Papelones en la DEA: Corrupción, Sobornos, Racismo, Irregularidades en Aeropuertos y Conflictos de Interés en Regulación del Cannabis

• La DEA suspendió registros aleatorios tras revelar corrupción y perfiles raciales en aeropuertos.
• Un informe denuncia sobornos, falta de documentación y registros sin justificación legal.
• Enfrenta acciones legales por sesgo en la reclasificación del cannabis y comunicación ilícita con SAM.

A raíz de una investigación del Departamento de Justicia de EEUU que puso al descubierto prácticas de corrupción, se ha prohibido a la Administración para el Control de Drogas (DEA) realizar registros aleatorios de las pertenencias de los viajeros en aeropuertos y centros de tránsito. La investigación, dirigida por el inspector general Michael Horowitz, descubrió fallos en la documentación adecuada de los registros, posibles perfiles raciales y colaboraciones dudosas con trabajadores de aerolíneas.

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Al parecer, un empleado de una aerolínea recibió decenas de miles de dólares a lo largo de varios años como soborno por marcar a pasajeros en función de sus patrones o modalidades de viaje, como la compra de boletos de última hora.

“La Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Justicia descubrió que la DEA ha incumplido repetidamente sus propias políticas, lo que ha creado importantes riesgos operativos y legales”, según el informe.

La decisión de suspender los registros fue emitida el 12 de noviembre por el fiscal general adjunto tras revisar el borrador del informe. El memorando del Departamento de Justicia prohíbe a los agentes de la DEA mantener encuentros consentidos en lugares de tránsito a menos que estén relacionados con investigaciones activas o se aprueben en circunstancias especiales.

Corrupción sistémica en la DEA

El informe sigue a un video de amplia difusión publicado por el Instituto de Justicia (IJ), una organización de derechos civiles sin fines de lucro. Uno de los casos citados en la nota se refería a un viajero, identificado como David C., que se niega a consentir un registro tras ser abordado por un agente de la DEA en un aeropuerto. A pesar de sus objeciones, los agentes cogieron su mochila, alegaron que un perro detector de drogas les había alertado y llevaron a cabo el registro, que no arrojó ningún artículo ilegal. El retraso, que hizo que David perdiera su vuelo, suscitó numerosas críticas públicas.

Las investigaciones posteriores revelaron problemas sistémicos. La DEA rara vez documenta sus registros, a menos que den lugar a incautaciones o detenciones, lo que hace imposible determinar cuántos viajeros se han visto afectados. En un caso, al músico Brian Moore se le incautaron USD 8.500 en un aeropuerto, dinero destinado a un proyecto de vídeo musical. No se le acusó de ningún delito, pero invirtió un año y USD 15.000 en honorarios de abogados para recuperar sus fondos. Moore afirma que la experiencia arruinó su carrera musical.

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Por otro lado, una investigación de USA Today de 2016 descubrió que agentes de la DEA incautaron más de USD 209 millones a más de 5.200 viajeros en 15 aeropuertos importantes durante una década, y que la mayoría de los fondos se repartieron con la policía local. Los críticos sostienen que estas prácticas incentivan registros inconstitucionales con fines lucrativos.

Desde entonces, el Instituto de Justicia ha demandado a la DEA y a la TSA, abogando por una legislación que elimine estos incentivos financieros. La DEA aún no ha respondido a las conclusiones.

La DEA, el cannabis y la controversia sobre la reclasificación

Además de las acusaciones de corrupción y perfiles raciales en aeropuertos, la Administración para el Control de Drogas (DEA) enfrenta otra controversia: acciones legales por acusaciones de comunicación ilícita con grupos anti-cannabis como Smart Approaches to Marijuana (SAM). Este es uno de los principales opositores al plan de la administración Biden para reclasificar la marihuana de la Lista I a la Lista III bajo la Ley de Sustancias Controladas (CSA). Un juez ha otorgado a la DEA y a SAM un plazo hasta el 25 de noviembre de 2024 para responder.

El 20 de noviembre, el juez de derecho administrativo de la DEA (ALJ) John Mulrooney emitió una orden en respuesta a una moción presentada por las organizaciones de cannabis Village Farms International y Hemp for Victory. La moción disputa el rol de la DEA como “promotor” de la regla de reclasificación, alegando conflictos de interés. Además, señala que la oposición de la DEA al plan de reclasificación, a pesar de la recomendación del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), genera preocupaciones sobre la neutralidad de la agencia.

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El involucramiento de SAM en este proceso, especialmente en relación con las supuestas comunicaciones ilícitas, se ha convertido en un tema clave en el caso.

La moción argumenta que el respaldo de la DEA a la regla de reclasificación viola los principios de imparcialidad: “Nunca en su historia como agencia, la DEA había rechazado una recomendación de clasificación del HHS. Esta vez, sin embargo, la DEA no solo no estuvo de acuerdo con las opiniones del HHS, sino que las opuso tan vehementemente que el Fiscal General tuvo que referir la disputa interagencial a la Oficina de Asesoría Legal para su resolución”.

Como resultado, Mulrooney ha establecido un plazo para que la DEA y SAM respondan antes del 25 de noviembre, algo que hasta ahora no han hecho. Mulrooney también amplió la invitación para que SAM abordara las acusaciones de comunicaciones ilícitas ex parte con la DEA. En su última orden, declaró: “Por lo tanto, se ORDENA que, además del Gobierno, Smart Approaches to Marijuana (y solo el Participante Designado según esta orden) elija responder a la moción, y podrá hacerlo a más tardar a las 2:00 PM EST, el 25 de noviembre de 2024”, según informó Marijuana Moment.

La moción, presentada el 18 de noviembre, afirma que las acciones de la DEA contradicen su rol tradicional. Los grupos argumentan que la DEA, encargada de hacer cumplir las leyes de sustancias controladas, no debería abogar por cambios en esas leyes, pues esto comprometería su imparcialidad.

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La audiencia del 2 de diciembre eleva aún más las apuestas en esta batalla legal, ya que el resultado podría afectar significativamente las políticas de cannabis en Estados Unidos. Abogados, investigadores y grupos de veteranos han pedido un proceso justo y transparente para abordar las preocupaciones sobre la neutralidad de la DEA y su posible sesgo.

Adicionalmente, los grupos han señalado preocupaciones sobre la lista de participantes aprobados para la audiencia, destacando que Village Farms es la única empresa de cannabis seleccionada por la DEA. A pesar de más de 42.000 comentarios públicos apoyando la reclasificación o eliminación del cannabis de la lista de sustancias controladas, la lista de participantes de la DEA está dominada por grupos anti-cannabis.

Vía Benzinga, traducido por El Planteo

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