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Ley de Drogas, Regulación del Uso Adulto del Cannabis y Reducción de Daños en Argentina

Ley de Drogas, Regulación del Uso Adulto del Cannabis y Reducción de Daños en Argentina

✍ 15 noviembre, 2021 - 12:04

En septiembre, la Ley de Drogas 23.737 cumplió 32 años. Si bien, a la fecha se han producido avances en la regulación del cannabis, el consumo y cultivo de la planta todavía sigue siendo penalizado.

Aún cuando está demostrado que la persecución del narcomenudeo no contribuye a mejorar la seguridad pública (mucho menos a la calidad de vida de las personas), la Ley sigue persiguiendo a usuarixs de cannabis, sin hacer mella en el crimen organizado.

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Al mismo tiempo, se han entretejido en el seno de la sociedad civil movimientos, organizaciones, alianzas y coaliciones que han germinado alternativas legales para la regulación de la planta de cannabis que apuntan a garantizar el acceso a la salud de manera equitativa para garantizar la libertad y los DD.HH. de lxs usuarios de drogas.

La Ley de Drogas en números

Florencia Corbelle es Doctora en Antropología y se dedica a estudiar políticas de drogas y prácticas judiciales y policiales en Argentina. Además, Corbelle es una especialista en el estudio de movimientos de usuarios de drogas. Considera que, para hablar de la Ley de drogas, debemos hablar de un ensamblaje regulatorio y normas superpuestas, una suerte de collage, que -a menudo- es contradictorio.

“Por un lado, la Ley de Drogas 23.737 permite la aplicación de medidas de seguridad curativas impulsivas como complemento o alternativa a la pena. Mientras que, por otro lado, la Ley de Salud Mental plantea que las personas usuarias tienen derecho a elegir su tratamiento. Al mismo tiempo, la Ley 27.350 plantea el registro de los usuarios, aún cuando la Ley 23.737 sigue penando el cultivo y la comercialización de plantas y semillas”.

Corbelle recuerda que entre 2008 y 2010, la República Argentina avanzó con la Ley de Salud Mental y el abordaje integral de consumos problemáticos, definidos en un sentido amplio. “Hay un cambio de paradigma en este sentido”, afirma la Dra. de la UBA.

Y aclara: “Se avanza en la atención de consumos problemáticos, pero no se da un avance en las políticas de seguridad pública. El marco legal actual combina medidas avanzadas con políticas de mano dura que varían con los cambios ministeriales”.

Según un estudio realizado por Corbelle, titulado “La Ley de Drogas en Números”, entre 2014 y 2019, las causas judiciales creadas por infracción a la Ley de Drogas se triplicaron. La mayoría de las causas se crean en las grandes ciudades, aunque Formosa, Jujuy y Rio Negro son provincias que también se destacan.

Perseguir cultivadores son prácticas asentadas en la cultura policial, viene de años, es sencillo en términos administrativos para el personal policial, requieren una detención para averiguación de antecedentes y una requisa positiva que deriva en una causa por tenencia simple o para consumo personal”, aclara Florencia.

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Además, el estudio demuestra un aumento del número de causas para consumo personal. Un porcentaje cercano al 50% durante esos cinco años. “Si le sumamos los delitos de tenencia simple, el 65 % de los hechos registrados no tienen nada que ver con la venta de estupefacientes. Tenencia simple o tenencia para consumo personal, no es una categoría menor”.

Estadísticamente, la cantidad de causas se ha incrementado pero la cantidad de causas que llegan a juicio sigue constante, es ínfimo. Aumenta la detención de personas que usan cannabis pero sin impacto en grandes organizaciones del crimen organizado,” sentenció Corbelle.

Proyectos de regulación del uso adulto con estado parlamentario

Marcos Torti es abogado, vicepresidente de RESET y forma parte del Frente de Organizaciones Cannábicas Bonaerenses. Torti destaca dos proyectos para la legalización del cannabis: el de la Diputada Gabriela Cerruti y el de la Diputada Ayelén Espósito, “aunque hay otros proyectos presentados por otrxs legisladorxs como Carolina Gaillard, Mara Brawer y Nicolás del Caño”, aclara Torti desde un comienzo.

—¿Podés hacer una comparación entre el proyecto de Cerruti y el de Espósito?

—Primero hay que entender la diferencia entre despenalizar y legalizar. Despenalizar significa modificar la Ley 23.737. Vos podés legalizar el cannabis pero lo importante es despenalizar para terminar con los delitos de tenencia para uso personal, que la Corte Suprema ya dijo que es inconstitucional en el Fallo Arriola de 2009.

