Desafíos y Oportunidades de la Economía del Cannabis que Se Viene en Argentina 

La legalización del cannabis medicinal plantea una serie de interrogantes, desde cómo asegurar la provisión nacional y aportar dólares por exportaciones a las finanzas del Estado, hasta cómo generar una industria cannábica nacional competitiva y nuevos modelos socioproductivos más justos.

Muchas veces escuchamos hablar de los beneficios económicos del cannabis, y la necesidad de que la regulación del cannabis contemple al pequeño productor.

Entonces, nos planteamos ¿cuáles son los desafíos productivos que plantea la economía del cannabis? ¿Cuáles son las alternativas para la Argentina? Y, ¿qué necesita la industria cannabica nacional para desarrollar todo su potencial?

Desafíos productivos: primarización y concentración de la producción nacional de Cannabis

Andrés Asiain es Licenciado en Economía, Doctor en Ciencias Sociales (UBA), Director y especialista en Economía Regional del (CESO), profesor, e investigador del CONICET,  y actualmente, trabaja en un proyecto de cannabis en el partido de Tigre, en la Provincia de Buenos Aires.

Asiain cree que el mayor riesgo aparejado a la legalización del cannabis es que termine derivando en una concentración del negocio en actores sociales históricamente beneficiados y en una producción extensiva y concentrada en desmedro de una producción de pequeños productores y PyMEs que generan una mejor distribución de la riqueza.

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Además, el economista observa una distribución internacional de la producción de cannabis cada vez más marcada. Y explica: “Los países más pobres se dedican a producir materia prima, mientras que los países más ricos producen tecnología e incorporan valor. No es lo mismo exportar fardos de plantas que exportar aceite de cannabis. Es un proceso que deriva de una historia de colonialismo”.

“En Latinoamérica, la producción de materias primas funciona básicamente como la forma de obtener dólares que son necesarios para importar, crecer, producir y para sostener el pago de deuda externa, la fuga de capitales, etc. El rol clave que tienen las materias primas es la de ser la fuente de divisas”, explica el investigador de la UBA.

“Desde esta perspectiva, un riesgo de la legalización del cannabis es que la producción nacional se primaríce. Es decir que no incorporamos valor y exportamos barato. Con esta forma de inserción mundial, el único sector competitivo de Argentina es la agroindustria”.

“Y, además, existen las limitaciones de las patentes internacionales que aumentan los costos e inducen la concentración del negocio”, agrega Asiain.

Patentes internacionales

Existe una tendencia a aprobar el cultivo de cierto tipo de plantas patentadas y genéticamente modificadas (que, por ejemplo, tienen alto CBD y poco THC), con la intención de homogeneizar la producción con la industria farmacéutica, explica Asiain.

“Detrás de este sistema, está el control de la capacidad técnica de manipulación genética del cannabis que permite acaparar el negocio, mandando a la ilegalidad a los que no tienen esa misma capacidad técnica. Así se aseguran convenios internacionales de Buenas Prácticas y patentes, que permiten constatar que esas semillas contienen, digamos, determinadas propiedades”.

Como economista, Asiain observa que la industria del cannabis contiene desarrollos industriales de bajo contenido tecnológico. Y sostiene que “el  incremento en los contenidos tecnológicos, es una excusa para concentrar el mercado bajo un régimen de patentes y sacar de la competencia a los pequeños productores”, ya que, “los costos de hacer aceite y la complejidad de la tarea es baja, comparada con otros sectores industriales de la Argentina”.

Más optimista, en torno al régimen de certificaciones internacionales, se muestra Gonzalo Villagran, profesional de la salud, empresario salteño y autor de un proyecto de aprendizaje en cannabis en el Valle de Lerma, en el centro geográfico de la provincia de Salta.

El proyecto que involucra a la Cámara del Tabaco de Salta, el Gobierno Provincial y el Gobierno Nacional, tiene como objetivo crear un centro de conocimiento que permita el desparramo de know-how en cannabis entre los productores que estén interesados en comenzar a producirlo.

Villagran cree que los productores argentinos tienen una ventaja en Latinoamérica y deberían aprovechar las certificaciones que tiene el país. Como es,  por ejemplo, el Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme, que solo tienen Argentina y Brasil. 

“Espero que esto le permita a las empresas locales trabajar con empresas extranjeras. Argentina tiene impuestos más bajos que EEUU o Canadá. Nosotros podemos hacer productos de buena calidad. Y así como exportamos vinos, podemos exportar medicamentos. Argentina puede ser un país que genere mano de obra en las provincias y que vengan a buscar productos con certificaciones”.

