Puerto Rico Rechaza Ley para Evitar Antecedentes Legales por Marihuana

En el constante vaivén de la política puertorriqueña, pocos temas han generado un debate tan intenso como aquel relacionado con el cannabis. La reciente votación en la Cámara de Representantes sobre el Proyecto de la Cámara 209, que buscaba evitar que las primeras convicciones por posesión mínima de marihuana se reflejaran en los antecedentes penales, es un claro reflejo de este entramado político y social. El proyecto, propuesto por José “Quiquito” Meléndez Ortiz del Partido Nuevo Progresista, no logró los votos necesarios para su aprobación, dejando en evidencia las profundas divisiones en el tema.

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El Proyecto 209 se enfrentó a un muro de oposición, con 23 votos a favor y 19 en contra, no alcanzando el mínimo requerido de 26. Quienes se oponían, como Edgardo Feliciano y Roberto Rivera Ruiz de Porras, argumentaron con vehemencia sobre la necesidad de mantener un mensaje claro contra la compra y posesión ilegal de marihuana, incluso en cantidades mínimas. Esta perspectiva refleja un temor subyacente: que la normalización de la posesión de marihuana, aunque sea en pequeñas cantidades, pueda enviar un mensaje peligroso a la juventud de Puerto Rico.

Por otro lado, voces como la del representante José “Che” Pérez, quien apoyó la medida, destacaron la importancia de buscar alternativas que no perjudiquen el futuro laboral de individuos por delitos menores relacionados con la marihuana. En sus palabras, dañar el expediente permanente de una persona por un tema que “no debe ser hoy en día un delito” es ir en contra de los intereses de la sociedad.

Este debate no solo se limita a la Cámara de Representantes. Entidades como el Departamento de Seguridad Pública y el Departamento de Justicia de Puerto Rico han expresado sus reservas. El DSP no consideró pertinente la medida, dada la lucha continua contra el tráfico de drogas, mientras que el Departamento de Justicia remarcó la existencia de la Orden Ejecutiva 35, que ya establece ciertas prioridades en el proceso de casos de posesión de marihuana.

Además, se aprobó una medida propuesta por Jorge Alfredo Rivera Segarra del Partido Popular Democrático para imponer más restricciones en la Ley Medicinal, que regula el cannabis para fines medicinales. Esta medida se centra en proteger a los menores y regular la ubicación y operación de los dispensarios de cannabis medicinal.

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Este vaivén legislativo sobre cannabis en Puerto Rico es un microcosmos de una discusión más amplia que se vive en muchos lugares del mundo. Mientras algunxs ven en la despenalización una forma de reducir los daños asociados con la criminalización de la sustancia, otros temen que tal movimiento pueda tener efectos adversos en la sociedad, especialmente entre lxs más jóvenes. Lo que está claro es que el camino hacia una política coherente sobre el cannabis en Puerto Rico sigue siendo, por ahora, un camino sin humo claro.

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