Cultivo de Cannabis en Brasil: Separando los Hechos de las Opiniones sobre el Fallo del STJ

Las repercusiones de la decisión del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que asumió la responsabilidad de decidir sobre la importación de semillas y el cultivo de cannabis en Brasil, ha sido a lo largo de la semana uno de los principales temas de conversación. La movida dio mucho para hablar entre lxs que conocen el tema, así como quienes no tienen idea de lo que está pasando, pero, como suele suceder, todavía quieren dar su opinión.

Desde esta segunda categoría se difunden entendimientos equivocados (¿o de mala fe?). La decisión se basó en el IAC (Incidente de Asunción de Competencia), dispositivo que suspende otras acciones legales de la misma naturaleza hasta que se dicte la decisión final sobre el fundamento y se aplica como vinculante y obligatoria para casos idénticos. Entonces, hay quienes afirman que la decisión también sería válida para casos individuales y colectivos. Esto no es cierto. Al ser consultado, el STJ dijo que no habrá impacto en ninguna acción penal, ni tampoco se suspenderá el avance de las causas que involucran a asociaciones de pacientes.

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“La afectación tiene por objeto la importación y cultivo de cannabis por parte de empresas, para comercializar, reducir el costo de producción de medicamentos para adquisición en el mercado brasileño, considerando que actualmente sólo es posible su importación”, dijo la asesoría del 2º más alto tribunal del país.

Si la idea era causar pánico en lxs pacientes que esperan la respuesta a las solicitudes de HC (habeas corpus) para el autocultivo, no funcionó. Desde que se anunció la decisión, abogadxs especializados en demandas individuales estaban de guardia para combatir la desinformación y el alarmismo. Y si la intención, por otro lado, era crear malestar entre las asociaciones de pacientes que esperan autorización para plantar y las empresas, el artificio tampoco funcionó.

Por suerte, las asociaciones están bien respaldadas por especialistas que lo tenían todo muy claro desde que se conoció la noticia. A lo largo de esta semana, tanto los casos de HC como los de las asociaciones de pacientes han recibido respuestas favorables a peticiones que ya se estaban tramitando en los juzgados. Es el caso, por ejemplo, de Salvar (una asociación de pacientes de Sergipe), que no sólo fue autorizada a plantar, sino también a vender flores y comestibles que van más allá de los extractos clásicos: un tipo de autorización hasta entonces inédita en Brasil.

“No tengo ninguna duda de que puede haber suspensiones indebidas [de los HC]. Quien decide esto es el juez o la jueza de cada caso, que puede interpretarlo mal. Pero el abogado del caso puede apelar y la última palabra la tiene el STJ”, dice el abogado del caso, Arthur Arsuffi. Y ya tenemos la opinión final del STJ.

Terra Viva

Actualmente, se ha creado una distinción importante y muy común en todo el mundo, en la que el cannabis con menos del 0,3% de THC se considera cáñamo. Dicho criterio se utiliza internacionalmente con fines industriales y farmacéuticos, donde la molécula de CBD se utiliza de forma aislada. Tal es una de las principales razones por las que las demandas de particulares o asociaciones no se consideran idénticas a la que está analizando el STJ, ya que en ninguno de los casos las solicitudes procesales definen la limitación del contenido de THC.

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Para entender esto, hay que remontarse a 2019, cuando Arsuffi se hizo cargo de un caso que se volvió emblemático al ganar una medida cautelar inédita hasta ese entonces. La medida aseguraba que la empresa Terra Viva, de origen holandés y mayor productora de flores de Brasil, titular de una estrecha relación con el cannabis, tuviera autorización para cultivar cáñamo en territorio nacional. Pocos meses después, Anvisa (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria), en ese momento ya bajo presión de Bolsonaro, apeló la decisión. Después de algunas idas y venidas, la medida cautelar fue suspendida después de estar menos de un año en vigor.