La Cámara y el Fondo del Tabaco (fondo federal para la diversificación productiva que recibe el 7% de cada etiqueta vendida) aportan los recursos y, además, participa el Ministerio de Salud de la Provincia y el INTA local.

“Me interesa que los profesionales de salud junto a las comunidades cannábicas estén en la génesis de este proyecto. Entienden de cultivo y nos tienen que ayudar en la preservación de las genéticas mediante acuerdos con ONG locales. El know-how del cultivador local es un bagaje cultural, fruto de convivir con la planta, que no lo tiene el INTA”.

El convenio dura 6 años y, en una primera etapa, se obtendrán las semillas, nacionales e importadas de Holanda, España, Uruguay y Suiza, a fin de investigar la adaptabilidad de las mismas al clima del Valle.

“Pensamos concentrarnos en cepas con alto contenido en CBD y cuando tengamos los aceites le proveeremos al Instituto Provincial de Salud de Salta”, afirmó el emprendedor local.

Según Villagran, “este no es un proyecto para producir cannabis. Es un proyecto de aprendizaje local. Si se abre la exportación, nosotros le vamos a dar el know-how a los salteños para que cultiven bien. Si se legaliza a nivel nacional, los tabacaleros podrán plantar si quieren”.

El salteño advierte sobre la posibilidad de involucrar a las universidades locales y de construir sobre la experiencia local de cultivo hidropónico, en invernaderos, y en la producción de almácigos, para la creación de empleos de calidad.

La creación de empleos

La creación de empleo de calidad es una de las preocupaciones principales entre las municipalidades y cámaras que se suman a la ola de producción cannabica en Argentina.

Por su parte, Cristian Raising, activista por los derechos de los consumidores y miembro del Concejo Deliberante de Tornquist, destacó la importancia del cannabis para revitalizar las economías del interior del país.

Raising explicó que Tornquist espera diversificar la oferta de empleo local, ya que depende casi exclusivamente del turismo, del sector público y de una papelera local.

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“Una hectárea genera trabajo para 17 personas, lo cual es significativo para nosotros. Necesitamos diversificar nuestra producción, producir mucho más que flores, insumos en pesos, y desarrollar empresas auxiliares. Tenemos el puerto de Bahía Blanca para exportar y la Universidad del Sur como centro de conocimiento”, afirmó Cristian.

El proyecto de la localidad ubicada al Suroeste de la Provincia de Buenos Aires comenzó en 2017.

“En la primera reunión en el teatro local convocamos a 200 personas. Nos empezamos a relacionar con adultos mayores con dolor crónico y nos nucleamos en una agrupación donde donamos esquejes, semillas, conocimiento y tiempo para asesorar a esta gente cansada de consumir fármacos tradicionales”.

A  la par de la presentación de la ordenanza que creaba un registro local de usuarios de cannabis (y que que terminaba con los abusos de autoridad de la fiscalía), en marzo de 2020, el INTA local  fue allanado.

“Estábamos cargando las camionetas afuera del INTA y vimos que nos seguía un dron. Nunca nos sentimos ilegales. El dron nos seguía con quince plantas de 40cm sin aflorar y nos cruza un gendarme de civil con una pistola apuntandonos a mí y al jefe del INTA local”, cuenta Cristian hoy.

Del INTA, la fiscalía incautó 3000 semillas con potencial terapéutico y productivo. “Yo venía trabajando hace 4 años, con genéticas, que había seleccionado con extremo cuidado. Todo ese potencial productivo se perdió para siempre en el proceso judicial. El fiscal Mauricio Del Sero apeló y ahora veremos si se ratifica la jueza o si la causa se eleva a juicio”.

Trabas desde el Estado al desarrollo productivo del sector (además de la persecución penal de los productores)

Si bien el prestigio internacional del ANMAT, el SENASA, el INASE y el resto de los organismos nacionales representan una ventaja estratégica para la Argentina, los baches en la legislación pueden dificultar el crecimiento de las PyMEs cannábicas del país.

Namaste Nutrientes, una empresa de fertilizantes que nació hace 10 años en una copa cannábica, advierte que hace 3 años que no puede avanzar con la exportación, ya que trabaja con productos biológicos que no están regulados por el SENASA.

La empresa que comenzó con una inversión de USD 2000 hoy tiene presencia en todos los grow shops del país, reciben pedidos del exterior y da trabajo directo a 10 personas, además de contratar a matriceros, diseñadores web, empresas de software, laboratorios nacionales, entre otras empresas.