El de Cerruti contempla la despenalización, probablemente, por ser más reciente. El de Espósito es súper completo, tiene 64 artículos y toca aristas muy importantes, aunque podría hacer un énfasis mayor en la despenalización.

Asimismo, tiene un artículo que modifica los años de pena, de 4 a 15, a 3 a 15. Si vos tenés 4 de mínima, en principio, el delito no es excarcelable (vas presx). Al romper el piso de los 4 de mínima, el delito es excarcelable. Además, deroga el artículo 14 (“tenencia simple y tenencia para consumo personal”) de la Ley 23.737.

El de Espósito tiene una ventaja en su extensión, la inclusión de definiciones legales que son muy importantes para entender el resto de la Ley, que evitan las lagunas conceptuales y que la conversación en el Congreso se empantane en discutir minucias.

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Ambos proyectos contemplan el autocultivo, los clubes de cultivo y la producción estatal, aunque el de Cerruti prevé un registro, algo similar a lo establecido en el REPROCANN y propone controles al cultivo doméstico. Proponé dos tipos de producción, con y sin fines de lucro. La autoridad de aplicación de la Ley regulará cómo se produce con fines de lucro, en particular, la producción artesanal, cooperativas y PyMEs.

El de Ayelén Espósito regula la entrega a título oneroso por clubes, farmacias, el estado y dispensarios. Muy parecido a como es en Uruguay. Es más detallado, otorgando menor margen de acción, pero mayores precisiones sobre los alcances de la Ley para evitar discrecionalidades a la hora de reglamentarla. El proyecto de Cerruti, en cambio, es más amplio y se deja más librado a la reglamentación.

Uno de los puntos importantes del proyecto de Espósito es la amnistía: básicamente, una Ley que borra el delito y, por consiguiente, los antecedentes penales. Está previsto en el artículo 75, inciso 20, de la Constitución Nacional como una atribución del Congreso.

Reducción de Daños: una mirada pragmática del consumidor como ciudadano libre

Silvia Inchaurraga es doctora en psicología, secretaria general y cofundadora de ARDA, una organización pionera que promueve el diseño de políticas de drogas basadas en la salud, los derechos humanos y la evidencia científica. Desde ARDA adelantan que la regulación se debe pensar como políticas públicas integrales, con financiamiento, que cambien el abordaje del abuso de sustancias.

De otro modo, es probable que leyes sin recursos, no resulten efectivas y legitimen el discurso prohibicionista.

“Como vimos en el caso de Chano. La Ley de Salud Mental sin una mirada de la política pública argentina termina siendo funcional al abordaje tradicional”, aclara Silvia, quien considera necesario “pensar al consumidor como sujeto de derechos, como ciudadanos/as con el derecho a acceder a la salud pública y que se asignen recursos desde el Estado”.

“Hoy, el principal problema son las sobredosis por policonsumo y las combinatorias de sustancias”, nos explica la experta. Por eso, desde la organización, abogan por “una mirada pragmática”.

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“La reducción de daños es un enfoque pragmático que reconoce la responsabilidad del Estado y viene a humanizar a los usuarios. No busca castigarlos. La idea es acercarse en el barrio, la escuela, la fiesta, sin imponer una lógica de abstinencia, para reducir los riesgos y daños asociados al consumo problemático y tender puentes con el sistema de salud pública. Busca garantizar condiciones sanitarias de uso de sustancias y acompañar al consumidor, que puede o no dejar de consumir,” nos explica Silvia.

Regulación del uso adulto: ¿a dónde vamos?

Patricio Liddle, es economista, secretario de juventud de ARDA y reconocido influencer cannábico. Apunta a la base conceptual de la prohibición y considera que la ley actual deslegitima el goce por fuera de la norma y limita las libertades de los ciudadanos.

“Hay cosas que dan placer que están legitimadas y otras que no. Desde un discurso que considera al usuario de drogas en la minoría de edad, débil, la ley propone una figura paterna, estricta. Un modelo políticamente correcto en sociedades paternalistas, que legitiman la imposición al goce del otro. Son políticas que no aceptan otro estado de conciencia que el de la sobriedad. Así, el disfrute se criminaliza con el argumento de cuidar la salud pública”, afirma Liddle.

Torti, de RESET, coincide con Liddle y considera, además, que los proyectos de leyes actuales deberían abordar cuestiones de salud mental.

