Cambios en el REPROCANN: ¿Avance o Retroceso? Expertos en Cannabis Explican Todo

El Ministerio de Salud de Argentina ha implementado una serie de cambios al Registro del Programa Nacional de Cannabis Medicinal (REPROCANN), formalizados mediante la Resolución 3132/2024. Estas modificaciones han suscitado una gran controversia en la comunidad cannábica, ya que afectan de manera significativa a los cultivadores solidarios, médicos y organizaciones no gubernamentales (ONGs).

El gobierno argumenta que las reformas buscan “recuperar el espíritu original” del programa, priorizando la investigación y la salud de los pacientes. Sin embargo, las voces dentro del sector cannábico se muestran divididas: para algunos, estas regulaciones representan un paso hacia un sistema más ordenado; para otros, significan un retroceso que amenaza el acceso al cannabis medicinal.

Nuevas restricciones a los cultivadores solidarios: una barrera para el acceso

Uno de los cambios al Reprocann más significativos es la limitación a los cultivadores solidarios, quienes ahora solo podrán asistir a un máximo de dos pacientes, incluyendo a ellos mismos. Este punto ha generado una gran controversia, pues el rol de los cultivadores solidarios ha sido fundamental para garantizar que los pacientes que no tienen la capacidad de cultivar por sí mismos puedan acceder a cannabis medicinal de calidad.

Ivana Vigilante, abogada de We Legal (antes Legal Weed), y Mau Lamonica, cultivador en la ONG Flowers and Terps, coinciden en que esta restricción no refleja la realidad de la producción de cannabis. “El límite establecido fue muy bajo”, explica Vigilante. “El cultivo de cannabis es complejo, y se necesita de esta figura intermedia para que los cultivadores colaboren con quienes no tienen la experiencia necesaria”. Lamonica refuerza esta postura, señalando que “18 plantas y dos pacientes muchas veces es poca materia a la hora de hacer aceites o concentrados”, lo que podría reducir la disponibilidad de productos para quienes dependen de los cultivadores solidarios.

Juan Palomino, del Estudio 4 Veinte, también expresa su desacuerdo con esta limitación, calificando la medida de “absurda”. Según el abogado, esta restricción impone una elección injusta para los cultivadores solidarios, como madres que tendrían que decidir a cuál de sus hijos ayudar o amigos que no podrían asistir a todos los que lo necesiten. “Termina siendo casi perverso”, afirma Palomino. Este tipo de limitaciones, añade, están desfasadas y generan complicaciones innecesarias en lugar de facilitar el acceso al cannabis medicinal.

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El rol de las ONGs: nuevos obstáculos burocráticos y limitaciones

Las ONGs han sido actores clave en la promoción y educación sobre el cannabis medicinal en Argentina, y ahora enfrentan nuevos obstáculos. Las organizaciones deberán cumplir con una serie de requisitos adicionales, como la presentación de informes anuales de actividades, la notificación a las autoridades sobre los lugares de cultivo y la obligación de que sus directivos no tengan antecedentes penales relacionados con narcotráfico o cannabis.

Para Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva Argentina, estas nuevas exigencias burocráticas representan un claro retroceso. “Nos suman requisitos y burocracia, cuando nosotras sabemos que es otra manera de ralentizar el sistema (que ya es deficiente) y limitar aún más el acceso a las terapias con cannabis”, explica. Salech también señala la ironía de que el Estado imponga estas limitaciones a las organizaciones que han sido las principales impulsoras de la formación sobre cannabis en el país, mientras que el Estado mismo ha estado rezagado en este aspecto.

Por su parte, Piero Liebman, abogado especializado en cannabis en Liebman & Asociados, señala que la restricción a las asociaciones civiles y fundaciones es uno de los aspectos más regresivos de la nueva normativa. Anteriormente, todos los tipos de ONGs podían acceder al REPROCANN, pero ahora muchas simples asociaciones se verán obligadas a adaptarse a los nuevos requisitos en un plazo de seis meses, lo que será costoso y demorará su regularización. “El proceso de adecuación va a llevar tiempo y recursos a aquellas ONGs que estén en esa situación”, explica Liebman. Este escenario genera una carga adicional para organizaciones que ya operan con recursos limitados y cuya labor es vital para los pacientes que dependen de ellas.

Palomino también subraya que la aplicación de esta normativa es retroactiva, dando a las ONGs y pacientes solo seis meses para adecuarse a los nuevos requisitos, bajo el riesgo de ser dados de baja por el órgano de control. “Esto no respeta el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional, que establece que las resoluciones administrativas no pueden ir en contra del espíritu de la ley”, comenta Palomino. Para él, la Ley 27.350 de cannabis medicinal buscaba justamente eliminar barreras para el acceso al cannabis, mientras que estas nuevas regulaciones “no hacen más que añadir obstáculos”.

Las diplomaturas y la salud pública: un freno para los médicos

Uno de los puntos más debatidos en la Resolución 3132/2024 es la exigencia de que los médicos cuenten con una diplomatura o maestría en cannabis para poder inscribir pacientes en el REPROCANN. Aunque algunos consideran que esta medida podría aumentar la calidad de la atención médica en el ámbito del cannabis, la mayoría de los expertos entrevistados la ve como una barrera innecesaria.

