Morennabis: El Ala Cannábica de la Fuerza Política que Triunfó en las Elecciones en México

Hace cuatro años Marco Polo Echevarría Manzanares salió con un megáfono por el Centro Histórico de Ciudad de México para hablar de cannabis con la gente que pasaba por el Zócalo, corazón de la capital azteca. Ya habían pasado dos años de la gestión de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pero las transformaciones para terminar con el prohibicionismo, que había prometido, no parecían materializarse.

Como militante de Morena, el joven criado en Xochimilco, en la periferia de CDMX, estaba cansado de tener que esconderse en las reuniones y congregaciones del partido para fumar mota con otros militantes. Andaba convencido de que si no empezaban a hablar más y salir del “clóset cannábico” como militantes y consumidores, nada iba a cambiar. Así surgió Morennabis, el ala cannábica de Morena, un grupo de 200 jóvenes de distintos estados mexicanos que empujan la despenalización y legalización de la marihuana.

“Buscamos la despenalización social del cannabis, no sólo la legal”, dice Marco Polo, de 27 años, coordinador nacional de Morennabis. Además de la Ciudad de México están en el Estado de México, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Nuevo León, Jalisco, Sinaloa, Coahuila y van por un armado en Oaxaca.

El reciente triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo a nivel nacional, la mayoría calificada que consiguió el oficialismo en el Congreso y la asunción de Clara Brugado como jefa de gobierno en la Ciudad de México se convirtieron en tres elementos clave que renueva la ilusión a los y las jóvenes militantes de Morena para avanzar en legislaciones que regulen en principio, el uso del cannabis, y que se termine con el prohibicionismo de una vez por todas en México. Por caso, las organizaciones de derechos humanos no son tan optimistas pero apuestan a que haya, al menos, un cambio de narrativa.

Morennabis y la lucha por la legalización

“La violencia que vivimos ahora es fruto de un desequilibrio estructural de muchos años, pero también del prohibicionismo. Si no hubiera prohibicionismo no habría mercado ilegal y si no hubiera mercado ilegal no había violencia. Una despenalización realmente podría favorecer a todos los sectores, a los sectores de seguridad que podrían reducir los índices al bajar el mercado ilegal”, explica Marco Polo mientras saca su motita, que lleva en un frasco pequeño de Omeprazol, para armar un porro.

Está en la Plaza Santo Domingo, a unas pocas cuadras del Zócalo. Hace calor en Ciudad de México a pesar de que todavía no llegó el mero verano. Su carnal, Uriel Arcadio Bernal, también coordinador de Morena e integrante de Morennabis otea que no pase ningún policía y saca una hoja de papel para picar el prensado que se van a fumar en unos minutos. “Acá cultivar no es tan común”, se excusan.

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Terminar con el prohibicionismo, avanzar con políticas de drogas que tengan un enfoque de derechos humanos y legislaciones que tiendan a la despenalización y legalización de los consumos es el gran pendiente del sexenio de AMLO. Hace seis años, antes de asumir la presidencia, había prometido cambiar un cambio de enfoque de la mal llamada “guerra contra el narcotráfico” y una política de “abrazos no balazos”.

Entre la despenalización y la inacción

El debate de la regulación, en principio de cannabis, parecía que tenía consenso y voluntad política para avanzar en ese entonces. Como relata el colectivo Elementa, en el informe “Radiografía de la prohibición. Política de drogas en México 2018-2024”, el grupo parlamentario de Morena contaba con mayoría absoluta en las dos Cámaras Legislativas al inicio del sexenio, lo que le daba margen para impulsar y aprobar las reformas normativas que fueran necesarias. El escenario mostraba que parecía casi inevitable avanzar con políticas más modernas en materia de políticas de drogas.