La idea de Terra Viva era posicionarse como productora de cáñamo, y para ello preparó una gran área de plantación, tanto al exterior como interior. El negocio aquí sería revender los insumos producidos para las industrias cosmética, farmacéutica, alimenticia y textil, entre otras. Aunque hayan acabado con los sueños de Terra Viva, no pudieron evitar que el caso sirviera de inspiración en el campo de otras empresas, como DNA Soluções em Biotecnologia, objeto de la demanda que está en curso en el STJ.

Los fundamentos jurídicos de la demanda actual son muy parecidos a los de la demanda de Terra Viva. Arssufi explica que, aparte de algunas especificidades y de las diferencias en la actividad comercial, la tesis jurídica es básicamente la misma. Pero, después de todo, ¿cuál es esta tesis? Bueno, la más obvia posible: que el cáñamo no es una droga y no debe prohibirse como tal sólo porque es una variedad de la planta Cannabis sativa. Así, se invoca la Convención Única de 1961 de la ONU sobre estupefacientes, de la que Brasil es signatario, que permite el cultivo de plantas de cannabis con fines industriales.

La demanda de DNA, que solicita autorización para plantar cáñamo, estaba en marcha desde 2020, acumulando resoluciones desfavorables. En la última, llamó la atención el argumento del juez. Fue más o menos así: “No digo que no tengan derecho a plantar, pero digo que este tema debe ser decidido por el Congreso y no por el Tribunal Regional Federal”.

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Bueno, el Legislativo desatendió durante 8 años la responsabilidad de reglamentar, entre otras cosas, el cultivo de una planta que podría abaratar los costos de los medicamentos utilizados por miles de brasileños, además de crear empleos e ingresos, convirtiéndose en una opción para diversificar los monocultivos.

Entonces, ¿quién entonces debería asumir el liderazgo en una decisión tan importante para todo un país?

Acalorada discusión

El tribunal de Justicia, cuya decisión se encuentra recurrida en el STJ, entendió que se trata de un asunto eminentemente político y que no le correspondería al poder judicial interferir en esta agenda. Pero el STJ no quiso dejar de intervenir. Según Marina Fontes, abogada especializada en casos ante el STJ, la jueza Regina Helena Costa escogió el caso. Así, no solo reconoció la importancia del asunto, sino que asumió su función natural de ejercer un contrapeso en la interpretación de las leyes de acuerdo con la urgencia impuesta por la sociedad.

En resumen, lo que la jueza deja claro en su decisión es que se trata de una cuestión que exige acción y que necesita definirse rápidamente. La decisión final será precedida por una amplia participación de la sociedad, procurando solicitar subsidios técnicos y jurídicos, permitiendo la participación de entidades, personas y especialistas que conozcan el tema y puedan contribuir al debate.

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No es de extrañar que la magistrada haya emitido un oficio invitando a la Anvisa, al Ministerio de Agricultura, a la Senad (Secretaría Nacional Antidrogas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública), al CFM (Consejo Federal de Medicina), a la SBEC (Sociedad Brasileña para el Estudio del Cannabis Sativa) y a las principales universidades federales a participar en el debate, solicitando sus opiniones. Incluso es posible que haya audiencias públicas con participación popular, lo que puede hacer que todo este proceso de escucha social vaya más allá de los 12 meses previstos para esta etapa.

Todo este movimiento en torno al debate sobre el cultivo de cannabis en Brasil es, sin duda, muy positivo. De hecho, cualquier avance hacia la emancipación de los derechos conquistados representa un paso gigantesco para el sector en su conjunto. Aunque se trate de un avance orientado a los negocios, si prestamos atención veremos que también hay un sesgo social en toda esta acción, empezando por la drástica reducción de costos para pacientes que utilizan medicación con CBD.

La consecuencia inmediata de esto sería también la exoneración del propio Estado, en varios lugares de Brasil, donde el Sistema único de Salud ya está obligado a suministrar medicamentos que podrían ser cultivados dentro del país. Lo que reduciría radicalmente los costos y dejaría de estar a merced de los vaivenes del dólar. Además, se destaca el incentivo que el fallo le dará al Legislativo y al Ejecutivo, instándolos a priorizar el cannabis, por lo menos un poco más. El STJ abrió el debate y lo puso a nivel nacional, y esto es fundamental.

Vía Poder 360, traducido por El Planteo

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