Cannabis

Regulación del Cannabis en América Latina: ¿Hacia un Mercado Integrado o Estancado?

✍ 13 October, 2024 - 13:05

Por Pablo Fazio

El proceso de regulación del cannabis está siendo complejo y diverso, con avances y retrocesos en distintas regiones del mundo. Mientras gran parte de la atención global se centra en Estados Unidos, donde la reclasificación del cannabis domina los titulares, la situación en América Latina, una región que ha participado activamente en este debate, no ha sido muy distinta.

Los vaivenes políticos que vienen enfrentando los distintos países se ha reflejado en la pendularidad de las políticas públicas en relación al cannabis.

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Brasil, viene de dejar atrás un gobierno conservador altamente restrictivo, centrado en limitar cualquier tipo de regulación que pudiera ampliar el uso del cannabis, dejando un un legado que aún pesa sobre el desarrollo de su mercado. El país todavía no permite el cultivo con fines comerciales dentro del país, lo que ha generado debates en torno a la dependencia de importaciones y el encarecimiento de los productos medicinales. Con el regreso de Lula da Silva, el gobierno de centroizquierda se muestra proclive a flexibilizar las normas, lo que podría posicionar a Brasil como una potencia industrial en el mercado global del cannabis.

En 2023, el mercado brasileño de cannabis medicinal generó aproximadamente R$ 700 millones (alrededor de USD 140 millones), con un crecimiento del 92% respecto al año anterior. Se estima que más de 430,000 personas utilizan cannabidiol (CBD) para tratar diversas condiciones médicas. La ANVISA ha autorizado la venta de 26 productos de cannabis medicinal, incluidos aceites y extractos, los cuales solo pueden ser recetados por médicos y adquiridos en farmacias autorizadas.

En contraposición, Argentina, que en los últimos años había experimentado avances significativos en la regulación del cannabis, ha pausado este proceso desde la asunción de Milei. Actualmente todo parece estar congelado, en contradicción con las promesas del nuevo presidente de desregular la economía “para liberar las fuerzas productivas del país”. Los cambios en el REPROCANN (Resolución 3132/2024 que introdujo modificaciones en los mecanismos de control y fiscalización del uso medicinal del cannabis) y la reciente intervención de la ARICCAME (Decreto 833/2024) añaden señales de incertidumbre. A pesar de este contexto, algunos actores del sector, como Cannava (la empresa del Gobierno de Jujuy), han comenzado a realizar exportaciones de flores de grado farmacéutico a países como Portugal, Alemania y Australia. También se ha empezado a dispensar productos terapéuticos en sus farmacias (Dispensario de Pampa Hemp) bajo la forma de preparaciones magistrales de espectro completo. A pesar de estos avances, la situación general del sector es de gran incertidumbre, disparando el desaliento inversor, por lo que muchas empresas enfrentan dificultades para sostener sus actividades.

Colombia y Uruguay, considerados los pioneros en la regulación del cannabis en el continente, exhiben cifras que exponen la crudeza del fracaso de los modelos implementados, debido a la falta de voluntad política y audacia para desarrollar plenamente este sector en sus economías, limitando las oportunidades de negocio para la industria.

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Aunque un grupo reducido de empresas ha logrado encontrar nichos lucrativos, especialmente en la venta al exterior de cannabis medicinal y productos derivados (que rondan un total de 40 millones de dólares), en general, el sector ha sido condenado a una excesiva burocracia, inviabilidad comercial, dificultades financieras, y algunas compañías incluso han cesado sus operaciones. El estruendoso anuncio de la salida de AURORA, el gigante canadiense del país rioplatense es un clarísimo síntoma que lo ratifica.

México, otra de las grandes promesas en la región, espera que bajo el mandato de Claudia Sheinbaum se concrete la postergada reforma para regular el uso recreativo y medicinal del cannabis. A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró en 2018 inconstitucionales cinco artículos de la Ley General de Salud que prohibían el consumo recreativo de cannabis, argumentando que violaba el derecho al libre desarrollo de la personalidad el tema no ha conseguido pasar por el Congreso con éxito. Según un informe de Endeavor México publicado en 2021, se proyectaba que para 2028 el valor de la industria del cannabis alcanzara los 2,000 millones de dólares impulsado tanto por el mercado medicinal como por el uso adulto responsable.

En Chile y Perú, donde el uso medicinal del cannabis está legalizado, la implementación ha sido extremadamente lenta, con numerosas restricciones y dificultades en la distribución y acceso para los pacientes. Gran parte del mercado aún depende de la importación de productos, lo que ha obstaculizado el crecimiento de una industria local sólida. A la par, el mercado ilegal sigue floreciendo sin apenas control, mientras las empresas formalmente constituidas enfrentan regulaciones cada vez más exigentes.