Sin embargo, las transformaciones más sustantivas no se dieron por parte del oficialismo, sino que vinieron del plano judicial por litigios presentados por la sociedad civil: en 2018 la Corte reconoció que el consumo de cannabis está protegido por el derecho al libre desarrollo de la personalidad y ordenó al Senado eliminar la prohibición absoluta. En 2020, el Senado mandó a la Cámara de Diputados y Diputadas un proyecto para regular la producción, venta y consumo de marihuana, que la Cámara devolvió con cambios y no se ha vuelto a discutir desde entonces.

Unos meses después, la Corte publicó la Declaratoria General de Inconstitucionalidad y así eliminó el delito por el consumo de cannabis. Dejó sólo sanciones administrativas y estableció que las personas podrían consumir y sembrar plantas para su uso personal. Aunque el consumo en sí ya no es un delito, la realidad es que hay aún una medida por la que el gobierno sigue criminalizando el uso del cannabis (y de otras drogas) a través de la posesión simple.

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“Hay aproximadamente 5.000 personas actualmente en la cárcel por ese delito y observamos además que los otros delitos relacionados con narcomenudeo e incluso conductas de narcotráfico como el transporte, siguen concentrándose en personas en situación de vulnerabilidad, de extrema pobreza y de conducción por parte del crimen organizado”, dice Adriana Muro, directora ejecutiva de Elementa DDHH, a El Planteo.

“Necesitamos una policía más profesional, más formada que no viole derechos de los consumidores con abusos de autoridad. Pero también una policía más profesional es importante para que nos asista mejor como ciudadanos, para que tampoco abuse con su autoridad de los comerciantes callejeros”, suma Marco Polo al problema de la persecución.

El segundo piso de la cuarta transformación

“A pesar de que nosotros estamos al 200% con el presidente Andrés Manuel López Obrador, él fue criado en una o dos generaciones antes que nosotros y es lamentablemente que no le hayamos podido llegar con información objetiva”, dice Marco Polo, que es optimista con lo que se viene en los próximos seis años.

“Lo que pasa que para que haya una despenalización social del cannabis no debe ver únicamente el cambio de una ley, sino que tiene que haber condiciones sociales distintas de paz, de seguridad, de educación. Y como en ningún otro momento, este sexenio estas condiciones sociales se construyeron”, explica.

Las palabras del líder de Morennabis tienen sustento en los datos de la economía estable y en crecimiento que ostenta México al resto de América Latina y el Caribe. En los últimos años más de 5 millones de mexicanos y mexicanas salieron de la pobreza, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); aumentó el salario mínimo y los niveles de desocupación tocaron bajas históricas. Aunque todavía tiene un 36,3% de pobreza y un problema estructural de violencia, la economía del país azteca es próspera: el peso mexicano es fuerte frente al dólar, las inversiones extranjeras se multiplican y el modelo desarrollista que apunta a la infraestructura y la soberanía energética y de recursos naturales.

AMLO también hizo foco en las juventudes con becas estudiantiles y otros programas sociales que les permitieron conseguir trabajo y mejorar su calidad de vida.

“El darle una oportunidad distinta a los jóvenes, el no llamarlos ninis, darles trabajo, educación, construir universidades… Eso va a hacer que hayan condiciones sociales mejores para cuando realmente haya una despenalización jurídica, la ley pueda ser efectiva y no únicamente sea una ley de papel como muchas veces ha pasado”, plantea Marco Polo.

Esperanzas y desafíos

“Hay una ruta posible en lo jurídico y en lo social y es de Ciudad de México. Ahí veo voluntad política”, dice Marco Polo. La llave está en Clara Brugada, la flamante electa jefa de gobierno del gigante CDMX. Como alcaldesa de Iztapalapa, esta economista y feminista con una larga trayectoria en la política, Brugada tuvo un enfoque desde la salud pública y los derechos humanos en su abordaje de las políticas de drogas.