“Las empresas grandes pueden importar porque sus productos entran en el cuadro típico de SENASA, pero nosotros tenemos productos bio, que no están contemplados. Los limbos legales hacen que nos pidan cosas que ni ellos saben qué son, los productos no dan la talla porque no están en un cuadro, entonces te dicen ‘no entra’. Pierdes tiempo buscándole la vuelta a la legislación. Eso nos quita competitividad”.

Y agregan: “Para estar bien fuera del país, exportar y generar dólares para la economía, tengo que estar bien dentro del país; y eso, por ahora, no sucede”.

En Namaste sueñan con abrir una fábrica en la provincia de San Luis, por eso ya compraron terrenos allí y esperan que, una vez que el SENASA actualice las regulaciones, puedan aprovechar el prestigio internacional que tiene el organismo para exportar al MERCOSUR.

Cannabis y desarrollo de las economías regionales

Asiain explica que la ilegalidad del cannabis permitió un desarrollo semi clandestino de pequeña escala y un circuito económico productivo donde no hay una producción concentrada, lo cual provocó “cierto desarrollo y cierto desparramo en una producción familiar de pequeña escala que es importante para el desarrollo regional”.

“Hay pequeñas producciones, en zonas urbanas y peri-urbanas donde, de forma clandestina, se cosechan pequeñas cantidades. Hay que lograr que esta pequeña escala informal se transforme en una incipiente producción regional”, explica el investigador del CONICET.

Y ofrece un ejemplo: “En el caso de algunas zonas peri-urbanas, el cultivo de cannabis podría resultar en un fortalecimiento de una economía familiar campesina de pequeña escala. Como un instrumento para sacar de la pobreza y mejorar los ingresos. Eso permitiría fortalecer el desarrollo regional”.

Según Asiain, para generar desarrollo local, se puede pensar en laboratorios pequeños o en cooperativas de productores de cannabis. “Los laboratorios podrían dar certificados a pequeños productores y proveer a usuarios con receta médica”.

Cannabis para el desarrollo del Delta

Asiain se encuentra trabajando en un proyecto de cannabis en el Delta del Río Paraná para la construcción de un laboratorio comunitario, con la idea de producir cannabis a pequeña escala, como una solución para a la economía familiar isleña.

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Cree que el cannabis puede transformarse en una pequeña economía que mejore la vida de los isleños o cómo la ganadería, puede significar la expulsión de los isleños y la destrucción del humedal.

De acuerdo a su análisis, las condiciones técnicas reales de la industria cannábica son accesibles para pequeñas producciones o pequeños productores agrupados en cooperativas que podrían abrir un laboratorio, bajo una supervisión simple del Estado (que pueda homologarlos).

“Te hablo de pequeñas unidades productivas de aceite que puedan después satisfacer el mercado local por lo menos, e incluso con cierto apoyo estatal y con cierta organización de cámara, penetrar en mercados internacionales. Para lograr esto, lo que hay que evitar es justamente que se construya un marco regulatorio de patentes que terminan excluyendo al pequeño productor”.

Y completa: “Hace falta una legislación que ponga un límite a la producción primaria y la presencia del Estado que, de hecho, ya está participando del desarrollo del cannabis medicinal, con CONICET, con INTA, con municipios. El germen del desarrollo local está en esta mixtura entre comunidad de pequeños productores de cannabis y laboratorios de baja escala”.

Know-how, nodos productivos y economía popular en la Patagonia Norte

Otro proyecto de cannabis que se destaca por su fundamentos y estado de maduración es conducido por la Asociación Civil Ciencia Sativa, con sede en la ciudad de San Carlos de Bariloche. ¿Su objetivo? Investigar e informar sobre la planta de cannabis y sus diferentes usos a través de un convenio de cooperación científica y técnica con el INTA Patagonia Norte.

La Asociación busca investigar la botánica del cannabis y hacer evaluaciones de rendimiento y calidad, dado el clima. Y, además, diseñar controles de producción y formulación para que el laboratorio público de la provincia pueda escalar la producción de fitopreparados de cannabis.

En Ciencia Sativa esperan ansiosos la resolución conjunta entre el Ministerio de Salud de la Nación y el INASE que “blanqueará” el germoplasma nacional. Es decir, semillas que se usan en el país, para que dejemos de importar (y de gastar dólares) y podamos registrarlas.

Roxana trabaja de cerca con los organismos nacionales y provinciales en el desarrollo de este proceso productivo de cannabis y, aquí, desgrana cómo la organización busca aportar a la economía regional.

“Creemos que la regulación debe basarse en un sistema productivo que apunte al desarrollo de las economías regionales, la economía popular y PyMEs con responsabilidad social que impulsen nodos productivos y reivindiquen a los cultivadores locales que, ante un estado ausente y un mercado desregulado, vienen sosteniendo la demanda de los usuarios terapéuticos durante muchos años”, explica Roxana.

