Investigación: Cómo la Violencia de la Guerra contra las Drogas Deteriora la Salud Pública en Brasil

Lxs residentes de las comunidades más expuestas a la violencia armada causada por los agentes de seguridad no tienen acceso a los servicios de salud y pueden desarrollar enfermedades físicas y trastornos mentales debido a estos episodios. Así lo revela el estudio Saúde na Linha de Tiro: impactos da guerra às drogas sobre a saúde no Rio de Janeiro, publicado el miércoles pasado por el Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía (CESeC) de Brasil.

El estudio también muestra que el Estado gasta aún más dinero público para tratar enfermedades y trastornos que él mismo provoca.

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“La guerra contra las drogas afecta a toda la sociedad de Brasil. Pero son lxs habitantes de las comunidades, lxs pobres y negros lxs más perjudicados por esta opción política del Estado. Con esta investigación, queremos llamar la atención de la sociedad sobre esta realidad”, afirma la socióloga Julita Lemgruber, coordinadora del CESeC.

Saúde na Linha de Tiro es la tercera fase del proyecto Drogas: cuánto cuesta prohibir, que debate los impactos de la guerra contra las drogas, aportando análisis inéditos en cuatro áreas específicas: seguridad y justicia, educación, salud y territorio. La primera fase del proyecto, lanzada en marzo de 2021 con el informe Um Tiro no Pé, reveló los impactos del prohibicionismo en el presupuesto del sistema de justicia penal en Río de Janeiro y São Paulo. La segunda etapa (Tiros no Futuro), lanzada en febrero de 2022, presentó datos sobre el impacto de la política prohibicionista en el rendimiento escolar de lxs alumnos del sistema público de enseñanza municipal de Río de Janeiro.

Para llegar a los resultados, en 2022 la investigación entrevistó a 1.500 residentes mayores de 18 años, de seis comunidades de Río de Janeiro similares desde el punto de vista socioeconómico, pero expuestas a diferentes niveles de violencia armada. Las comunidades se dividieron en dos grupos: tres de ellas frecuentemente afectadas por tiroteos con presencia de agentes de seguridad en 2019 y otras tres que no se ven afectadas por el mismo tipo de violencia, según datos del Instituto Fogo Cruzado. Se consideraron los tiroteos registrados en un radio de 400 metros de las unidades sanitarias de estas localidades.

Entre las más afectadas están: Nova Holanda, una de las comunidades del complejo Maré, CHP-2, del complejo Manguinhos, ambas en la Zona Norte de la ciudad, y Vidigal, en la Zona Sur. Las tres comunidades que no registraron tiroteos en 2019 fueron Parque Proletário dos Bancários, en Ilha do Governador, Parque Conquista, en el barrio de Caju, ambas en la Zona Norte de Río de Janeiro, y Jardim Moriçaba, en la Zona Oeste.

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La publicación Saúde na Linha de Tiro presenta una serie histórica de tiroteos con presencia de agentes de seguridad en las comunidades seleccionadas entre 2017 y 2022. Estos datos revelan que el grado de exposición a la violencia en las comunidades analizadas no ha cambiado profundamente a lo largo de los años, lo que indica que puede haber un efecto acumulativo de esta violencia en el estado de salud de lxs residentes.

Salud pública y la guerra contra las drogas en Brasil: Qué dicen las cifras

Las cifras muestran que el miedo, la inseguridad y la incertidumbre rutinarios que provocan las constantes operaciones policiales en las comunidades de Río tienen repercusiones inmediatas y causan daños a largo plazo en la salud física y mental de lxs residentes.

Las proporciones de adultxs con hipertensión, insomnio prolongado, ansiedad y depresión son mayores en las comunidades donde estos episodios se repiten sistemáticamente, en comparación con otras zonas sin tiroteos constantes.

