Brasil: Programa de Gobierno de Lula Incluye Nueva Política de Drogas Enfocada en Reducción de Daños

El documento también aborda la sustitución del modelo militar de lucha contra el tráfico y la mejora de la calificación técnica de los policías.

Por Joel Rodrigues de Smoke Buddies.

El 21 de junio pasado, el Partido de los Trabajadores (PT) presentó el documento con las directrices del programa de gobierno del candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva.

El documento se titula Lineamientos para el Programa de Reconstrucción y Transformación de Brasil 2023-2026. En él, se abordan puntos importantes, como una nueva política de drogas, la sustitución del actual modelo bélico de combate al tráfico por estrategias de enfrentamiento basadas en el conocimiento y la información. Asimismo, se contempla la mejora de la calificación técnica de oficiales de policía.

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En materia de política de drogas, la campaña de Lula indica que su gobierno adoptará una postura más evolucionada. “El país necesita una nueva política de drogas, intersectorial y enfocada en la reducción de daños, la prevención, el tratamiento y la atención al usuario”.

El término “reducción de daños” se refiere a un conjunto de estrategias e ideas prácticas que buscan reducir las consecuencias negativas asociadas con el consumo de drogas.

Según Harm Reduction International, la reducción de daños abarca políticas, programas y prácticas basadas en la justicia y los derechos humanos. “Se enfoca en el cambio positivo y en trabajar con personas sin juzgar, coaccionar, discriminar o exigir que dejen de usar drogas como condición previa para el apoyo”, explica la organización en su sitio web.

Así, el plan de gobierno del PT apunta a un camino que ha sido más efectivo que la propuesta prohibicionista. Ésta se centra en la abstinencia obligatoria y el abordaje violento de los usuarios de sustancias.

Por caso, en Brasil y otros países que continúan promoviendo la abstinencia forzada y la criminalización del usuario, el consumo y comercio de drogas sólo ha aumentado más cada año. Particularmente, esto ha llevado a cárceles superpobladas y el genocidio de las comunidades más vulnerables. En contraste, lugares como Suiza y Portugal han adoptado la reducción de daños y la despenalización como política pública. Allí, el número de sobredosis mortales y de personas adictas se ha reducido drásticamente.

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El programa de gobierno de Lula también establece que “el actual modelo militar de combate al tráfico será reemplazado por estrategias de enfrentamiento y desmantelamiento de las organizaciones criminales, basadas en el conocimiento y la información, con el fortalecimiento de la investigación y la inteligencia”. Otra muestra de la evolución de la política de drogas, teniendo en cuenta que la actual estrategia empleada en el país no hace uso de la inteligencia. Por el contrario: la policía encarcela y asesina cada año a miles de personas negras y marginadas. Mientras tanto, los dueños de helicópteros y aviones cargados de la cocaína permanece ilesos.

El texto también habla de la “mejora de la calificación técnica de los policías”. Para esto se utilizarán estrategias como la “reformulación de los procesos de selección, educación y formación continua” y la “actualización de doctrinas”. Asimismo, “se llevarán a cabo reformas para aumentar la eficiencia del Sistema de Seguridad mediante la modernización de las instituciones de seguridad, las carreras policiales, los mecanismos de inspección y supervisión de la actividad policial y el mejoramiento de sus relaciones con el Sistema de Justicia Penal”.

Mejorar la calificación de la policía y modernizar la inspección de sus actividades es también un punto crucial en el debate sobre la política de drogas del país. El argumento contra el tráfico es utilizado por las fuerzas policiales como justificación del alto número de muertes en acciones dentro de las comunidades pobres.

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En mayo de este año, un operativo policial en el Complexo da Penha (en la zona norte de la ciudad de Río de Janeiro) dejó 25 muertos. La excusa fue querer detener a los jefes de una facción del narcotráfico. Dicha acción ocurrió un año después de la Masacre de Jacarezinho; cuando policías civiles, bajo el pretexto de la guerra contra las drogas, asesinaron a 28 personas.

La actual Ley de Drogas en Brasil

Las directrices sobre política de drogas en el programa de gobierno del PT representan un avance en relación con la necropolítica actual. No obstante, hacen muy poco para reparar el daño causado por la Ley N° 11.343. Ésta fue promulgada en el 2006 bajo la presidencia de Lula; y dejó en manos de policías, fiscales y jueces definir quién es usuario y quién es traficante.

La ley de drogas del 2006 eliminó las penas de prisión para los usuarios. En cambio, contempló castigos de advertencia, servicio comunitario o la obligación de asistir a programas educativos. Sin embargo, el texto no definió criterios claros para diferenciar entre uso y tráfico, tales como la cantidad de drogas.

“Para determinar si la droga estaba destinada al uso personal, el juez tendrá en cuenta la naturaleza y cantidad de la sustancia incautada, el lugar y condiciones en que se realizó la acción, las circunstancias sociales y personales, así como la conducta y antecedentes del mandatario”, dice el segundo párrafo del art. 28 de la ley.

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El resultado de la subjetividad en la distinción entre el consumo personal y el tráfico de la ley fue el encarcelamiento masivo de personas negras y pobres como traficantes. La policía no necesita pruebas para legitimar la detención de una persona por narcotráfico: su testimonio es suficiente.

Desde el 2006, la población carcelaria se ha incrementado en más de un 250%. Según el Departamento Penitenciario Nacional  actualmente 811.000 personas se encuentran privadas de libertad en el país. A su vez, el número de infractores por drogas se ha incrementado en un 156%. Lxs negros representan el 67% de las personas encarceladas. Antes de la actual ley de drogas, lxs negros eran el 58%, según el Foro Brasileño de Seguridad Pública.

Los pequeños avances en el campo de la política de drogas previstos en el plan de gobierno de Lula pueden contribuir a contener el encarcelamiento masivo de poblaciones negras y pobres. Sin embargo, para reparar las injusticias cometidas contra estas comunidades, se necesitan, como mínimo, iniciativas de amnistía para las personas detenidas por delitos relacionados con las drogas y de reparación histórica para las personas afectadas por la Guerra Contra las Drogas.

Foto: Biblioteca (BCN) Congreso Nacional de Chile from Valparaíso, Chile, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons