Brasil: ¿Qué Es la PEC de Drogas y Por Qué Lula da Silva Lucha Contra su Avance?

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) debe actuar para frenar el avance de la Propuesta de Enmienda a la Constitución que criminaliza la posesión de cualquier cantidad de sustancia ilícita en Brasil, la PEC das Drogas (o PEC de las Drogas), según Folha de S.Paulo. El objetivo es aplazar la votación y trabajar para cambiar el texto, que criminaliza incluso a lxs usuarios. El asunto se encuentra actualmente en la Cámara de Diputados.

Cuando la propuesta pasó por el Senado, lxs aliados de Lula evitaron pronunciarse. Según Folha, el cambio de actitud fue discutido en el Palacio de Planalto y en los ministerios. Los ministerios de Justicia y Salud intentarán ahora convencer a lxs parlamentarios de que no se debe criminalizar a lxs usuarios de drogas, basándose en la lógica de que la cuestión debe tratarse como un asunto de salud pública.

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Lxs aliados de Lula deben reafirmar que están en contra de las drogas y argumentar que la criminalización de lxs usuarios acaba alejándolos de los servicios de salud. También deben propagar la visión del gobierno de que la PEC de drogas afectará principalmente a las poblaciones negras y periféricas, que es lo que realmente ocurre con la aplicación de la actual Ley de Drogas.

De esta forma, el gobierno defenderá el tratamiento de la posesión de drogas como un acto ilegal sujeto a sanciones administrativas, pero no como un delito penal. Este discurso está en consonancia con la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF), que declaró inconstitucional la criminalización de lxs usuarios de drogas y descartó el carácter penal de la disposición de la ley de drogas que prevé esta conducta.

Además, ayudantes del presidente dijeron a Folha que hay posibilidades de impedir que el PEC avance, al menos por ahora — la expectativa es que los debates sólo se reanuden después de las elecciones municipales de octubre. La lectura es que temas sensibles, como el “Proyecto de Ley de Violación”, han desgastado al Congreso y no deben ser discutidos apresuradamente.

El presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira (PP-AL), oficializó a finales de junio la creación de la comisión especial que analizará los méritos de la PEC sobre Drogas, en reacción al Tribunal Supremo. El diputado hizo pública el acta horas después de que el Tribunal dictaminara la despenalización de la tenencia de cannabis para consumo, resultado de un proceso de nueve años.

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La comisión de la Cámara, sin embargo, aún no se ha constituido. Y el propio Lira ya ha señalado que no acelerará la tramitación de la propuesta. La comisión dispone de 40 sesiones plenarias para debatir el asunto.

En el Senado, se tramitó por la vía rápida. Presentada por el presidente de la cámara, el senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), en septiembre del año pasado, la propuesta fue aprobada en abril. En junio, la CCJC (Comisión de Constitución y Justicia) de la Cámara aprobó la PEC.

La PEC de las Drogas pretende modificar la Constitución Federal para incluir una disposición que penalice el porte y la posesión de cualquier cantidad de drogas ilícitas, dando respaldo constitucional a lo que ya prevé la actual ley de drogas.

La tendencia es que la comisión especial de la Cámara esté formada por una mayoría de centro-derecha, lo que favorece su aprobación. La comisión estará formada por 68 diputadxs (34 titulares y 34 suplentes), pero las candidaturas de los partidos son proporcionales a su representación en la cámara legislativa.

Si es aprobada por la comisión, la PEC pasará al pleno de la Cámara, donde deberá recibir los votos favorables de las tres quintas partes de lxs diputados (308), en dos rondas de votación, para ser promulgada como enmienda constitucional. Sin embargo, si hay cambios sustanciales en la propuesta, volverá al Senado para un nuevo examen.

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La PEC sobre drogas ha sido denunciada ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas). La denuncia fue enviada por la ONG Conectas, que alerta sobre la “escalada legislativa contra los derechos fundamentales en Brasil“, y destaca cómo la propuesta profundiza los problemas de la actual legislación sobre drogas, que no tiene criterios objetivos para diferenciar entre posesión para uso y tráfico, lo que afecta principalmente a la población negra y periférica.

Vía Smoke Buddies, traducido por El Planteo

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