“La Ley 23.737 tiene un carácter tutelar de las personas: el juez decide sobre cuestiones de personas que considera adictas, con una terminología antigua. En el ‘89 se consideraba que era el juez el que se debía ocupar de encerrar a las personas con consumo problemático, cuando el abordaje de las personas en este caso debe proceder desde la salud mental”, aclara el abogado cannábico.

Corbelle también apunta a cuestiones éticas centrales: “Hay una serie de cuestiones de principios éticos, respetar los DD.HH. de usuarios, garantizar la salud y la justicia social, la inclusión de mujeres y disidencias, y el respeto a las prácticas culturales. No se puede pensar una regulación que excluya las prácticas cooperativas y el autocultivo”.

Asimismo, la investigadora del CONICET apuntó a cuestiones técnicas imprescindibles de la legalización integral del cannabis para todos sus usos. “Tendría que apuntar a regular un sistema productivo mixto, público-privado, para que quienes no puedan cultivar no dependan de un tercero y lo puedan conseguir en una cooperativa local”.

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Corbelle advierte que, si se regula el cannabis sin despenalizar su cultivo y consumo, van a persistir ciertas prácticas, el cultivo sin licencia y la persecución policial.

Por otro lado, Liddle considera que la política del estado debe tener tres pilares: la prevención, para que no se inicie el consumo, mejorar las condiciones de vida de la población, la asistencia en sentido amplio, no solo la rehabilitación, y la reducción de daños.

“Ya de por sí la legalización y despenalización tienen un efecto positivo sobre la salud pública. En Canadá, la idea era reducir el uso de cannabis en jóvenes y lo lograron. Después de la regulación del uso adulto en Uruguay, entre 2013 y 2018, se redujo considerablemente el tamaño del mercado informal del cannabis. Ya que las flores de cannabis son accesibles de forma rápida, a un costo menor y de mayor calidad”.

De acuerdo con Liddle, la idea de uso responsable plantea que el sujeto adulto “no es una persona que juega a la ruleta rusa, el usuario prefiere siempre la calidad del producto”.

“Además, las bocas de comercialización de cannabis serían una oportunidad para encontrar al usuario que el estado puede aprovechar para informar, tomar consultas y acercar recursos”. Liddle resalta la importancia de la comunicación pública y del marketing para desincentivar el uso de cannabis entre niñxs y adolescentes.

En torno al caso uruguayo, Torti considera que -en su momento- fue un avance enorme, aunque el sistema de farmacias tiene problemas de logística y de concentración de mercado. Sin embargo, le permite al Estado llegar a las personas que no quieren cultivar.

“Lo importante de Uruguay fue partir de lo general, para tener una regulación más coherente. Legalizó primero el uso adulto y luego fue por la producción medicinal industrial. Nosotros hicimos el camino inverso”, dice Torti.

Y agrega: “Estamos estableciendo regulaciones alrededor del punto central, la despenalización y la regulación legal del cannabis. En el fondo, la prohibición continúa. Por eso es importante reformar la Ley de Drogas. Con el REPROCANN, un avance enorme, todavía existe el delito. En esa laguna legal cae gente detenida”.

Según Torti, una regulación integral del cannabis permitiría proteger el derecho a la salud y tener una industria coherente, ya que los cambios de gobierno pueden resultar en el desfinanciamiento de los registros, como es el REPROCANN.

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“Si te toca un gobierno que protege los derechos, está muy bueno, pero si viene un gobierno con un plan de austeridad, el registro se puede haber afectado”.

El abogado afirma que Uruguay viene a comprobar que a través de una legalización integral del cannabis se puede llegar a las personas con información madura sobre el consumo de sustancias y restringir el acceso a menores de edad.

“La legalización no aumenta el consumo. Si aumenta, lo hace los primeros años, porque la gente busca probar productos nuevos, pero después se plancha y mantiene un promedio”, concluyó Torti.

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ACERCA DEL AUTOR

Nicolás es Licenciado en Relaciones Internacionales e investigador del Doctorado en Política Pública y Urbana de The New School en la ciudad de Nueva York. En 2014, trabajo para Naciones Unidas en Kosovo y co-fundó la Open Data Kosovo Foundation for Digital Capacity-Building. En 2015 recibió un Master en Asuntos Internacionales y en 2020 un Master en Filosofía. Actualmente se dedica a estudiar la relación entre la industria del cannabis y las políticas de desarrollo económico equitativo en el continente Americano.

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