Informe Revelador: Países Financian la Fallida ‘Guerra Contra las Drogas’ e Ignoran Alimentación, Salud y Educación

Un informe de la organización Harm Reduction International (HRI) reveló que varios países usaron fondos de ayuda para políticas punitivas en lugar de hacer foco en otras áreas como alimentación, salud mental o educación.

Fueron 30 países los que donaron un total de USD 974 millones a fondos de ayuda internacional para el ‘control de narcóticos’ entre 2012 a 2021. Estados Unidos es el principal donante (USD 550 millones), seguido de la Unión Europea (USD 282 millones), Japón (USD 70 millones), Reino Unido (USD 22 millones), Alemania (USD 12 millones), Finlandia (USD 9 millones) y Corea del Sur (USD 8 millones).

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‘Ayuda para la guerra contra las drogas’ es el nombre del informe que acompaña un histórico reclamo: dicha guerra fracasó, es cosa del pasado, y se debe plantear un nuevo enfoque no prohibicionista. Porque nada de lo que se ha hecho hasta ahora ha resultado, por más fortuna gastada en ello.

Drogas y derechos humanos, el debate urgente

El gasto millonario de los últimos diez años para el control de estupefacientes fue destinado a países como Colombia (USD109 millones), Afganistán (USD 37 millones), Perú (USD 27 millones), México (USD 21 millones), Guatemala y Panamá (USD10 millones cada uno). Estas cifras superan las de proyectos relacionados con la alimentación en las escuelas, la educación de la primera infancia, derechos laborales o salud mental.

“Existe una larga historia de políticas de drogas utilizadas por las potencias mundiales para fortalecer y hacer cumplir su control sobre otras poblaciones y apuntar a comunidades específicas”, afirma el informe según Marijuana Moment.

Esto impacta negativamente en materia de derechos humanos, porque algunos de los países financiados aplican la pena de muerte por delitos relacionados con drogas. Tal es el caso de Indonesia, que recibió fondos de EEUU en 2021, mismo año que dicto 89 sentencias de muerte por delitos relacionados con drogas. De la misma manera, Irán financió con dinero de Japón una unidad de perros detectores de drogas, mientras 131 personas fueron ejecutadas.

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Principalmente, y como siempre, quienes más se ven afectadxs por este tipo de decisiones son las minorías, las personas negras y las comunidades indígenas, entre otrxs. Ellxs son quienes se ven verdaderamente perjudicadxs por la guerra contra las drogas, no por usar estupefacientes, sino porque el odio racial aún vigente hace que sufran la violencia policial desmedida.

Ante este desproporcionado financiamiento, Catherine Cook, representante del HRI, sugirió aplicar una ‘política de drogas descolonizada’. Asimismo, criticó que “países donantes, como Estados Unidos y varios países europeos, continúan apoyando la guerra contra las drogas en los países receptores de ayuda, mientras aplican políticas internas más efectivas, no punitivas y basadas en la salud”.

Cook también habló de la falta de transparencia en el gasto de los fondos, lo que dificulta el seguimiento preciso de cómo se utiliza el dinero. Por lo tanto, queda en evidencia que es necesario terminar con el fracaso de esta ‘guerra’ y redistribuir la ayuda financiera hacia la reducción de daños, la salud, la prevención y la educación.

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