Brasil: ¿Por Qué Se Intensificaron los Proyectos de Ley sobre Cannabis?
No sé si se han dado cuenta, pero cada vez hay más noticias sobre proyectos de ley repartidos por todo Brasil que proponen la distribución gratuita de productos a base de cannabis por medio del Sistema Único de Salud brasileño (SUS). Estas iniciativas suelen proceder de los estados, pero también hay propuestas defendidas por concejales en nombre de los municipios.
Recientemente, hubo incluso un proyecto federal, 89 de 2023, que pretende instituir una política nacional de libre oferta de productos a base de cannabidiol. La propuesta, de autoría del senador Paulo Paim (Partido de los Trabajadores), tendría sentido para evitar que tantos congresistas se movilicen por el mismo objetivo.
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Sin embargo, lo cierto es que la aprobación de este proyecto de ley “nacional” no debería avanzar antes de la aprobación del proyecto de ley 399 de 2015. Este es un viejo conocido, nuestro caballo de batalla, que pretende regular el cannabis en un aspecto amplio (aunque sin contemplar la distribución por el SUS), incluyendo usos medicinales e industriales, además del cultivo en suelo brasileño.
El ponente del 399, Luciano Ducci (Partido Socialista Brsaileño), considera beneficiosa la tendencia creciente de los proyectos de ley estatales y municipales, ya que contribuyen a poner el cannabis en el punto de mira. Sin embargo, recuerda que las leyes estatales no resuelven realmente el problema, además de tener costos más elevados en la medida en que los insumos de los productos incorporados al SUS tienen que ser importados en lugar de cultivados en territorio nacional.
Ivo Bucaresky, ex director de Anvisa y actual consultor en economía de la salud y asuntos regulatorios, argumenta que aunque, al principio, el impacto en el presupuesto deba ser grande y sólo disminuir con el tiempo, no se debe considerar sólo el costo del medicamento, sino también la ganancia en salud de la población. En consecuencia, el alivio fiscal vendrá, por ejemplo, de las menores tasas de hospitalizaciones por episodios epilépticos, o por la sustitución de medicamentos que suelen ser más caros que los productos a base de cannabis.
El proyecto de ley de São Paulo
La cascada de propuestas para distribuir cannabis a través del SUS, provenientes de varios estados, se intensificó principalmente después de que el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionara la Ley 17.618 de 2023, propuesta en 2019 por el diputado Caio França (Partido Socialista Brasileño). Después de años de intentar sin éxito que su proyecto de ley fuera aprobado por la Alesp (Asamblea Legislativa del Estado de São Paulo), França finalmente logró la hazaña en una sesión extraordinaria a finales de diciembre de 2022, antes del receso de fin de año.
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Cuando comenzó el plazo para la sanción o el veto del gobernador, a principios de este año, lxs antiguos diputados, que votaron a favor de la aprobación, seguían en Alesp. Asimismo, presionaron mucho al recién nombrado Freitas que, a pesar de ser conservador, decidió firmar. En ese momento, admitió una motivación personal: su sobrino, que padece el síndrome de Dravet, tiene menos crisis convulsivas y más calidad de vida desde que introdujo el cannabis en su rutina de medicación.
Una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica
Uno de lxs coordinadores del grupo de trabajo de Ciencias de la Vida de la ANC (Asociación Nacional del Cáñamo), el abogado Gustavo Swenson, sigue de cerca los proyectos de ley que ya habían sido aprobados antes de la Ley del Estado de São Paulo y que aún no han salido del papel. Según él, la razón es el hecho de que la aprobación del proyecto de ley por sí sola no asegura su implementación en la práctica. Necesitamos más compromiso de lxs legisladores implicados para sacar las cosas adelante y, como siempre, más presión popular.
Por su parte, también se pronunció Alessandra Mourão, profesora de Derecho en la Fundación Getulio Vargas (FVG) y miembro del grupo de trabajo sobre cannabis de Abiquifi (Asociación Brasileña de la Industria de Insumos Farmacéuticos). Para ella, la expectativa es que São Paulo, que combina estas dos características (compromiso legislativo y presión popular) tome la delantera, convirtiéndose en un modelo nacional de regulación, que aún está lejos de estar completamente definido.
El 12 de abril, el grupo responsable de sacar la ley del papel se reunió por segunda vez, con la coordinación de José Luiz Gomes do Amaral, asesor especial de Eleuses Paiva, Secretaria de Salud de São Paulo. En la reunión se planteó la hipótesis de investigar 5 especialidades (dolor, oncología, psiquiatría, neurología y pediatría) y algunas enfermedades, como Crohn y glaucoma. A primera vista, ¿he omitido palabras como ginecología y endometriosis en esta lista? Tranquilx, corazón. No es una lista definitiva, sólo un primer sondeo de las enfermedades que podrían beneficiarse del ámbito de aplicación del reglamento. Por ahora, todo son posibilidades.
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La implementación de estas políticas públicas no será fácil, advierte Leonardo Navarro, abogado especializado en cannabis. Éste prevé un embrollo causado por la falta de estudios concluyentes, de estandarización de los productos (y de las plantas que los originan) y de patologías predefinidas. Todo lo que hace del cannabis un medicamento especial y atípico también juega en su contra cuando tiene que pasar por el escrutinio burocrático de la administración pública.
Los proyectos de ley abren la posibilidad de que productos a base de cannabis sean incorporados al SUS saltando un paso: la aprobación por parte de la Conitec (Comisión Nacional de Incorporación de Tecnología al SUS). Antes de aprobar un nuevo medicamento o tecnología, el Conitec analiza diversos factores como eficacia, costo-efectividad y aplicación a diferentes patologías, contrastándolos con lo que ya está disponible o no en el SUS.
Por citar sólo un ejemplo del tamaño de este lío, en 2020, Conitec dejó de autorizar la introducción de Mevatyl, un fármaco compuesto de CBD y THC indicado para tratamientos de esclerosis múltiple. Según la opinión de la agencia, no hay indicios de estudios que evalúen la eficacia de los cannabinoides en comparación con otros tratamientos activos para la enfermedad.
Es fácil entender que hay varios desafíos hasta que, de hecho, el cannabis sea distribuido por el SUS, ¿verdad? Y ni siquiera he mencionado los dos puntos más delicados de la cuestión:
- Se necesitarán equipos multidisciplinares en cada centro de distribución para comprobar dosis, interacciones farmacológicas y prestar todo el apoyo que merece un medicamento sin prospecto.
- La definición de si se incorporan productos del RDC 660 (reglamento que trata sobre la importación de productos derivados del cannabis) o sólo los ya autorizados en Brasil, a través del RDC 327. Actualmente hay 25 productos y cerca de otros 20 en lista de espera.
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La segunda opción es legalmente más segura y, por lo tanto, también es más probable que se elija. El abogado Pedro Lopes, sin embargo, plantea otra cuestión: ¿supondría esto un problema para las personas que ya utilizan productos a través de RDC 660 y quieren tener acceso a estos productos en el SUS? Es muy probable, como también es probable que otras cuestiones importantes se pierdan en el camino. En este momento, vale la pena recordar el mantra: compromiso legislativo y presión popular, este es el camino.
Vía Poder360, traducido por El Planteo
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