Encuesta Brasil: Cada Vez Más Personas se Oponen a la Despenalización de la Posesión de Cannabis

En Brasil, el porcentaje de la población que se declara contraria a la despenalización de la posesión de cannabis para uso personal ha aumentado en los últimos seis meses, según la última encuesta de Datafolha.

Publicados recientemente por Folha de S.Paulo, los datos revelan que el 67% de lxs entrevistados está en contra de la despenalización de la posesión de pequeñas cantidades de cannabis. En la encuesta anterior, realizada en septiembre del año pasado, el 61% estaba en contra del cambio.

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Por otro lado, el 31% apoyó la despenalización de la planta en la encuesta de esta semana. Esto contrasta con el 36% que respondió en 2023 que portar cannabis no debería ser delito.

Las respuestas fueron dadas después de que se informó a lxs entrevistados de que el Supremo Tribunal Federal (STF) está juzgando un caso que podría hacer inconstitucional la criminalización de pequeñas cantidades de cannabis para uso personal.

La encuesta se realizó entre el 19 y el 20 de marzo, y participaron 2.002 personas de 147 municipios de todo Brasil, con un margen de error de +/- dos puntos porcentuales.

La oposición a la despenalización creció más entre los grupos que se inclinaban por una postura liberal en septiembre de 2023. Las cifras muestran que entre lxs jóvenes de 16 a 24 años, la oposición al cambio de política aumentó del 46% al 55%. En el siguiente grupo, de 25 a 34 años, la oposición aumentó del 56% al 65%.

Entre las personas con mayor nivel educativo, el 68% se opone ahora a tipificar como delito la posesión de cannabis para consumo personal, un porcentaje significativamente superior al 53% de la encuesta anterior.

Entre quienes tienen unos ingresos familiares mensuales de entre dos y cinco salarios mínimos brasileros, el rechazo a despenalizar la posesión de cannabis subió del 59% al 71%.

El juicio del STF (Supremo Tribunal Federal) analiza la constitucionalidad de la criminalización de lxs consumidores de drogas, es decir, si es constitucional o no el artículo de la Ley de Drogas (11.343/2006) que criminaliza la posesión de sustancias para uso personal.

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La demanda fue presentada en 2011 por la Defensoría Pública de São Paulo e impugna una decisión de los tribunales de São Paulo, que confirmó la condena de un hombre sorprendido con 3 gramos de marihuana dentro del centro de detención provisional de Diadema (SP).

La Corte ya está 5-3 a favor de la despenalización de la posesión de cannabis para uso personal — aunque la demanda cuestiona el artículo 28 de la Ley 11.343/2006, que criminaliza la posesión para consumo de todas las drogas ilícitas, lxs jueces que votaron a favor llegaron a un consenso de restringir la declaración de inconstitucionalidad al cannabis.

En cuanto a la fijación de una cantidad de cannabis que diferencie al usuario del traficante, el STF ya cuenta con una mayoría de ocho votos a favor de la adopción de la medida (las sugerencias de lxs magistrados oscilan entre los 10 y los 60 gramos).

Paralizado desde agosto del año pasado, el caso en el Tribunal Supremo se reanudó a principios de este mes, cuando otros dos ministros presentaron sus votos en contra de la despenalización del usuario. La sentencia, sin embargo, volvió a ser interrumpida por una petición de nueva vista (más tiempo para el análisis).

Lxs magistrados Gilmar Mendes, Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes y Rosa Weber votaron a favor de la inconstitucionalidad de criminalizar a lxs consumidores de cannabis. Los votos en contra fueron de Cristiano Zanin, André Mendonça y Nunes Marques. Lxs jueces Dias Toffoli, Luiz Fux y Cármen Lúcia aún no han votado.

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Como reacción al fallo del STF, el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presentó en septiembre del año pasado una PEC (Propuesta de Enmienda a la Constitución) para intentar constitucionalizar la criminalización del porte de cualquier cantidad de droga.

La PEC 45/2023 avanza en el Senado y celebró su segunda sesión plenaria de debate el miércoles (20). El texto fue aprobado por la CCJ (Comisión de Constitución y Justicia) de la cámara legislativa la semana pasada y necesita pasar por un total de cinco sesiones de debate antes de la votación en primera vuelta y otras tres en segunda vuelta, antes de la votación final.

Señalada por juristas como inconstitucional por ir contra los principios constitucionales de intimidad y privacidad, la PEC es una respuesta puramente política a la sentencia del Tribunal Supremo.

El texto añade un punto al artículo 5 de la Constitución que establece que “la ley tipificará como delito la tenencia y el porte, cualquiera que sea su cantidad, de estupefacientes y drogas afines sin autorización o en disconformidad con las disposiciones legales o reglamentarias, observando la distinción entre traficante y consumidor en función de las circunstancias de hecho del caso concreto, con penas alternativas a la prisión y tratamiento de adicciones aplicables al consumidor”.

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Aunque diferencia entre tenencia para consumo y tráfico, la PEC no señala ningún criterio para esta distinción. Esta falta de un parámetro para caracterizar la conducta ya se da en la actual Ley de Drogas (11.343/2006), que deja a la subjetividad de policías, fiscales y jueces la definición de quién es consumidor y quién traficante.

La falta de criterios objetivos para diferenciar la posesión para consumo del tráfico es el eje de la discusión del STF y es señalada por lxs magistrados como el principal factor de encarcelamiento de la población negra y pobre por el delito de tráfico de drogas.

Lxs senadores favorables a la aprobación de la PEC sobre drogas ignoran el clamor popular. La consulta pública de e-Ciudadanía, disponible en el portal del Senado Federal, muestra que la mayoría de la población que participó en la encuesta está en contra de la propuesta, con 8.034 votos en contra de la PEC y 7.832 a favor (datos actualizados el 23/3 a las 19:40).

Vía Smoke Buddies, traducido por El Planteo

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