Desde la asociación sostienen que se deben impulsar modelos asociativos de trabajo que den lugar a las cooperativas locales en la cadena de valor del cannabis.

Y añade: “Nosotros tenemos un relevamiento nacional de 100 organizaciones populares dispuestas a insertarse en la cadena de valor del cannabis. Debemos aprovechar esta oportunidad para impulsar un modelo justo de comercialización que genere una nueva matriz socioeconómica, eso impulsaría el desarrollo de conocimiento local, soberano, para crecer con menor  dependencia”.

A fines de 2020, Ciencia Sativa participó de un encuentro de la Cámara Argentina de Productores de la Economía Popular (CAPEP), donde exploraron alternativas para desarrollar un mercado justo de cannabis.

“Creemos importante resaltar el trabajo de los cannabicultores a través de nuestras prácticas culturales y que tengamos un acceso equitativo y democratico a las oportunidades económicas”, sumó Roxana.

Regulación y mercado interno del cannabis

A propósito del proceso de legalización en el país, los emprendedores del rubro destacaron el potencial de las PyMEs locales para generar una entrada de dólares, y producir en pesos para los consumidores argentinos. Además, resaltaron la necesidad de contar con un mercado interno de cannabis diverso que les permita escalar, innovar y volverse competitivas antes de exportar.

Nicolás comenzó con un grow shop online en 2017, que le valió una inversión de USD 300, en medio de la crisis económica. Impulsado por la demanda pudo abrir un local en la zona norte del conurbano bonaerense. A futuro, se propone diversificar la oferta de productos al cliente para el cultivo doméstico, a un precio razonable.

Sugiere que la regulación debe comprender también al mercado de uso adulto, además del medicinal, “porque es en esos mercados donde se mueve más dinero, por la diversidad de oferta, que le permite a las PyMEs crecer”.

Y completa: “Nosotros tenemos mano de obra barata y el Estado tiene que aprovechar eso para sostener la entrada de dólares a la economía. Pero eso requiere debatir la industria con espíritu de cámara, lo cual permitiría acciones productivas en conjunto, como el armado de pools de compra para facilitar importaciones entre PyMEs, por ejemplo”.

La idea de BC Grow Shop es diversificar la oferta de productos para un mercado cada vez más maduro. De ahí, entonces, nace la idea de hacer cultivo hidropónico: un sistema que recircula los nutrientes, con grandes resultados en pequeños espacios que permiten escalar la producción doméstica para garantizar el acceso a medicinas.

“Este es un tema que se habla poco: para hacer aceite necesitás kilos de flores. Nosotros estamos probando sistemas económicos para la gente, que vamos a automatizar mediante un software y van a funcionar con un clic”, afirman en BC Grow Shop.

Desde Namaste Nutrientes observan que el sector necesita ayuda financiera, porque si bien producen en pesos, parte de los insumos de laboratorios están dolarizados ya que, en su mayoría, son para la agroindustria local.

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“Cuando crece la demanda de nuestros productos, crece nuestra demanda de dólares. Como no dolarizamos podemos competir bien contra los importados que tienen un 500% de remarcación. Nos están pidiendo fertilizantes de España, Chile, Ecuador, Uruguay y Portugal, pero no podemos registrarlos. Entonces, nos perdemos esos dólares para la economía nacional”.

La idea en Namaste es producir el 100% de sus fertilizantes en pesos. “Queremos producir fermentos controlados como los bioles a través del uso de microorganismos benéficos,  pero para eso necesitamos estándares industriales”.

En línea con Namaste Nutrientes se manifestó TreeMix, una PyME argentina de fertilizantes y plaguicidas naturales a base de enzimas y microorganismos. Este emprendimiento comenzó ofreciendo hongos benéficos para el suelo llamados tricodermas, para cubrir la poca oferta que existía en el mercado local. Hoy, la marca amplía su catálogo a 11 productos naturales aptos para consumo humano, que trabajan sobre el ciclo completo de cultivo.

Vicky,  de TreeMix, cuenta  que buscan  tener fórmulas propias  de productos que solo se consiguen importados, un 400% más caros, como son las enzimas. 

“Queremos que todos cultiven de una forma más accesible con buenos resultados”, afirma.

Y agrega: “En esta industria, el 95% somos PyMEs. Se dificulta alcanzar los estándares y costos de empresas con otra trayectoria. Las regulaciones sirven para asegurar la fidelidad de las etiquetas, pero la burocracia debería contemplar las capacidades diferentes de las PyMEs, para que podamos crecer y para que se consigan productos de calidad, en pesos”.

