Argentina: Entre Ríos Presenta Proyecto de Ley de Reducción de Daños en Fiestas Electrónicas

La provincia argentina de Entre Ríos en Argentina podría aprobar proyecto de ley pionero sobre reducción de daños en fiestas electrónicas. Presentado por el diputado provincial Juan Manuel Rossi, del Partido Socialista, el Programa Fiestas Electrónicas Seguras apunta a generar conciencia sobre el uso de sustancias y reducir activamente las situaciones de riesgo que pueden surgir en estos ámbitos.

Según Revista Mate, Rossi se manifestó en contra de las típicas políticas prohibicionistas, declarándolas ineficaces y contraproducentes: “La realidad es que prohibir no funciona; en vez de reducir los riesgos, los aumenta”.

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¿Por qué afirma esto el diputado? Cada vez hay más evidencia a favor de políticas de salud pública enfocadas en la reducción de daños y los derechos humanos. La prohibición, lejos de ser eficaz, lleva a las personas a la clandestinidad y a la inseguridad. Como afirma Rossi, prohibir estos eventos “desplaza el problema a las fiestas clandestinas, que son ilegales y carecen de controles y asistencia médica”.

Fiestas Electrónicas Seguras en Entre Ríos: Qué dice el proyecto

Para avanzar contra esta problemática, el proyecto de ley propone implementar campañas de concientización sobre los riesgos y el uso responsable de drogas, que serían impulsadas por el Ministerio de Salud de Entre Ríos.

Por otro lado, se crearía un protocolo público para “asistir a personas afectadas por el consumo de sustancias psicoactivas”. Asimismo, se garantizarían dispositivos de reducción de riesgos y daños en estos eventos, como información basada en evidencia científica, puestos de hidratación y espacios de descanso.

Además, el proyecto contempla “la articulación entre productores, asociaciones civiles especializadas y organismos de salud para el diseño y ejecución de estrategias preventivas”. En cuanto a la financiación de esta iniciativa, el proyecto pone a disposición del poder ejecutivo la facultad de “asignar los recursos económicos suficientes”.

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Patricio Liddle, de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA), celebró esta medida, pero considera clave señalar algunas limitaciones que podrían fortalecerse en el debate legislativo para que el impacto del proyecto sea real y no se quede en lo simbólico. Así, señala que el mismo “no menciona la ley 23.737 ni el impacto de la criminalización sobre las personas que usan drogas en la salud pública. La penalización de la tenencia para consumo personal sigue siendo una de las principales barreras para acceder a estrategias de reducción de daños, y es difícil hablar de ‘fiestas seguras’ mientras persistan marcos legales punitivos que maximizan los riesgos y los daños”.

Por otro lado, apunta contra “la falta de participación de usuarixs de drogas y organizaciones de reducción de daños en el proceso de elaboración del proyecto de ley. La experiencia internacional demuestra que las políticas más efectivas son aquellas que incluyen activamente a quienes viven estas realidades y trabajan en estos contextos”.

Asimismo, Liddle nota que el proyecto no incluye ninguna medida sobre análisis de sustancias, que considera como “una herramienta fundamental de prevención”. Y concluye: “Si el diálogo sigue abierto, hay margen para mejorar la iniciativa y llevarla hacia un modelo más integral y efectivo”.

A pesar de estas limitaciones, cabe destacar que la medida se produce en un contexto de tensión con respecto a las políticas de drogas, con cada vez más instituciones e iniciativas regulatorias abogando por un cambio de enfoque hacia la protección de la salud y los derechos de la población, mientras otros se aferran a la prohibición y el punitivismo a pesar de sus comprobadas falencias.

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