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Paraguay y Ecuador, aunque sus marcos legales permiten el cultivo y la importación de derivados de cannabis para fines médicos, aún se encuentran en fases iniciales de desarrollo en cuanto a la producción local de productos medicinales. No obstante, ambos países han logrado avances relevantes en el cultivo y procesamiento de cáñamo industrial. Empresas como Healthy Grains en Paraguay y Barad en Ecuador han sido pioneras en este sector, logrando exportar más de 1.000 toneladas de biomasa y productos derivados del cáñamo a más de 30 mercados internacionales. Entre los principales destinos de exportación se encuentran Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Brasil, Reino Unido, Países Bajos, Grecia, Lituania, Alemania, República Checa y Australia.

El estado del cannabis en Bolivia sigue siendo estrictamente prohibitivo tanto para el uso recreativo como medicinal. El gobierno de Evo Morales,, un exlíder sindical cocalero, ha centrado sus políticas en la defensa de la hoja de coca, El argumento principal de su gobierno se basa en que la hoja de coca tiene un arraigo ancestral es su tierra, usos medicinales y culturales legítimos, pero el cannabis, en cambio, no forma parte de esa tradición, y su legalización podría incrementar problemas de narcotráfico y afectar la imagen internacional de Bolivia en la lucha contra las drogas.

Independientemente de las particularidades en cada país, la industria del cannabis en América Latina enfrenta desafíos estructurales que frenan su crecimiento y dificultan la integración de un mercado regional.

Estos desafíos comunes, presentes en toda la región, limitan la capacidad de la industria para alcanzar su potencial en términos de desarrollo económico y social.

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Entre los principales obstáculos se destacan los retrasos en la implementación de normativas que, en muchos casos, permanecen enmarcadas en procesos burocráticos prolongados. Asimismo, existe una falta de capacitación institucional que dificulta la aplicación efectiva de las regulaciones, con una fiscalización insuficiente que ha facilitando la proliferación del mercado negro y la oferta descontrolada de productos que llegan a la población sin ningun tipo de vigilancia sanitaria. Esta situación no solo está generando competencia desleal, sino que afecta la salud pública, exacerba los riesgos sobre su seguridad, y mina la confianza en la industria legal, El desconocimiento médico sobre el cannabis terapéutico y la limitada oferta educativa en instituciones académicas agravan el acceso a tratamientos seguros y de calidad. Actualmente, la prescripción de cannabis medicinal sigue siendo una práctica limitada a una minoría de especialistas. Este déficit en la formación de médicos destaca la necesidad urgente de capacitar a más profesionales, lo que podría ampliar significativamente su incorporación como alternativa terapéutica.

Finalmente, resulta imprescindible proponer una mirada crítica sobre el papel de la sociedad civil y sus dificultades para articular una agenda común en torno a la regulación del cannabis. Este proceso ha sido promovido por una diversidad de actores —que incluyen pacientes, organizaciones de salud, empresas privadas, ONG, y colectivos que abogan por la despenalización de las drogas— quienes, en muchos casos, no comparten intereses ni visiones unificadas. Su heterogeneidad, si bien refleja la riqueza de perspectivas,, también ha generado contradicciones que complican una interlocución clara y coherente con los responsables de formular políticas. Esta fragmentación ha permitido que ciertos sectores intenten desdibujar los límites entre el uso recreativo y medicinal del cannabis, utilizando interpretaciones ambiguas de las normativas para forzar escenarios.

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Desde una perspectiva institucional, esta pretensión no sólo erosiona la legitimidad de los hitos conquistados, sino que también pone en peligro el capital político necesario para que estas iniciativas se profundicen en el marco del debate democrático. Al no consolidarse una base de acuerdos y compromiso de respeto a la construcción colectiva, las demandas se confunden, lo que no sólo genera desconfianza en la opinión pública, sino que también socavan los avances en áreas críticas como el acceso a tratamientos médicos. En este contexto de gobernanza compleja, los excesos que algunos grupos se han permitido y la mencionada falta de cohesión ha sido capitalizada por sectores reaccionarios, que encuentran en los mismos, una justificación para oponerse con mayor firmeza y promover políticas más restrictivas.

En conclusión, la industria del cannabis en América Latina está lejos de alcanzar su pleno potencial. La combinación de un entorno regulatorio confuso, la falta de capacitación en todos los niveles y la deficiente coordinación entre los actores clave, sigue siendo un obstáculo importante para su desarrollo. Sin un enfoque más integral y la construcción de mayorías políticas que entiendan el potencial que supone y expresen la voluntad de avanzar, la región corre el riesgo de quedar rezagada en el emergente mercado global del cannabis.

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