y que ese cannabis sea de calidad, el mejor del mercado”, determina Larrea.
“Hay pocos productos con tantas potencialidades y con los que se puedan hacer tantas cosas como con la planta del cannabis. El cannabis es como un petróleo, pero daña mucho menos el ambiente y quizás sea el petróleo de un futuro no tan lejano”.
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