¡Vamos Brasil! Revierten +3.600 Condenas por Posesión de Marihuana

Brasil ha comenzado a sentir, en la práctica, los efectos de la decisión del Tribunal Supremo de despenalizar la posesión de marihuana para uso personal. Un amplio grupo de trabajo coordinado por el CNJ (Consejo Nacional de Justicia) revisó casi 30.000 casos relacionados con pequeñas cantidades de la planta y anuló 3.676 condenas, todas de personas descubiertas con hasta 40 gramos y sin evidencia de tráfico.

Esta cifra representa el 12,4% del total de casos analizados en los últimos ocho años y marca la primera aplicación a gran escala de la nueva interpretación del Tribunal Supremo, que considera consumidor a cualquier persona que posea hasta 40 gramos de marihuana o hasta seis plantas hembra.

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La revisión de estas sentencias se produce tras la decisión del Tribunal Federal Supremo, emitida en julio de 2024, que eliminó la tipificación penal de la posesión de marihuana para consumo personal y ordenó al CNJ la creación de grupos de trabajo para corregir las distorsiones en las condenas dictadas bajo la antigua interpretación de la Ley de Drogas de Brasil.

Además de la cantidad, los tribunales debían observar la ausencia de otras sustancias ilícitas en el momento de la detención y la falta de pruebas que indicaran tráfico. Tal criterio resulta fundamental, ya que el 62,5% de los casos analizados en Brasil fueron condenas por tráfico, incluso cuando la persona portaba cantidades mínimas de marihuana. Asimismo, la mayoría de las revisiones se concentró en tres estados: Santa Catarina, São Paulo y Minas Gerais, que en conjunto representaron el 83% de las absoluciones.

Mucho más allá de la marihuana: Grupo de trabajo revela fallas estructurales

El grupo de trabajo de 2025 fue más allá del cannabis y expuso profundas debilidades en el sistema penal brasileño. La segunda área de enfoque revisó las detenciones preventivas de mujeres embarazadas, madres lactantes y madres de niños de hasta 12 años o responsables de personas con discapacidad. Este tema está respaldado por decisiones de la Corte Suprema desde 2018, cuando la HC 143.641 estableció que estas mujeres debían cumplir sus condenas en arresto domiciliario, salvo en casos excepcionales.

En enero, el ministro Gilmar Mendes reiteró la necesidad de cumplir esta sentencia, afirmando que existía una “resistencia injustificada” por parte de los tribunales locales. Durante el grupo de trabajo, se analizaron 6.948 casos, que resultaron en la liberación de 2.226 mujeres, mientras que otras 2.858 permanecieron en prisión, principalmente por delitos violentos. Cabe destacar que el 21% de los casos solo requirió la actualización de la información de registro; las mujeres ya liberadas seguían registradas como presas, lo que revela graves fallas en los sistemas de información.

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Otra área de enfoque analizó 16.400 detenciones preventivas con una duración superior a un año. En 3.104 de estos casos, la prisión se sustituyó por medidas cautelares como la vigilancia electrónica o el arresto domiciliario. En el 16,1% de los casos, el problema no fue legal, sino burocrático: personas que ya habían sido puestas en libertad o incluso fallecidas seguían figurando como presas en las bases de datos. El grupo de trabajo también dedicó una fase al análisis de los incidentes procesales atrasados ​​en el SEEU (Sistema Unificado de Ejecución Electrónica) y en sistemas informáticos.

De los 86.300 incidentes mapeados, solo el 24,6% se revisó efectivamente; aun así, se concedieron 6.295 incidentes de extinción de la pena, se reconocieron 2.513 prescripciones de ejecución y 1.558 progresiones al régimen semiabierto. Para la coordinadora del programa Haciendo Justicia, Valdirene Daufemback, el gran desafío reside precisamente en los más de 65.000 incidentes sin analizar, muchos de los cuales podrían contribuir a aliviar la carga del sistema penitenciario si se resolvieran.

El informe completo del Grupo de Trabajo de Procedimiento Penal – Sentencia Justa 2025 está disponible aquí.

Vía Smoke Buddies, traducida por El Planteo.