Confirman Nuevo Jefe de la DEA: Antiporro Pero, ¿Con Planes de Reclasificar?

Mientras EEUU atraviesa el primer año del segundo mandato de Donald Trump, el Senado acaba de confirmar a un nuevo protagonista clave en el futuro del cannabis a nivel federal. Se trata de Terrance Cole, el flamante Administrador de la DEA (Administración para el Control de Drogas), propuesto por Trump y aprobado en el Senado por 50 votos contra 47, tras una votación previa de 44 a 43 que permitió avanzar hacia su designación.

Cole tiene más de dos décadas dentro de la DEA y un historial alineado con las políticas más tradicionales de la Guerra contra las Drogas. No es un entusiasta del cannabis, al menos no en público. De hecho, hace poco más de un año, promocionó un artículo que vinculaba el uso de marihuana con mayores tasas de suicidio en adolescentes: un enfoque alarmista, reduccionista y científicamente débil.

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A pesar de esto, durante su audiencia de confirmación, afirmó que revisar la reclasificación del cannabis sería una de sus primeras prioridades. Eso sí: evitó comprometerse sobre si efectivamente apoyaría el cambio de la marihuana de la Lista I a la Lista III del sistema federal de sustancias controladas.

Entonces, ¿hay reclasificación o no?

Ahí está el nudo de todo este embrollo político: antes de asumir como presidente, Donald Trump se manifestó públicamente a favor de mover el cannabis a la Lista III, aunque según el congresista republicano Matt Gaetz, se trata más de una jugada para agradar al electorado joven que de una verdadera convicción ideológica.

Sin embargo, esa imagen moderada contrasta con las figuras que su administración ha colocado en puestos clave. Además de Cole, Trump designó como Fiscal General a Pam Bondi, ex procuradora de Florida, conocida por haber rechazado propuestas de legalización del cannabis medicinal en su estado y por negarse a responder sobre su postura actual durante las audiencias del Senado.

Esto confunde bastante las cosas, porque Trump pareciera mantener ciertos gestos simbólicos hacia el electorado joven y pro-cannabis, al tiempo que refuerza una estructura institucional con funcionarios de corte prohibicionista.

Pero la realidad es una: el proceso para reprogramar el cannabis —iniciado bajo la administración de Biden— lleva seis meses frenado. Las audiencias programadas para enero de 2025 fueron suspendidas por el juez John Mulrooney, quien detectó irregularidades procesales graves, como contactos indebidos entre funcionarios de la DEA y testigos en contra de la reclasificación, además de incumplimientos en la entrega de pruebas y maniobras para forzar la declaración de testigos de la FDA.

Con Cole confirmado, él tiene ahora la autoridad exclusiva para reactivar esas audiencias, pero la incertidumbre persiste.

¿Por qué es importante avanzar en la cuestión y qué espera la industria?

Cambiar el cannabis de la Lista I (donde comparte lugar con la heroína y el LSD) a la Lista III (donde se encuentran sustancias como la ketamina o los esteroides) no implica legalizarlo, pero sí abriría puertas significativas: permitiría deducciones fiscales federales para operadores legales, más investigación científica y médica y, posiblemente, mayor credibilidad institucional para una industria que opera en el limbo desde hace décadas.

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Pero incluso si se concreta, los desafíos no desaparecen y la industria lo sabe.  Como explicó Terry Mendez, CEO de Safe Harbor Financial, la reclasificación no eliminará los requisitos de la Ley de Secreto Bancario ni las reglas contra el lavado de dinero, que siguen dificultando el acceso al sistema financiero para las empresas cannábicas. Para que eso cambie, se necesita algo más: una ley como la SAFER Banking Act, todavía en discusión en el Congreso. “La industria necesita más que garantías vagas”, exclamó. Sin acompañamiento legislativo, la reclasificación no será suficiente para resolver los problemas fiscales y bancarios del sector.

Aaron Smith, de la National Cannabis Industry Association (NCIA), también pidió que Cole cumpla con lo que prometió: que “escuche a los expertos” y “siga la ciencia”, instándolo a avanzar hacia regulaciones más claras y realistas.

Kyle Sherman, de Flowhub, se mostró escéptico respecto a las motivaciones políticas detrás del nombramiento, aunque esperanzado en que Cole honre su promesa de actuar. Aunque, inevitablemente, debió confesar que existen dudas sobre las motivaciones políticas que llevaron a la designación de Cole en la DEA. De esta forma, Sherman mezcla una mirada crítica con esperanza en que Cole cumpla con sus promesas y no se rinda a la presión política.

En la misma línea, Anthony Coniglio, de NewLake Capital Partners, señaló que, si se guía por la evidencia y no por miedos obsoletos, este podría ser el inicio de una nueva etapa más racional. “Cole ha dicho que la reclasificación del cannabis será una de sus principales prioridades. Esa no es una promesa política, es una promesa de procedimiento”, señaló.

Más allá de lo que diga el discurso oficial, el historial de la DEA —con campañas recientes como “Just Say Know”, donde asociaban el consumo de cannabis con suicidio, infertilidad y hasta adicción a los opioides— sigue levantando sospechas. Y con un perfil como el de Cole al frente, la desconfianza podría profundizarse…

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Desde el activismo más crítico, Paul Armentano de NORML ya había dado un mensaje contundente: “Estas son distorsiones basadas en datos selectivamente escogidos, cuando no propaganda lisa y llana… La DEA perdió credibilidad hace tiempo. No son interlocutores honestos”.

¿Es esto una oportunidad real de reforma o simplemente otra vuelta en el loop del cinismo institucional? En los próximos meses lo sabremos. Por ahora, el porro en EEUU sigue esperando quemar de forma federal.