Tres Candidatos Quieren Cannabis de Uso Adulto Legal en Costa Rica: ¿Se Puede?

La discusión sobre el cannabis de uso adulto en Costa Rica funciona como un péndulo: cada ciclo electoral la devuelve al centro del escenario, pero cuando termina la campaña, parece retroceder.

Para 2026, tres candidatos —Ariel Robles (FA), Juan Carlos Hidalgo (PUSC) y David Hernández (PDLCT)— reflotaron la promesa de regular el uso adulto: una propuesta que entusiasma a una parte del electorado joven, urbano y cansado del status quo prohibicionista… Pero que choca de frente con los límites legales que impone el país, según informa La Nación.

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A simple vista, el panorama parece favorable. El cannabis medicinal ya tiene marco jurídico y el debate social está mucho más abierto que hace una década. Pero, como suele pasar en política, la letra chica es lo que define los márgenes de lo posible.

Costa Rica y el cannabis legal: Qué proponen los candidatos (y qué tan aplicable es)

Las plataformas de campaña coinciden en un punto: regular para ordenar. Cada uno, eso sí, desde un ángulo distinto.

Ariel Robles (FA) plantea un esquema de cannabis de uso adulto con cultivo doméstico y un Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCC) para supervisar toda la cadena productiva: desde la importación hasta la comercialización.

Por su parte, Juan Carlos Hidalgo (PUSC) propone ampliar la legislación medicinal y sumar el uso recreativo, con una línea argumental clara: “la prohibición de su comercialización solo ha tenido el efecto de generarle enormes ganancias al crimen organizado”. Además, incorpora un impuesto especial para financiar un Fondo de Seguridad Nacional.

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David Hernández (PDLCT) articula el cannabis con una agenda agraria. Su propuesta incluye autocultivo no comercial y apoyo directo a productores rurales para que puedan trabajar con cáñamo y cannabis en medicinas o insumos industriales.

Hasta acá, todo suena plausible. Pero la jurisprudencia dice otra cosa.

La barrera que frena todo: Tratados internacionales y una Sala Constitucional firme

En 2022, cuando el entonces presidente Rodrigo Chaves intentó legalizar el cannabis de uso adulto (30 gramos permitidos y hasta seis plantas por persona, sin fines comerciales), la Sala Constitucional declaró el proyecto inconstitucional por contradecir tratados internacionales y el artículo 7 de la Constitución.

El problema es estructural y se resume en tres vías posibles (todas complejas, ninguna inmediata):

• Salir de los tratados internacionales sobre estupefacientes: Poco viable, ya que el retiro afecta otros compromisos multilaterales.
• Hacer reservas a los tratados existentes: También improbable porque depende de la aceptación de las demás partes firmantes.
• Que la Sala Constitucional cambie su criterio: Según el constitucionalista Marvin Carvajal, es la opción “más viable”, aunque no necesariamente próxima.

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Este patrón no es exclusivo de Costa Rica. En otros países, los cambios profundos llegaron por reinterpretaciones judiciales más que por reformas legislativas directas. Uruguay es el ejemplo inevitable: legalizó la marihuana en 2013 pese a estar sujeto a la Convención Única de 1961, y aunque fue cuestionado por la ONU, avanzó igual.

El ejemplo del país rioplatense es interesante porque remarca algo clave: que la legalización no ocurrió porque “todo estuviera permitido”, sino porque hubo voluntad política sostenida para moldear una interpretación compatible con su Constitución y su mirada de salud pública.

Déjà vu (pero con un electorado más atento)

Pese a las limitaciones jurídicas, el regreso del debate no es menor. Marca un cambio generacional: cada vez más países están reconsiderando modelos punitivos que no reducen el consumo ni la violencia asociada al mercado ilegal. Y muchos votantes en Costa Rica lo saben. Datos comparables en países como Estados Unidos, Brasil o incluso Alemania muestran una tendencia:

• Mayor apoyo al autocultivo.
• Más valoración del cannabis como recurso económico.
• Mayor apoyo al cannabis medicinal.

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La pregunta entonces no es solo si Costa Rica puede legalizar hoy (spoiler: no), sino qué tan cerca está de un cambio judicial o político que vuelva viable lo que hoy parece imposible.

Desde la óptica de estos tres candidatos, el cannabis es una puerta de entrada para discutir desarrollo rural, seguridad, salud pública y derechos. Desde la óptica jurídica, es un tablero trabado. Desde la óptica social, es un debate que ya no se baja del escenario.

Lo que ocurra en las elecciones dirá si esta vez el péndulo se detiene… o sigue su movimiento.

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