Legalización y Psiquiatría: Cuando la Medicina Está a Favor de Legalizar la Marihuana

Fumar mucho cannabis puede a veces producir consecuencias indeseadas: problemas para concentrarse, pérdida de memoria a corto plazo y episodios de ansiedad son algunas de las cosas que puede experimentar un consumidor compulsivo.

Pero el mayor riesgo que experimenta cualquier tipo de fumón es, sin duda, el riesgo de ser arrestado o extorsionado por el personal policial si le encuentra fumando o portando un porro.

En Argentina, la tenencia para consumo personal prevé de 1 a 6 años de prisión, el tráfico y comercialización prevén de 4 a 15 años y el contrabando de 4 a 16 años.

Según la ley, los consumidores de drogas son criminales y deben ser separados de la sociedad, sin distinguir entre el que se fuma un porro para salir a ver un recital el fin de semana y el que vende sus muebles para comprar pasta base.

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Es que, para el Estado, el consumo es un problema de seguridad nacional y, aunque con el tiempo se ha naturalizado esta visión, existe un fuerte debate entre los especialistas sobre los daños sociales que producen este tipo de políticas.

La alternativa viene desde una parte de la medicina que plantea que el consumidor, si se hace daño, es una persona enferma de adicción y no un criminal. Marginalizarlo no soluciona el problema, sino que lo empeora al ignorarlo.

El consumidor como criminal

El origen de esta visión estigmatizante hacia las sustancias lo podemos encontrar en la creación de la “Guerra contra las Drogas”: una iniciativa del gobierno norteamericano iniciada durante los años 70, perpetrada por la administración del presidente Richard Nixon y publicitada como una respuesta a la supuesta epidemia de consumo principalmente de cocaína y opiáceos que sufría el país del norte.

El consumo se convierte, entonces, en una amenaza para la paz de la nación, y los países alineados políticamente a Estados Unidos (como la Argentina) replicaron esa política en su propio territorio.

Desde ese momento, las leyes e inversiones estatales empezaron a elaborarse alrededor de las fuerzas de seguridad y las políticas de represión. Nacen, con ese espíritu, organizaciones públicas como la Administración de Control de Drogas (o DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos o, años más tarde, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (o Sedronar).

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A pesar de que el tiempo ha demostrado que las políticas represivas no cumplen el objetivo de disminuir el consumo, poco ha cambiado desde aquel entonces. Es difícil conseguir estadísticas creíbles sobre una industria que se mantiene en la ilegalidad, pero si tomamos de referencia los índices médicos solamente, el consumo de sustancia ha aumentado en lugar de disminuir.

Un tema de salud

La alternativa que se propone desde un sector de la medicina es considerar al consumo un problema de salud pública y no como un problema de seguridad pública. Según esta visión, el consumidor es un problema cuando se convierte en adicto, y la adicción es una enfermedad.

Se saca a los consumidores del sector de la marginalidad y se los lleva a una propuesta de tratamiento de curación. La principal dificultad que aparece es desfinanciar a las fuerzas de seguridad, que es algo que históricamente ha producido serios problemas institucionales.

Pero más allá del problema político, existe un conflicto en la percepción social que se tiene de las adicciones. ¿Qué es un adicto? ¿Qué diferencia a un adicto de un no adicto? ¿Un adicto que comete un crimen es una persona que elige hacer el mal? ¿Un adicto que consume a pesar de que lo daña es una persona que elige dañarse?

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José Capece es médico psiquiatra especialista en adicciones. Cuenta con una trayectoria de más de 30 años de experiencia y ha participado de programas de salud pública: “La idea de la enfermedad (desde la salud mental, la psiquiatría, la psicología y la neurociencia) se le llama hoy en día como ‘consumo problemático’. Se da en personas que empiezan por el consumo recreativo o nutricional y, con el tiempo, generan un cambio de adaptación en el cerebro. Ahí se afecta la conducta y la psicología de la persona, se dan los fenómenos de tolerancia (necesitar más sustancia para lograr el mismo efecto), la abstinencia (malestares cuando se corta un consumo regular) y la compulsividad”.

Y sigue: “Llega un momento en que el consumo le trae a la persona claras consecuencias negativas y, sin embargo, no puede parar de consumir. Ahí nos damos cuenta de que no es libre de elegir qué hacer y ahí hay una patología”.

