Autocultivo y Cannabis de Uso Adulto en Chile: Diputados Presentan Proyecto de Ley

• Diputados oficialistas presentan ley para regular el uso adulto del cannabis en Chile.
  
• El proyecto busca reducir el narcotráfico y proteger los derechos de usuarios responsables.
  
• Propone autocultivo, asociaciones y portación limitada bajo regulación estatal.

“Mientras las personas usuarias no tengan una vía legal para acceder al cannabis, seguirán siendo empujadas al mercado ilegal”: Esta fue una de las frases de la diputada Ana María Gazmuri, quien encabezó esta mañana la presentación de un nuevo proyecto de ley que busca regular el uso adulto del cannabis en Chile.

Se trata de una moción esperada por distintos sectores sociales y académicos, que desde hace años denuncian los efectos adversos de la criminalización del consumo, tanto a nivel individual como comunitario.

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La iniciativa fue impulsada por la bancada “Regulación por la paz”, integrada por diputados del Frente Amplio, Partido Comunista, PPD, Acción Humanista y Partido Socialista.

El proyecto responde a una demanda histórica: dejar de criminalizar a quienes usan marihuana en Chile —uno de los países con mayor índice de consumo en el mundo— y reconocer que el modelo prohibicionista ha sido ineficaz, además de profundamente injusto.

Entre sus objetivos, la propuesta busca regular el uso adulto de la planta basándose en resultados positivos de países pioneros en la cuestión, tales como la reducción del narcotráfico, el control de la calidad de productos, un mayor y más democrático acceso al cannabis y un mejor funcionamiento de la salud pública.

¿Qué dice el proyecto?

El proyecto propone establecer un marco legal para que las personas mayores de edad tengan acceso al cannabis de forma responsable. Entre los puntos principales, la iniciativa contempla:

• Permitir el autocultivo de hasta seis plantas en floración por persona, o su equivalente en cultivo interior (dos metros cuadrados).
• Autorizar un almacenamiento anual máximo de hasta 800 gramos por persona.
• La creación de organizaciones sin fines de lucro de hasta 500 personas para el cultivo colectivo, regulando la distribución proporcional entre sus integrantes.
• La autorización para portar hasta 40 gramos de cannabis en espacios públicos, entendiendo que su uso será solo permitido en lugares privados; es decir, queda expresamente prohibido su uso en la vía pública, transporte, centros educacionales y de salud y en presencia de niños, niñas y adolescentes (salvo en contextos médicos debidamente acreditados).
• No permitir la distribución a terceros ajenos a la organización, cuya acción será sancionada.

Una política pública basada en evidencia (tanto científica como social)

Tanto Ana María Gazmuri como el resto del bloque que hoy presentó este proyecto entienden que la comparación con países que ya han adoptado esta serie de medidas puede servir de ayuda y hasta de evidencia para un debate rico, donde se pueda probar que estas políticas públicas, efectivamente, funcionan.

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“Este proyecto nos permite ponernos al día con los estándares internacionales”, afirmó Gazmuri. “Uruguay, Canadá y Alemania ya han demostrado que regular el cannabis no solo protege a los usuarios, sino que también reduce el mercado ilegal y permite que el Estado enfoque sus recursos en perseguir delitos realmente graves”.

Desde una perspectiva de salud pública, la propuesta apunta a reducir daños, evitar el contacto de los usuarios con redes criminales y fomentar el desarrollo de políticas basadas en evidencia científica. Este enfoque no es nuevo: organismos internacionales como el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías vienen impulsando desde hace años el diseño de políticas de drogas más integrales, humanas y eficaces.

Una respuesta concreta frente al narcotráfico

Lejos de los estigmas y los conceptos errados que se suelen reproducir cuando se habla de drogas, la legalización puede tener un efecto inmediato en la reducción del narcotráfico, permitiendo que cada persona cultive y haga uso de la planta sin necesidad de acudir al mercado ilegal.

Para el diputado Jorge Brito (FA), este proyecto “quita poder al narcotráfico” al ofrecer una alternativa legal y segura a millones de personas que hoy usan cannabis. “El narco que vende pasta base y cocaína es el principal beneficiado de la prohibición del cannabis. Millones de personas en Chile la usan y al quitarle los ingresos al narco podemos debilitarlo y destinar las policías a su exclusiva persecución”, sostuvo.

En esa misma línea, Gazmuri enfatizó: “Mientras las personas usuarias no tengan una vía legal para acceder al cannabis, seguirán siendo empujadas al mercado ilegal. Regular es recuperar el control que hoy tiene el crimen organizado”.

Un paso más en una lucha histórica

La discusión sobre el cannabis en Chile no es nueva. Desde hace más de una década, organizaciones de usuarios medicinales, activistas, médicos y científicos han empujado por una regulación justa, no punitiva y centrada en derechos humanos. En 2015, la propia Gazmuri creó la Fundación Daya, pionera en visibilizar el uso terapéutico de la marihuana en pacientes con enfermedades crónicas y dolorosas.

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Este nuevo proyecto parece recoger ese legado, pero ampliarlo hacia el reconocimiento del uso adulto como un derecho, no como un delito. Y esto, en un país que aún arrastra una política fuertemente influenciada por la lógica de la “guerra contra las drogas”, es un cambio emblemático.

¿Y ahora?

El proyecto recién comienza su camino legislativo. Habrá que ver si logra sumar apoyos fuera del oficialismo y enfrentar los clásicos discursos basados en el miedo —y, tristemente, muchas veces en la ignorancia— que resurgen cada vez que se toca el tema.

El uso adulto del cannabis, realizado de forma informada y responsable, está lejos de ser un delito peligroso o una desviación moral: es una práctica extendida, cada vez más presente en la sociedad, que requiere políticas públicas coherentes, no castigos.

Pero el piso ya cambió y esta vez la conversación parece estar marcada por algo fundamental: la innegable evidencia de políticas públicas que funcionan y que son cada vez más necesarias.

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