Acerca de las regulaciones que requieren las PyMEs cannabicas nacionales para ser competitivas, el economista Andrés Asiain afirmó que es un desafío.

“Hay una tentación a decir, ‘bueno, arreglo con una empresa grande, planta, no sé cuánta cantidad, lo procesa tal laboratorio y empiezo a exportar cannabis medicinal’. Esa es la idea desarrollista que me dice ‘no desperdicies oportunidades’. Este esquema nos condiciona sólo a la exportación y podríamos ser otro enclave exportador”.

Asiain cree que, al no haber regulación internacional, en el futuro muchos países en la región optarán por esta vía.

Si esto sucede, los laboratorios PyMEs argentinos quedarían excluidos y perderían competitividad. Por eso, piensa que una legalización total del cannabis podría tender a concentrar el negocio en grandes empresas extranjeras.

“Yo entiendo que lo que reclama el movimiento cannábico es la legalización total. Sin embargo, creo que esto puede ser un tiro en el pie. Si vos lo legalizas ya, una empresa puede venir y decir ‘bueno, voy a plantar mil hectáreas de cannabis’. Es decir que, sin un plan e instituciones que actúen sobre el mercado, la legalización total, por sí sola, no alcanza para lograr justicia social”.

Opciones para una regulación progresista

Asiain sostiene que este es un buen momento para comenzar una industria nacional con el pie derecho.

“Al no haber un lobby interno fuerte, como país tenemos oportunidad para marcar la agenda de entrada con una legislación estricta. Que disponga la producción en pequeñas escalas. Eso permitiría romper con un histórico patrón de concentración económica de la Argentina, donde la producción primaria trabó el desarrollo y generó una sociedad muy desigual y represiva”.

Entonces, ¿cómo romper ese patrón y este modelo?

El Doctor en Ciencias Sociales de la UBA se inclina por el desarrollo en base a la economía familiar en un marco legal que permita la pequeña escala local.

Sin embargo, advierte que este esquema podría limitar el crecimiento de las pequeñas empresas en el futuro. Por eso, se inclina por tener la capacidad de generar dualidades.

“Podríamos pensar en permitir, en ciertas zonas, la producción en gran escala para la exportación, y mantener el mercado interno regulado para la pequeña escala familiar. Y para conseguir divisas, permitir en ciertas zonas la producción de cannabis para la exportación. Así, conseguimos divisas a gran escala y reservamos un mercado interno para generar puestos de trabajo y redistribución del ingreso”.

Con respecto al futuro, Cristian, activista de la Sociedad Civil en Tornquist, sostiene que “existe una visión cortoplacista en la política, sin noción del dinamismo de la industria, como si las cosas fueran a suceder en diez años. El primer paso debe ser la derogación de la Ley de Estupefacientes 27.737 y dictar una amnistía a los cultivadores presos. Es una cuestión de derechos humanos y, además, ralentiza los proyectos productivos”.

Asimismo, cree que la nueva legislación debería brindar igualdad de oportunidades para que “no venga una empresa, se lleve todo y nos deje la tierra arruinada”.

Por eso, sugiere una regulación que permita la reconversión de los horticultores y la entrada de las asociaciones civiles en la cadena de valor del cannabis “bajo la regulación de un ente federal, como una junta de granos pero del cannabis, que regule precios y permita crecer a los pequeños productores”.

Además, sugiere que se debería poder crear productos de cannabis nacional que puedan ser patentados en Argentina.

De modo similar se manifestó KingOil, un proyecto de investigación y desarrollo de productos en base a aceite de cannabis, consultado al respecto del proceso de legalización.

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El emprendimiento que nació en 2016 se propone proveer al mercado local de derivados del cannabis a precios accesibles y producir semillas, para ahorrar costos en dólares y asegurar la trazabilidad de sus productos.

“Estamos a la espera de un marco regulatorio claro para poder seguir desarrollando nuestras actividades amparados por la ley. A nivel industria cañamera y grandes cultivos no apuntamos, ya que no contamos con los recursos ni la tierra para hacerlo”.

Por eso, creen importante la creación de una agencia gubernamental de control para PyMEs y pequeños productores de cannabis, un sistema de trazabilidad y registro de genéticas dinámico, de manera de permitir a emprendimientos pequeños comercializar también las semillas y registrarlas.

Consideran que esto es importante para aprovechar la mano de obra calificada local y que puedan reinvertir sus ganancias en un negocio legal sin correr riesgos.

Portada por NickyPe en Pixabay

Fotos por Lelen Ruete en Villa Clara (Uruguay)