Es Oficial: el Tratamiento de la Ley de Cannabis Tendrá que Esperar y el Descontento se Esparce

Hoy, 2 de diciembre, organizaciones, activistas y empresarixs se reunieron frente al Palacio Legislativo para protestar contra lo que se temía hace varios días: por falta de quorum, la Ley de Cannabis Medicinal e Industrial no será tratada en el Congreso de la Nación Argentina antes de finalizar el año.

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A simple vista, esto podría percibirse como un mero retraso de algo ya casi garantizado, pero se trata de un contratiempo mucho más grande de lo que aparenta. Es que, debido a los resultados de las elecciones legislativas de 2021 en Argentina, la composición del Congreso cambiará el año que viene, poniendo en duda lo que para muchxs era una certeza.

¿Por qué se pospuso el tratamiento de la Ley de Cannabis Medicinal e Industrial? ¿Qué implicancias tiene?

El problema no fue con la Ley de Cannabis en sí, sino con otro de los proyectos que se iban a tratar en conjunto. El bloque “más duro” de Juntos por el Cambio no accedió a tratar la Ley de Envases que, junto a Cannabis y Acceso a la Tierra, eran las principales en la agenda.

En 2022, el oficialismo tendrá 35 senadores, dos menos de los necesarios para el quórum propio. En Diputados llegará a 118, de los 129 ideales. La pérdida de la mayoría por parte del oficialismo podría hacer peligrar la Ley, ya que esta fue presentada por el mismo y redactado por el Ministerio de desarrollo Productivo.

¿Cuál es el panorama?

Debido al cambio de composición de las cámaras, la ley no podría seguir el camino trazado y debería volver atrás. De acuerdo con lo reportado por Fernando Soriano, como mínimo, el proyecto deberá “volver a las comisiones de Agricultura y Presupuesto para que los nuevos integrantes de la Cámara de Diputados, que asumen el 10 de diciembre, se pongan de acuerdo, firmen el dictamen y lo manden al recinto a votar. Eso podría ser a fin de año o en 2022”.

Así, los tejemanejes internos de la política generan ansiedad e incertidumbre en quienes pujan por la legislación.

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Organizaciones y empresarixs se movilizan en protesta

En reclamo, Mamá Cultiva Argentina, la Cámara Argentina del Cannabis, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), Jóvenes por el Clima, la Federación Argentina de Cartoneros y otras organizaciones citaron una manifestación frente al Congreso de la Nación.

“El tratamiento del proyecto es fundamental porque los alcances de la 27.350 se limitan a la investigación de lo medicinal. Si bien existen distintos proyectos esas iniciativas así no posibilitan la industria del cannabis porque no está contemplado en esa ley. Argentina tiene la posibilidad de posicionarse como proveedor del mundo en productos basados en el cannabis y en el país permitiría que los pequeños productores y las organizaciones, que hoy lo hacemos de manera clandestina, podamos crecer en un marco legal. Tenemos la oportunidad de potenciar la industria ordenada y de forma equitativa y garantizar el acceso a la salud”, le dijo Valeria Salech, de Mamá Cultiva, a Infobae.

Por su parte, Pablo Fazio, presidente de ArgenCann (Cámara Argentina del Cannabis), declaró: “El cannabis le abre a nuestro país en la pospandemia y ante la necesidad imperiosa de divisas se requieren para la estabilidad macroeconómica, un gran potencial de inversión, producción y trabajo que no podemos seguir postergando. Muchos proyectos provinciales, de Pymes, emprendedores y cooperativas vienen esperando la hora de ponerse en marcha. No hay justificativos para darles la espalda”.

Asimismo, Agustín Suárez, referente nacional de la UTT, explicó la importancia de una ley de tierras de estas características en conversación con El Planteo: “Es fundamental para el sector pequeño productor y campesino, porque le permite acceder a un pedazo de tierra propia, mejorando la producción y su calidad de vida. Pero, también, es importante para el conjunto de la sociedad, porque poder planificar la producción se traduce en más y mejor alimento para toda la población”.

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Por último, Bruno Rodríguez, de Jóvenes por el Clima, apuntó al valor de la presión social para que los proyectos sean tratados. “Son leyes que se relacionan intrínsecamente con el modelo productivo que queremos para nuestro país. No son simplemente normativas que pretenden ampliar el marco legislativo en materia de protección ambiental, sino que en definitiva aportan una perspectiva de transición eco-social y aportan a crear un modelo productivo que no externalice los costos ambientales”.