El estigma moral

Esta visión médica de los adictos como personas que han perdido la capacidad del libre albedrío está basada en conclusiones científicas, pero a pesar de que estas ideas están documentadas y fundamentadas hasta el hartazgo, un gran problema para evolucionar sobre cómo se trata a los consumidores es la lectura moral: según la creencia popular, quien consume lo hace porque así lo quiere, a pesar de que eso esté mal y, por eso, debe ser marginalizado.

Se pone una confianza en el libre albedrío del adicto, que la ciencia ya ha probado que no existe.

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“Existe la idea generalizada de que el libre albedrío es una experiencia básica de la condición humana, pero en realidad lo que uno ve es que en las personas con adicciones esa posibilidad de elección no existe. El condicionamiento es tan masivo y violento, que la persona pierde la capacidad de elegir entre el bien y el mal supuesto”, explica Capece.

Si un adicto no es libre de elegir entre lo que está bien y lo que está mal, no tiene mucho sentido exigirle que cambie sin ningún tipo de estructura que lo conduzca a eso. Y esto no es un problema de los marginales: un ciudadano ilustre que es adicto al tabaco tampoco tiene un plan de cobertura contra su adicción. Ni siquiera las medicaciones aprobadas para combatir el alcoholismo están cubiertas por las prepagas.

Esa misma lectura moral pesa en las cabezas de los adictos. Una persona con diabetes busca tratamiento muchísimo más rápido que una persona con adicción, de vuelta, por la lectura moral. Esa misma dilatación aparece en las obras sociales al momento de cubrir los gastos de los tratamientos. Las licencias laborales también son difíciles de blanquear. Todos estos problemas tienen el mismo origen que es “¿qué pensará la gente de mí cuando sepa que soy un adicto?”

La legalización como opción

Por más que se ignore o se ilegalice, el consumo sigue existiendo. La manera de solucionar los problemas que conlleva el consumo, como por ejemplo las adicciones, se vuelve mucho más fácil en un contexto de legalización. Esa es la idea principal de buena parte del sistema médico, que se ocupa de trabajar en primera fila con adictos.

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Andrés Schteingart es médico especialista en psiquiatría, jefe del servicio ambulatorio del Hospital Torcuato de Alvear, un reconocido hospital público del Gobierno de la Ciudad.

Como Capece, ha visto la peor cara del abuso de sustancias y aún así está a favor de que se legalicen: “La Guerra contra las Drogas ha generado más daños que las drogas mismas. Con la legalización viene mayor acceso a la información, mejor control de calidad, da un acceso menos peligroso a las sustancias, erradica el narcotráfico… son muchos los beneficios. El debate se da en que si hay que legalizar todo o algunas sustancias y, hasta qué punto, pero son temas secundarios a debatir”.

La línea de qué es legal o no, también es caprichosa.

Por ejemplo, la crisis de los opiáceos de los últimos años en EEUU, presenta casos de miles de jóvenes muertos a causa de consumo de sustancias que no solo eran legales y reguladas, sino que aparte tenían un aparato mediático tremendo detrás.

En Argentina, las estadísticas por muertes relacionadas al alcoholismo (violencia doméstica, depresión, accidentes de tránsito) son tremendas y tampoco eso ha abierto ningún debate sobre ilegalizar el alcohol.

Lo que sí se sabe que resulta de la ilegalidad es el crecimiento del narcotráfico, como se ve hace décadas en países como México, Brasil o Colombia, donde la industria del narcotráfico se convirtió en un problema social mucho más grande que el del consumo: los paraísos fiscales, la corrupción, la violencia armada, los secuestros… son todos productos de una industria que fomenta la marginalidad de una patología social.

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Tanto Capece como Schteingart nombran los casos de España o Uruguay, donde se han hecho pruebas de legalización con reducción de daños, y no han aumentado el consumo.

Es difícil poder tratar el tema de la legalización desde un punto de vista racional. Si miramos los argumentos clásicos, vemos que sobran las contradicciones.

Por otro lado, los valores tradicionales tampoco están sometidos a debate público. En tanto, es de esperar que la acumulación de pruebas dé cuenta que, con las políticas actuales, se está empeorando una situación social que podría mejorarse.

Publicación original: diciembre 2021

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