Ella creó los Centros Colibrí, unidades de atención integral al consumo de sustancias psicoactivas que brindan servicios dirigidos a personas usuarias de drogas y a sus familias. “Tiene una perspectiva de control de riesgos y daños, de no invisibilizar el problema, sino por el contrario abordarlo de manera integral”, dice Marco Polo.

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Las organizaciones de derechos humanos no son tan optimistas pero tienen expectativas puestas en la gestión que comenzará en octubre. “Esperamos que se deje atrás ese enfoque bélico y que también se tome en serio la importancia de atender la narcocriminalidad, donde participan tanto grupos de crimen organizado como agentes estatales. Esto va de la mano con la regulación de sustancias diferenciada que si bien no resuelve todos los problemas, sí se empieza con un cambio de narrativa y eso implicaría, pues destrabar los procesos legislativos que hubo durante el sexenio para regular la cannabis en el país”, dice la directora ejecutiva de Elementa DDHH.

Y agrega: “Esperamos que el gobierno se tome en serio modificar ciertos apartados del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud para reducir este enfoque punitivo que tanto daño ha hecho a las poblaciones vulnerables. Con la Ley de Amnistía, que se aprobó durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, hasta la fecha se han liberado 371 personas, de las cuales el 98% son por delitos de drogas, en su mayoría por transporte y aproximadamente el 87% se acreditó la pobreza como una de las causas por las cuales se cometieron estos delitos”.

Las políticas de drogas durante la campaña electoral

Durante la campaña electoral, al hablar sobre esta agenda en sus intervenciones públicas y en los debates presidenciales, las figuras de las tres candidaturas competitivas pusieron el foco en la reducción de la demanda. Claudia Sheinbaum Pardo (Sigamos Haciendo Historia, integrado por Morena) y su opositora Xóchitl Gálvez (Fuerza y Corazón por México, integrada por el PAN, PRI y PRD) hablaron de fortalecer y ampliar los programas para la prevención de adicciones. “La Doctora” Sheinbaum también habló de la continuidad del programa Sembrando Vida, implementado durante el gobierno de AMLO como una forma de sustitución de cultivos ilícitos.

“La realidad es que Claudia no habló en ningún momento de la campaña sobre la política de drogas. No prometió el cambio de paradigma que Andrés Manuel en su momento prometió. Eso quizás también puede ser no tan malo para trabajar con algunas instituciones. Habrá que ver también cómo se conforma su gabinete y con quien se pueda trabajar al respecto, pero sí existe la preocupación de que no es una prioridad para la presidenta”, dice Adriana Muro.

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El único que fue un poco más allá en la conversación y habló explícitamente de regulación fue el joven candidato, Jorge Álvarez Maynez (Movimiento Ciudadano). Prometió legalizar el consumo de drogas, eliminar el delito de posesión y aplicar impuestos a la comercialización de estas sustancias. “La guerra contra las drogas fue un error”, había dicho el candidato, que salió tercero y obtuvo poco más del 10% de apoyo, durante el debate. Para los y las analistas locales estas declaraciones las hizo con fines electoralistas para llegar a los y las jóvenes a quienes dirigió gran parte de su campaña.

“Si realmente tuviera esa agenda, Movimiento Ciudadano lo hubiera podido materializar o avanzar en el tema de Nuevo León, que llevan cuatro años gobernando y en Jalisco que van seis”, retruca Marco Polo. “No podemos hacernos de la vista gorda y decir que la derecha no quiere despenalizar porque eso sería traicionar a nuestro movimiento. Eso sería traicionar a la izquierda. Tienen que ponerse en los zapatos de los consumidores, de los chavos que salimos a la universidad, a vender, a ganarse la vida y tenemos derecho a consumir”, dice Marco Polo.

Y agrega sobre lo que se viene: “Tengo la gran esperanza y la convicción de que las resistencias que hay para avanzar con esta agenda no es por un tema de prejuicio sino que es por desinformación”. Ese es el camino que transitan desde Morennabis.

Fotos de Morennabis por Florencia Alcaráz

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