Alrededor del 51% de lxs residentes en las comunidades más expuestas a tiroteos con presencia de agentes de seguridad padece alguna de estas afecciones, frente al 35,9% de lxs residentes en comunidades no afectadas por estos casos.

Entre lxs residentes de las comunidades más afectadas por los tiroteos, el 29,6% declaró síntomas típicos de depresión, frente al 15,7% de lxs residentes de las demás comunidades.

Además, lxs residentes de las comunidades con más tiroteos tienen un 42% más de riesgo de desarrollar hipertensión y el doble de posibilidades de sufrir síntomas típicos de ansiedad en comparación con lxs residentes de las otras tres comunidades analizadas, donde hay una menor incidencia de estos episodios.

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Otra afección clínica asociada a la violencia armada es el insomnio prolongado. Las investigaciones estiman que la probabilidad de padecer insomnio es un 73% mayor en las personas que viven en comunidades expuestas a la violencia armada en Brasil.

La violencia causada por los agentes estatales también interfiere en la prestación de servicios de salud, lo que provoca el cierre de unidades, la ausencia de profesionales y la imposibilidad de desplazarse a los servicios. En las comunidades más expuestas a la violencia estatal, el 59,5% de las personas afirmó que la unidad de salud había sido cerrada en algún momento, el 31,6% conocía algún episodio en el que lxs profesionales de la salud dejaron de trabajar y el 26,5% informó que ya se había visto obligado a posponer la búsqueda de un servicio de salud debido a los conflictos armados. En las comunidades que no se vieron afectadas por estos episodios, estos porcentajes son considerablemente más bajos.

Alrededor del 30% de lxs residentes en comunidades sometidas a la violencia armada declaró efectos negativos inmediatos como sudoración, falta de sueño, temblores y dificultad para respirar durante los episodios de tiroteo, y el 43% de estas personas declaró sentir que se les aceleraba el corazón cuando oían disparos cerca de sus casas.

Monetizar las pérdidas

La encuesta Drogas: cuánto cuesta prohibirlas mide algunas de las pérdidas económicas de la guerra contra las drogas debidas a las personas que enferman y a la interrupción de los servicios de salud en Brasil. En el grupo de las tres comunidades más afectadas por los tiroteos en los que participaron agentes del Estado, el 6,8% de lxs adultos se vio impedido durante al menos un día de realizar actividades rutinarias, como estudiar y trabajar, por motivos de salud, mientras que en las demás comunidades el 4,8% de lxs encuestados informó lo mismo.

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La no realización de estas actividades generó una pérdida de BRL 1.391.209 en un año para todos lxs residentes de las tres comunidades más expuestas a la violencia armada provocada por el Estado.

El costo de la interrupción de la atención en las unidades básicas de salud

Considerando que las unidades de salud de las comunidades más expuestas a tiroteos provocados por agentes de seguridad no pueden funcionar aproximadamente tres días más al año en comparación con las unidades de las demás comunidades, el costo anual de estos cierres para las arcas públicas y la sociedad es de BRL 316.963. En 2022, según la Secretaría Municipal de Salud, 445 centros de salud fueron cerrados debido a la violencia.

El aumento de las enfermedades en las comunidades más afectadas por la violencia provocada por lxs agentes de seguridad también supone un costo adicional para el Estado. El costo anual del tratamiento de pacientes con hipertensión y depresión puede variar entre BRL 69.000 y BRL 95.000, en valores de 2022.

“El contexto de violencia armada en Río de Janeiro es único en comparación con otras ciudades de Brasil. Nuestros datos muestran que la guerra contra las drogas impide a las personas acceder a un derecho básico y universal como es la salud. Entender los impactos de esta violencia es esencial para la formulación de políticas que puedan transformar esta realidad”, reflexiona Mariana Siracusa, coordinadora de la investigación.

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Para más información sobre el proyecto Drogas: cuánto cuesta prohibirlas, consulta aquí.

Vía Smoke Buddies, traducido por El Planteo

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