Ivana Vigilante argumenta que los médicos ya poseen la formación y el conocimiento necesarios para discernir si el cannabis es una opción viable para sus pacientes. “No es necesario ser, además de médico clínico matriculado, especializado en la materia para determinar si es recomendable o no para sus pacientes”, señala.

Palomino añade que esta exigencia de diplomatura o maestría resulta “sumamente limitativa”, ya que ni siquiera para recetar opiáceos se requiere una formación tan específica. Palomino subraya que esta medida impone barreras innecesarias y podría restringir el acceso de muchos pacientes al cannabis medicinal. “Esto cambia principalmente la vinculación del paciente con el profesional de la salud, lo que complica aún más el proceso de prescripción y atención”, comenta. Además, Palomino cuestiona que esta regulación vaya en contra de la tendencia global hacia la flexibilización del acceso al cannabis.

El Dr. Nicolás Montemurro refuerza esta postura, advirtiendo que esta nueva exigencia podría limitar drásticamente la cantidad de médicos disponibles para recetar cannabis, lo que a su vez perjudicaría a los pacientes. “El ministerio se quejaba porque son pocos los profesionales que inscriben al REPROCANN, y ahora les suman una restricción: que acrediten una diplomatura”, comenta Montemurro.

Además, Montemurro plantea una preocupación más profunda sobre el impacto en la salud pública. Según él, exigir que los médicos obtengan una diplomatura podría obstaculizar el acceso al cannabis para los pacientes, especialmente aquellos que dependen de ONGs o cultivos solidarios. “Si los médicos no tienen esta formación, se les impide recetar cannabis, dejando a muchos pacientes sin acceso a tratamientos que podrían mejorar su calidad de vida”, advierte.

Antecedentes penales, implicaciones constitucionales y derechos humanos

El debate sobre los antecedentes penales de los directivos de las ONGs también ha generado una gran preocupación. Según los cambios al Reprocann que conlleva la nueva normativa, los directivos de ONGs no podrán tener registro penal relacionado con narcotráfico o cannabis, lo que ha sido considerado por muchos como una violación a los derechos humanos fundamentales.

Liebman se muestra particularmente crítico con esta disposición, calificándola como “lo más regresivo que tiene este articulado”. Para él, la medida penaliza de manera injusta a personas que, en su momento, fueron perseguidas por cultivar cannabis bajo las leyes penales anteriores, y que ahora ven bloqueada la posibilidad de regularizar su situación.

Sin embargo, Liebman aclara que, aunque esta normativa impone un obstáculo adicional, no necesariamente elimina la posibilidad de que quienes tienen antecedentes relacionados con el cannabis se integren a la cadena de valor del sector legal. “Es un obstáculo más que hay que seguir de cerca para sortearlo y poder estar cerca de los más perseguidos”, señala Liebman, enfatizando que la lucha por la inclusión de estas personas en el sistema regulado aún está en marcha.

Además, subraya que esta disposición es “totalmente inconstitucional”, ya que atenta contra el principio de no juzgar dos veces a una persona por el mismo delito. No tiene sentido, dice, que aquellos que fueron penalizados en el pasado por cultivar cannabis no puedan, ahora que el marco legal lo permite, dedicarse a esa misma actividad de manera legítima y dentro de los parámetros establecidos por la ley.

Para Liebman, esta es una grave vulneración de los derechos fundamentales, en especial el derecho a la salud, ya que “no hay derecho a la salud sin acceso al trabajo digno”. Esta restricción, afirma, debe ser reconsiderada urgentemente, ya que afecta a las personas que durante años lucharon en la clandestinidad y que hoy desean contribuir de manera regularizada al sistema legal de cannabis en Argentina.

Un futuro incierto para el cannabis medicinal en Argentina

Los cambios al REPROCANN marcan un antes y un después en el acceso al cannabis medicinal en Argentina. Mientras que el gobierno defiende estas reformas como un paso hacia un sistema más ordenado y controlado, las voces de la comunidad cannábica señalan que las nuevas restricciones podrían tener consecuencias negativas a largo plazo, especialmente para los pacientes más vulnerables.

El Ministerio de Salud ha anunciado que en los próximos días convocará al Consejo Consultivo para trabajar en la implementación de las nuevas regulaciones. Queda por ver si el Ministerio estará dispuesto a ajustar algunas de estas medidas y si las voces de los médicos, ONGs y cultivadores serán tenidas en cuenta en futuras discusiones.

En última instancia, el éxito o fracaso de estas nuevas regulaciones dependerá de cómo se implementen y de si logran equilibrar la necesidad de un sistema más regulado con el imperativo de garantizar que los pacientes tengan acceso a las terapias que necesitan. Aunque algunos dentro de la comunidad cannábica consideran que las reformas podrían traer más orden, muchos temen que las barreras impuestas puedan convertirse en un retroceso significativo para los más vulnerables del sistema.

Imagen de portada hecha con IA

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